La naturaleza de cualquier especie persigue un imperativo básico: la supervivencia. Esta pulsión biológica desencadena una lucha implacable que, en su expresión más primaria, no mide consecuencias ni distingue entre propios y extraños con tal de asegurar su destino. En el ser humano, este impulso evolutivo trasciende la mera subsistencia biológica y se proyecta hacia lo material y el estatus, intensificándose a través del apego.
En el ámbito laboral, tanto privado como público, este fenómeno se traduce en prácticas nocivas como la descalificación del talento ajeno, el cotilleo institucional y una noción distorsionada de la propiedad. No es extraño que quienes llegan desde la carencia terminen sintiéndose dueños absolutos de los recursos y de los cargos, aplicando una lógica de cerco y exclusión ante cualquier amenaza de relevo o renovación generacional.
Si bien la superación personal y la estabilidad laboral son legítimas, esta mentalidad distorsionada no puede justificar que los puestos públicos se gestionen como feudos privados o cargos vitalicios amparados en falsos tecnicismos. Aquí es donde cristaliza el verdadero problema: la resistencia de los funcionarios a abandonar el poder cuando su ciclo natural termina.
Desde la psicología, el apego nace como un vínculo afectivo primario para garantizar la supervivencia infantil; sin embargo, extrapolarlo patológicamente al ejercicio del Estado destruye la institucionalidad y vulnera el principio democrático de alternancia. Cuando el funcionariado se aferra al puesto de manera obsesiva —ya sea para blindar privilegios, encubrir irregularidades o asegurar prebendas—, se quiebra el espíritu de la Ley de Función Pública, se erosiona la confianza ciudadana y se lastra el desarrollo de la nación.
Ningún instinto de supervivencia individual ni ningún afán de permanencia pueden anteponerse al ordenamiento jurídico. La supervivencia colectiva y el progreso real solo son posibles bajo la premisa de que el Estado nos pertenece a todos, no a quienes temporalmente lo administran.
Contar con un empleo digno es un derecho ciudadano fundamental, pero quien ostenta un puesto protegido por la carrera administrativa no debe utilizar su influencia para bloquear a otros ni pretender la perpetuidad. La institucionalidad como garante del patrimonio público no es una abstracción legal, sino una responsabilidad ética que incumbe de manera directa a cada ciudadano.
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