La estabilidad de SeNaSa como aseguradora pública está en juego. Esta crisis financiera, arrastrada por fallas estructurales y decisiones postergadas, no se resuelve con discursos defensivos ni con subsidios temporales. Este artículo propone una hoja de ruta con veinte medidas concretas para detener el deterioro y recuperar la viabilidad de un instrumento clave del derecho a la salud.
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), una de las piedras angulares del sistema de protección social dominicano, atraviesa una crisis profunda que debe ser enfrentada con sentido de Estado, transparencia institucional y apertura al diálogo social. Lo que vive SeNaSa hoy no es una coyuntura pasajera, sino el resultado acumulado de fallas estructurales que amenazan su sostenibilidad y que, si no se abordan con urgencia, podrían desembocar en una quiebra técnica, generar barreras de acceso para los afiliados, incrementar el gasto de bolsillo en salud y provocar la pérdida de confianza de los millones de personas que dependen de esta entidad para garantizar su atención sanitaria.
El primer paso para encarar esta situación es reconocer su gravedad. Las cifras son elocuentes: los estados financieros reportan un déficit acumulado superior a 3,300 millones de pesos, y en 2024 fue necesaria una inyección estatal de 2,100 millones solo para cubrir el déficit operativo del Régimen Subsidiado. Esta dependencia creciente del subsidio público, lejos de garantizar sostenibilidad, compromete la autonomía de la única ARS pública del país.
A ello se suma un modelo de pago por prestaciones en el régimen subsidiado claramente desbalanceado. Aunque se financia con recursos estatales, el 72 % del gasto en salud del Subsidiado se destina a la red privada, evidenciando una creciente tercerización con impactos negativos sobre la red pública de servicios de salud.
Las señales de alarma no son pocas. Las utilidades acumuladas cayeron de RD$2,953 millones en 2023 a RD$947 millones en 2024, y RD$848 millones en enero de 2025. Las reservas técnicas, por su parte, descendieron de RD$8,000 millones en 2020 a RD$6,400 millones en 2024, reflejando un preocupante debilitamiento de la capacidad financiera institucional.
Frente a este panorama, no basta con discursos defensivos ni con subsidios extraordinarios. Tampoco se puede seguir operando bajo la lógica de financiamientos cruzados que postergan decisiones fundamentales. La solución debe pasar por el análisis riguroso de las causas del déficit y la adopción de medidas técnicas, audaces y participativas. El enfoque debe estar centrado en los ciudadanos, en los afiliados, en garantizar el derecho a una salud digna sin comprometer la sostenibilidad de la institución que los protege.
El futuro de SeNaSa exige mucho más que ajustes contables. Requiere una transformación de fondo, construida sobre la base del diálogo abierto, de una estrategia comunicacional honesta que fortalezca la confianza y la fidelización de los afiliados, y de la construcción de un modelo de atención centrado en la eficiencia, la calidad y la equidad.
Por eso, entre las primeras medidas estructurales resulta indispensable la conformación de una mesa técnica de expertos en gestión de riesgos en salud, integrada bajo principios de independencia, autonomía y compromiso con el interés público. Esta instancia no debe limitarse a ser un ente decorativo: su misión es diagnosticar con rigor, proponer soluciones basadas en evidencia y acompañar su implementación de manera efectiva. Es urgente establecer un verdadero espacio de gobernanza técnica, capaz de conducir a SeNaSa hacia una recuperación sostenible. Acudir a especialistas externos que, con mirada objetiva, identifiquen las raíces del déficit es un acto de responsabilidad institucional. Persistir en el autoanálisis justificatorio y postergar las decisiones difíciles no hará más que agravar el problema. La salida no está en remedios superficiales, sino en una intervención profunda que enfrente las causas de fondo.
