Mientras sectores empresariales vuelven a promover "simplificación", "digitalización" y "disciplina fiscal" como respuesta a la crisis tributaria dominicana, el debate de fondo continúa desplazado: la estructura regresiva del sistema, los privilegios fiscales acumulados durante décadas y el incumplimiento del mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo sobre un verdadero pacto fiscal integral.
Las recientes declaraciones del presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, respaldando una reforma fiscal basada en "simplificación", "digitalización", "cumplimiento voluntario" y "eliminación de impuestos obsoletos", vuelven a colocar sobre la mesa una discusión que importantes sectores corporativos y empresariales del país llevan más de una década postergando: ¿qué tipo de reforma fiscal necesita realmente la República Dominicana?
El problema no radica en oponerse a la modernización administrativa o tecnológica. Todo sistema tributario moderno requiere interoperabilidad institucional, facturación electrónica e inteligencia fiscal. El problema comienza cuando esas medidas son presentadas como sustituto del debate estructural que el país debió iniciar hace años.
La propia Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END 2030) estableció en su artículo 36 el mandato de diseñar e implementar un pacto fiscal integral orientado a garantizar sostenibilidad financiera, cohesión social, transparencia y capacidad redistributiva del Estado. Sin embargo, más de trece años después de promulgada la END 2030, ese pacto sigue sin materializarse plenamente.
Y no se trata de una omisión accidental.
Entre 2013 y 2015, y también en años posteriores, importantes organizaciones empresariales expresaron resistencia activa a que se abordara un pacto fiscal integral en los términos planteados originalmente por la END 2030. El debate fue desplazado hacia eficiencia administrativa, control del gasto y ampliación de la base tributaria, evitando discutir el núcleo estructural de las exenciones, exoneraciones y privilegios fiscales acumulados durante décadas.
Las declaraciones recientes de AIRD son una expresión contemporánea de esa misma orientación: promover reformas administrativas sin abordar las raíces estructurales de la baja presión fiscal dominicana.
Precisamente ahí radica uno de los principales contrastes con el documento Hacia un pacto fiscal integral en República Dominicana, auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert y elaborado por quien esto suscribe.
El estudio sostiene que la fiscalidad dominicana enfrenta una "doble falencia": ingresos insuficientes sostenidos sobre una estructura tributaria regresiva y un gasto público de baja calidad. Además, identifica como "nudos estructurales" de la madeja fiscal dominicana las exenciones, el gasto tributario, la evasión y la elusión, señalando que muchos de esos privilegios han beneficiado durante décadas a sectores específicos del gran capital corporativo.
La diferencia entre ambos enfoques no es meramente técnica; es profundamente política.
Mientras AIRD enfatiza competitividad, formalización y simplificación, el documento plantea que el problema fiscal dominicano no puede reducirse a eficiencia administrativa sin discutir simultáneamente la estructura distributiva del sistema tributario.
Porque el sistema fiscal dominicano continúa descansando excesivamente sobre impuestos indirectos al consumo, especialmente el ITBIS, trasladando proporcionalmente una mayor carga a los sectores de menores ingresos. Esa es precisamente la lógica de un sistema tributario regresivo.
En términos simples, un tributo regresivo obliga a quienes menos ingresos poseen a destinar proporcionalmente más recursos al pago de impuestos que quienes concentran mayor riqueza. Mientras tanto, la tributación patrimonial, inmobiliaria y sobre grandes acumulaciones de capital continúa siendo relativamente débil en República Dominicana.
El documento auspiciado por Friedrich Ebert sostiene precisamente que ahí reside una parte importante del problema estructural: la coexistencia entre baja capacidad redistributiva, exenciones prolongadas y creciente dependencia del endeudamiento.
Y las cifras incluidas en el estudio resultan particularmente reveladoras. Según el documento, en el año 2024 el espacio fiscal potencial asociado a evasión y gasto tributario alcanzaría aproximadamente RD$789 mil millones, de los cuales alrededor de RD$145 mil millones corresponderían a privilegios fiscales empresariales. Esa magnitud permite dimensionar el verdadero núcleo del conflicto fiscal dominicano.
Porque cuando desde ciertos sectores se plantea que el problema fiscal debe resolverse únicamente mediante digitalización, eficiencia, formalización y disciplina del gasto, sin abordar simultáneamente exenciones prolongadas, baja tributación patrimonial y concentración regresiva del esfuerzo tributario sobre el consumo, lo que en realidad se consolida es una administración permanente de la postergación del problema fiscal estructural.
No es casual que el documento critique explícitamente la "cultura de parches tributarios". Durante décadas, República Dominicana ha transitado entre ajustes parciales y modernizaciones administrativas mientras el núcleo estructural de la fiscalidad permanece prácticamente intacto.
¿Y quién absorbe el costo de esa postergación?
Lo absorbe una población crecientemente fragmentada frente a la estructura real del sistema tributario. Lo absorben hogares que pagan impuestos indirectos diariamente mientras reciben servicios públicos insuficientes. Lo absorben sectores medios endeudados para suplir privadamente salud, educación, transporte y seguridad. Lo absorben territorios históricamente rezagados donde la inversión pública continúa siendo insuficiente.
La paradoja es que muchos de los grupos empresariales que más promueven la "disciplina fiscal" son simultáneamente beneficiarios históricos de amplios esquemas de incentivos, exenciones y renuncias tributarias.
Por eso el debate fiscal dominicano no puede reducirse únicamente a eficiencia administrativa. La eficiencia importa, pero no sustituye la discusión sobre equidad.
Digitalizar un sistema regresivo no lo convierte en justo. Simplificarlo tampoco elimina sus asimetrías distributivas.
El verdadero desafío consiste en construir un pacto fiscal integral que articule simultáneamente eficiencia, progresividad, legitimidad, transparencia y redistribución efectiva. Eso implica discutir con responsabilidad temas que durante años han sido desplazados del centro del debate: exenciones, gasto tributario, tributación patrimonial, evasión, elusión, calidad del gasto y endeudamiento estructural.
El país necesita modernización y digitalización, sí. Pero también necesita dejar de confundir la administración de los síntomas con la solución de las causas.
Porque los problemas fiscales estructurales no desaparecen bajo el lenguaje técnico de la eficiencia. Se redistribuyen socialmente en forma de desigualdad, endeudamiento, fragilidad institucional y deterioro de las condiciones de vida de quienes menos capacidad tienen para soportar el costo de esa postergación.
Compartir esta nota