El concepto “trabajo decente” tiene su origen en el informe del director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavia, correspondiente al año 1999.

Se trata de un término con el que englobó las condiciones dignas y equitativas que deben caracterizar el trabajo, sin importar el género, la raza o el país de que se trate. Se trata de empleos seguros, con salarios adecuados, protección social, respeto a los derechos laborales e igualdad de género en el ámbito laboral.

Más adelante, en el año 2015, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el trabajo decente, junto a la creación de empleo, los derechos en el trabajo, la protección y el diálogo social, fueron incorporados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La OIT define el trabajo decente “como una actividad productiva, justamente remunerada, que se ejerce en libertad, en condiciones de equidad y seguridad, y que respeta la dignidad humana”.

Sin duda, la creación de trabajos decentes, fundamental para la justicia social y el desarrollo sostenible, es uno de los principales objetivos  de nuestra gestión al frente del Ministerio de Trabajo.

Más allá de un simple acceso al mercado laboral, el empleo decente abarca elementos esenciales como salarios justos, seguridad en el trabajo, igualdad de oportunidades y acceso a la protección social.

Sin embargo, lograr el empleo decente enfrenta múltiples desafíos, como lo es la precarización laboral, donde los empleos temporales, mal remunerados y sin beneficios son cada vez más comunes. Lamentablemente, se trata de un fenómeno que afecta principalmente a los jóvenes, quienes, a pesar de estar mejor preparados académicamente, encuentran dificultades para acceder a trabajos estables y bien remunerados.

También afecta a las mujeres, que siguen siendo víctimas de discriminación salarial, dificultades para acceder a puestos de liderazgo y una mayor carga de trabajo no remunerado.

Por otro lado, con la economía digital han surgido nuevos desafíos, como es el caso de la proliferación de plataformas para transporte de pasajeros y mercancías, cuyos trabajadores no disfrutan de derechos laborales justos, ya que no son contratados formalmente, ni tienen seguridad social ni estabilidad laboral, por lo que no pueden ser considerados como empleos decentes.

Para generar empleos decentes los gobiernos, las empresas y la sociedad en general deben asumir el compromiso de tomar medidas que conduzcan hacia políticas laborales inclusivas, fortaleciendo leyes que garanticen la igualdad de oportunidades, eliminen la discriminación y promuevan condiciones de trabajo justas.

Cuando hablamos de empleos decentes nos referimos, por ejemplo, a superar la existencia de trabajadores informales y de plataformas digitales.

En fin, el empleo decente no está considerado como un privilegio, sino como un derecho humano fundamental, por lo que se debe apostar a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, con lo que también se fortalece la economía nacional.

Tanto el gobierno como los empresarios y los trabajadores deben trabajar unidos para garantizar  que cada persona tenga acceso a un empleo digno, estable y con derechos garantizados.

Eddy Olivares Ortega

Abogado

Licenciado en Derecho y Postgrado en Derecho Penal, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Maestría en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales, Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), España. Desde el año 2006 Miembro Fue miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE) hasta el 2016.

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