La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) debe asumir plenamente su papel como supervisora y reguladora de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), sin importar su naturaleza pública o privada. Le corresponde ejercer su autoridad técnica con independencia, autonomía y objetividad, actuando como garante del equilibrio y la sostenibilidad del sistema. Resulta indispensable llevar a cabo una auditoría integral de riesgos que no solo identifique las causas estructurales del gasto, sino que también revele las fallas del modelo de atención que agravan la crisis.
Esta auditoría debe traducirse en un plan concreto de cierre de brechas, respaldado por un cronograma preciso y un sistema de monitoreo permanente bajo la responsabilidad de la SISALRIL. Ha llegado el momento de que el órgano regulador actúe con la seriedad, el rigor y el alcance que demanda la gravedad de esta coyuntura.
Y esa cirugía requiere instrumentos confiables. Por eso, la gestión de SeNaSa debe apoyarse en un sistema robusto de indicadores clave, cuyo seguimiento riguroso permita tomar decisiones informadas, oportunas y basadas en evidencia. Es imprescindible mirar al corazón mismo del funcionamiento financiero y operativo de la institución.
Entre estos indicadores se encuentran la siniestralidad desagregada por régimen y grupos de riesgo, así como la proporción de autorizaciones y gastos que ocurren fuera del catálogo de prestaciones. También es crucial observar la frecuencia de uso de los servicios y la relación entre estudios diagnósticos y consultas, ya que esto permite identificar posibles malas prácticas de sobre indicación médica y exceso de uso, fenómenos que elevan los costos del sistema sin traducirse necesariamente en mejores resultados de salud para los afiliados.
Otro aspecto clave es determinar qué porcentaje del gasto ha sido impactado por la aprobación de tarifas privilegiadas, ya que esto permite dimensionar en qué medida los acuerdos especiales con prestadores privados afectan el balance financiero de la institución. Las desviaciones en la estructura tarifaria pactada muestran si los acuerdos contractuales están siendo respetados o si, por el contrario, se están generando pagos injustificados que podrían derivar en conflictos legales y sobrecostos.
Controlar las tarifas no es solo una cuestión administrativa: es una medida esencial para proteger tanto el presupuesto institucional como el acceso equitativo de los afiliados a los servicios de salud.
Igualmente, resultan fundamentales la medición de los tiempos de auditorías y de pago a los prestadores, las utilidades netas acumuladas, así como el análisis del crecimiento no evaluado de la red de prestadores, que muchas veces se expande sin una evaluación clara de impacto ni de necesidad real.
El nivel de cumplimiento de las auditorías, el porcentaje de glosas, la relación entre gasto administrativo y gasto médico, permiten comprender las dinámicas internas de eficiencia y control. Otros datos críticos incluyen los reingresos hospitalarios por complicaciones, el índice de concentración del consumo por grupos de riesgo (80/20) y la cantidad de autorizaciones duplicadas.
El monitoreo de las entradas y salidas de afiliados ayuda a identificar tendencias migratorias dentro del sistema que pueden afectar la proyección de ingresos. Una pérdida constante de afiliados sanos, por ejemplo, podría incrementar la carga financiera al concentrar casos más complejos. Este indicador también revela la percepción ciudadana de la calidad y utilidad del seguro, y puede anticipar crisis de legitimidad.
Cada uno de estos indicadores es una alerta silenciosa que revela dónde están las fracturas de SeNaSa. Si no se escucha y analiza con rigor, cualquier intento de fortalecimiento institucional corre el riesgo de convertirse en un esfuerzo a ciegas, condenado a repetir errores y a profundizar las grietas que hoy amenazan la sostenibilidad de SeNaSa.
Recuperar a SeNaSa no es solo un asunto financiero. Es, sobre todo, un imperativo ético. Es decidir si como sociedad estamos dispuestos a sostener una institución que nació para garantizar derechos, o si la dejamos hundirse por falta de voluntad política, de planificación técnica y de apertura institucional. El momento de actuar es ahora. El país no puede permitirse perder su seguro público de salud. Seguiremos profundizando en la próxima entrega.
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