Dedicado a Magino Corporán Lorenzo
La imagen pública de los sectores vulnerables en nuestro país no puede seguir siendo la moneda de cambio para el espectáculo asistencialista. Recientemente, el colega psicólogo y amigo Dr. Nicanor Rodríguez Tejada depositó ante el Poder Ejecutivo una propuesta formal para que el presidente Luis Abinader emita un Decreto que regule y prohíba el uso instrumental de la imagen de personas vulnerables en las asistencias sociales públicas y privadas. Queremos adherirnos públicamente a esa petición.
A menudo se justifica la difusión de estas imágenes alegando que los beneficiarios dieron su autorización. Sin embargo, se ignora una realidad fundamental: una persona golpeada por la indigencia, la exclusión o la falta de oportunidades no está, ni jurídica ni psicológicamente, en condiciones de negar su imagen cuando se le ofrece una ayuda urgente. Estamos ante un claro consentimiento viciado, donde la necesidad material vulnera la libertad de elegir de una persona. Al respecto, recomendamos al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo a buscar asesoría de los expertos Dra. Togarma Rodríguez y Dr. Miguel Suazo.
El denominado “porno de la pobreza” alimenta la idea distorsionada de que las personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad son “sujetos de lástima”, en lugar de gozar de ciudadanía con pleno derecho al empleo, la educación y a una infraestructura accesible. Es, además de una falta ética, una regresión conceptual que atenta contra el modelo social de derechos humanos.
Esta práctica viola el espíritu de la Ley No. 5-13 en la república Dominicana y entra en abierta contradicción con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (ratificada por el Estado dominicano). El marco internacional exige el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual y la protección contra injerencias arbitrarias en la vida privada e imagen de la persona. Exponer las carencias físicas o materiales despoja al individuo de su intimidad a cambio de cubrir una necesidad básica que, en primer lugar, es una responsabilidad social y un derecho humano fundamental.
La legislación que nos hemos dado y los tratados internacionales de los que el país es signatario obligan al Estado a garantizar derechos a través de políticas públicas estructuradas. El “porno pobreza” pervierte este principio al convertir un mandato legal en un favor espectacularizado. Este conflicto con la ley y el marco internacional debe ser resuelto.
La inclusión social y el respeto a la condición humana no necesitan de cámaras, aplausos ni lágrimas para ser efectivos; necesitan rampas, empleos dignos, aulas accesibles, fiscalización y el cumplimiento irrestricto de las leyes. Vamos a fortalecer el marco legal dando curso a la petición; estamos ante la urgencia de un decreto ético.
Compartir esta nota