Iniciamos un nuevo año con la oportunidad histórica de corregir una de las principales debilidades en el modelo de desarrollo nacional: la aplicación de políticas públicas uniformes sobre un territorio profundamente diverso. La aprobación de la Ley No. 345-22 de Regiones Únicas de Planificación representa mucho más que una reorganización administrativa, constituye una base estratégica para transformar la manera en que el país piensa y planifica su futuro.
Durante décadas, el Estado dominicano ha formulado políticas económicas y sociales bajo un enfoque centralizado y homogéneo, asumiendo que las mismas soluciones pueden aplicarse por igual en el Gran Santo Domingo, el Cibao, el Sur profundo o en la zona fronteriza. Este enfoque ha contribuido en profundizar las brechas territoriales, concentrando oportunidades, inversiones y servicios en determinados espacios, mientras otros lugares permanecen rezagados
Planificar el desarrollo desde las regiones implica reconocer que cada espacio del país cuenta con vocaciones productivas, capacidades humanas, desafíos sociales y condiciones ambientales propias. No es lo mismo diseñar políticas para un territorio de vocación turística, que para una zona agroindustrial, fronteriza o urbana. La Ley No. 345-22 ofrece el marco para que las políticas públicas sean integrales en un espacio regional especifico, alineando las propuestas sectoriales a soluciones que impacten la calidad de vida y el bienestar en cada rincón del territorio.
Este enfoque contribuye en mejorar la calidad del gasto público, orientar la inversión, fortalecer la coordinación entre instituciones y articular la propuesta nacional con los planes diseñados a nivel local. También abre la puerta a una gobernanza territorial más participativa, donde los actores regionales inciden de forma real en las decisiones que afectan su desarrollo.
El desafío ahora es colectivo. El Gobierno debe liderar la implementación efectiva de este marco legal, integrando el enfoque regional en la planificación, el presupuesto y la inversión pública. El sector empresarial está llamado a identificar oportunidades de inversión alineadas con las vocaciones regionales y a comprometerse con un desarrollo más equilibrado. La sociedad civil y la academia deben asumir un rol activo en la construcción de visiones regionales y en la vigilancia de su cumplimiento.
Aprovechar esta oportunidad exige voluntad política, coordinación y corresponsabilidad. Apostar por un desarrollo planificado desde la región es apostar por una República Dominicana más equitativa, competitiva y sostenible, donde el territorio deje de ser una limitación y se convierta en una verdadera ventaja estratégica para el país.
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