Desde hace años, pero especialmente bajo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), liderado por el presidente Luis Abinader (n. 1967), se han incrementado los crímenes de odio contra personas afrodescendientes y haitianas en nuestro país. Recientemente, ante el caso del asesinato de la niña Stephora Anne-Mircie por parte de sus compañeros del Colegio Leonardo Da Vinci en Santiago, el presidente Abinader ha afirmado que se trata de un caso penoso, pero a la vez ha negado que la República Dominicana sea un país racista.
Esta excusa presentada por el presidente de la República no debe leerse meramente como una señal de ignorancia ante la terrible realidad del racismo estructural en nuestro país, sino además como un síntoma más del modo en que la burguesía criolla se ha beneficiado históricamente de la trata y explotación de los seres humanos que considera solo como “mano de obra”, a la que además ha catalogado desde tiempos inmemoriales como “ilegal”, todo con tal de seguir regocijándose en sus lujos obtenidos a partir de las condiciones de semiesclavitud bajo la cual ha mantenido sometidas a las personas migrantes de origen haitiano.
Es importante recordar que, durante el régimen despótico de Rafael Leónidas Trujillo Molina (1930-1961), fueron estas mismas élites burguesas las que promovieron la entrada indiscriminada de braceros afrodescendientes para suplir los ingenios azucareros que estaban empezando a desarrollar bajo los auspicios del tirano. Desde entonces, las clases dominantes de nuestro país han efectuado la estrategia de aprovecharse de la explotación de esta “mano de obra”, solo para luego deportarlas violentamente ante el más mínimo reclamo laboral, o incluso simplemente para disciplinar y mantener serviles a sus trabajadores y trabajadoras.
Esta excusa presentada por el presidente de la República no debe leerse meramente como una señal de ignorancia ante la terrible realidad del racismo estructural en nuestro país, sino además como un síntoma más del modo en que la burguesía criolla se ha beneficiado históricamente de la trata y explotación de los seres humanos
Ante el creciente descontento y clamor popular tras décadas de mal gobierno, el Estado dominicano ha recurrido una vez más en su historia a la discriminación racial y la persecución agresiva de las personas de ascendencia africana y de origen haitiano. Esto constituye una estrategia más para distraer a la población de todos los problemas sociales, políticos y económicos que atraviesa nuestra nación. Tal como ha revelado el estudio Deportaciones masivas y Estado de excepción en la República Dominicana: Informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas de origen haitiano en la República Dominicana en el marco de las deportaciones masivas (2021-2025), publicado recientemente por el Colectivo Haitianos RD. Bajo el gobierno del presidente Abinader, se han multiplicado ferozmente las agresiones y las violencias contra las personas migrantes y de origen haitiano en la República Dominicana.
Pero no solo eso: además, el Estado dominicano permite abiertamente a grupos civiles, como la Antigua Orden Dominicana, usurpar descaradamente las labores de los agentes de la Dirección General de Migración, en servicio de sus políticas xenófobas, racistas y neotrujillistas. Esta actuación estatal constituye, no solo una gravísima violación de la Constitución Dominicana, sino además una falla moral contundente por parte de nuestras élites gobernantes. Por ende, las repetidas insistencias del presidente Abinader y sus funcionarios, acerca de la supuesta ausencia de racismo en la República Dominicana, deben comprenderse dentro del marco de este racismo de Estado y no como una ingenuidad de su parte.
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