Nuestro carácter no se define
por actos aislados, si no por aquello
que elegimos practicar cada día.
Aristóteles.
En la vida pública de la capital se ha vuelto demasiado frecuente una degradación silenciosa pero profunda: la pérdida de respeto por la dignidad de las personas. Quienes sostienen a sus familias con esfuerzo, trabajo y sacrificio son tratados muchas veces no como ciudadanos plenos, sino como instrumentos útiles dentro de engranajes de poder que los utilizan y luego los olvidan.
Ese fenómeno se agrava allí donde la desigualdad, el deterioro institucional y la mala gestión pública dejan de ser excepción para convertirse en costumbre. Cuando faltan oportunidades, educación cívica y condiciones reales de desarrollo, la participación ciudadana se reduce con facilidad a la obediencia, la dependencia o el silencio.
Nada de esto ocurre por accidente. Es el resultado de decisiones políticas, omisiones calculadas y prácticas de poder que durante años han puesto intereses particulares por encima del bien común. Cuando la precariedad se administra en lugar de resolverse, también se fabrica una ciudadanía más vulnerable a la manipulación, al clientelismo y a la resignación.
Por eso ya no basta con lamentarse ni con describir el problema en voz baja. Lo que corresponde es exigir una representación política ética, responsable y genuinamente comprometida con las necesidades de la ciudadanía. La vida pública no puede seguir organizada sobre la humillación de los muchos para la conveniencia de unos pocos.
Esa distancia entre poder y ciudadanía también se delata en la forma en que se comunica la acción pública y se manejan los recursos del Estado. La publicidad puede adornar, distraer o maquillar, pero no sustituye la verdad. Y cuando la propaganda pretende imponerse sobre los hechos, no fortalece al gobierno: lo desenmascara.
En ese terreno, la licitación suele presentarse como una garantía técnica de transparencia, cuando en demasiados casos opera como una fachada. No pocas veces los procesos llegan orientados desde antes de publicarse, favorecen a grandes intereses y encarecen las obras desde su origen. Después vienen las subcontrataciones, los sobrecostos, los préstamos y, al final, la factura que se traslada a un pueblo que no decide, pero siempre paga.
Lo que ha fallado no es la democracia como ideal, sino la captura de sus mecanismos por partidos encerrados en sí mismos, dominados por intereses, lealtades y cálculos que poco tienen que ver con el bien común. Cuando la política deja de servir al pueblo y se dedica a administrarlo en beneficio de minorías organizadas, la democracia no desaparece: se vacía.
Aun así, rectificar sigue siendo posible. Los pueblos también corrigen su rumbo cuando deciden no acostumbrarse al abuso, al engaño ni a la indignidad. Y este pueblo sabe levantarse cuando comprende que la excelencia pública no nace de discursos ocasionales, sino de hábitos de verdad, responsabilidad y coraje cívico.
¡Sí señor!
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