Los sucesivos casos de funcionarios públicos relacionados con casos de narcotráfico, a lo largo de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD y de la presente gestión del Partido Revolucionario Moderno, PRM es uno de los efectos de las profundas inequidades del sistema político dominicano.
Los enormes costos de las campañas electorales sumados a las amplias zonas de oportunidad que provee la actual legislación, para el ingreso de recursos a los partidos políticos y a sus candidaturas, por fuera del radar de la normativa vigente, están propiciando que sólo los que tienen más recursos económicos sean los candidatos y candidatas.
Este escenario es la receta perfecta para que se produzcan, lo que instituciones como Oxfam International han nombrado como la captura de las democracias, por parte de sectores económicos poderosos lícitos e ilícitos y con ello secuestrando, tanto la agenda social y económico del resto de los sectores de la sociedad, así como un derecho político clave de la democracia, como es el derecho a elegir y ser elegido.
Es por todo lo anterior, que resultan oportunas las declaraciones del presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en las que reconoce la necesidad de fortalecer la institucionalidad política con un conjunto de iniciativas, entre las cuales está la modificación de la ley 155-17 de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo para convertir en sujetos obligados a los Partidos Políticos.
En adición a lo anterior, tanto los partidos como la Junta Central Electoral deben tomar medidas adicionales para elevar los niveles de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones políticas, así como, para elevar la calidad del gasto de dichas organizaciones. Ya Participación Ciudadana lo ha señalado en sus diferentes informes de observación electoral, y es que es imposible generar el dato de cuanto han gastado los partidos políticos y sus candidaturas en los diferentes certámenes electorales, por los altos niveles de opacidad de la normativa vigente.
Estamos ante la gran oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la democracia y del sistema de partidos. Sin dudas, los casos de funcionarios electos vinculados al narcotráfico es parte del proceso de deslegitimación de los partidos políticos y del crecimiento de la abstención electoral. Es por esto que una mayor rigurosidad en el monitoreo de los recursos, así como una normativa que disminuya los costos de la campaña electoral contribuirá a que los mejores candidatos y candidatas de los partidos políticos, independiente de la cantidad de dinero que posean, tengan la oportunidad real de una candidatura a cualquier puesto de elección popular.
La calidad de la representación expresada en normativas y políticas públicas que contribuyan a la solución de los problemas estructurales, generando una mayor inclusión y progreso para la sociedad dominicana depende de la existencia de partidos políticos que sean mucho más que meras maquinarias electorales. Estos deben trabajar por la formación cívica de la ciudadanía y generar dialogo y propuestas para los sectores a los que dice representar.
Sin dudas, tanto la Junta Central Electoral, los partidos políticos, grandes y pequeños, acompañados por la sociedad civil, cuentan con los tiempos políticos adecuados para generar los cambios necesarios, para que, en el próximo certamen electoral del año 2028 el pueblo dominicano tenga tengan los mejores candidatos y candidatas, lo que contribuirá al fortalecimiento de la democracia.
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