La salud mental continúa siendo la Cenicienta del sistema de salud pública… y sin un Príncipe que pueda venir a rescatarla. Desde el confinamiento del 2020, las advertencias sobre una “nueva pandemia”, ahora de trastornos mentales y conductuales, han rodado por los medios de comunicación de todo el mundo.
En estos cinco años, los nuevos diagnósticos de personas con padecimientos psiquiátricos y psicológicos, así como la cronificación de quienes ya estaban diagnosticados, no han dado tregua.
Cada semana la prensa destaca la situación: ya sea sobre la urgencia de atender la salud mental o sobre la diversidad de trastornos que crecen sin freno.
Desde el gobierno, distintos funcionarios han reconocido el problema y repiten la necesidad de priorizar el tema; sin embargo, el apoyo moral no se traduce en apoyo económico.
La salud mental no logra entrar al presupuesto nacional: los fondos públicos apenas alcanzan para cubrir salarios, y la seguridad social sigue dejando este renglón pendiente.
La atención psicológica y psiquiátrica sigue fuera del alcance de la mayoría, mientras el presupuesto nacional ignora su urgencia
El panorama es poco alentador, a pesar de décadas de advertencias y el llamado insistente de organismos internacionales —como la OMS y la OPS— de que “no hay salud ni bienestar sin salud mental”. El Plan Básico de Servicios de Salud no cubre la Atención psicológica ni psiquiátrica: ni las consultas, ni los medicamentos, ni la hospitalización en casos de crisis.
Las familias, obligadas a costear de bolsillo el tratamiento de sus parientes, ven afectado su presupuesto doméstico o, sencillamente, abandonan la medicación para priorizar la comida.
En 1978, los ministros de salud del mundo se reunieron en Alma-Ata (en la entonces Unión Soviética) y declararon la atención primaria en salud como prioridad preservar el bienestar de la población, apostando a la educación, la promoción y la prevención.
La República Dominicana estuvo representada por el doctor José Rodríguez Soldevila, entonces recién designado Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. A su regreso, incorporó esa estrategia en su estrenada gestión: entrenó supervisores y promotores de salud; se iniciaron campañas publicitarias en radio y televisión con pequeños mensajes educativos sobre alimentación, lactancia materna, aseo de las manos, manejo del agua almacenada… como el recordado eslogan “Cloro untao y tanque tapao”, aún presente en la memoria colectiva.
En 1979 se integraron los primeros psicólogos sociales y comunitarios a la División de Salud Mental de la SESPAS, hoy Ministerio, y se instalaron los centros comunitarios de Salud mental en distintos barrios de Santo Domingo y Santiago.
Desde esos espacios las comunidades recibían orientación sobre crianza saludable, manejo de la ansiedad y la depresión, comunicación no violenta, resolución de conflictos, así como evaluaciones diagnósticas y referencias al segundo nivel de atención. Esto continuó desarrollándose.
En la gestión del doctor Amiro Pérez Mera, quien fue Secretario de Salud Pública entre 1982 y 1986. Sin embargo, el siguiente cambio de gobierno decidió cerrar muchos de esos centros. Las comunidades donde habían tenido un impacto positivo resistieron y varios llegaron a mantenerse por años gracias a la demanda local.
Resulta incomprensible que, en una gestión en que se logró cerrar el antiguo manicomio, y transformarlo en un centro de rehabilitación psicosocial más digno para los pacientes también optarán por eliminar los centros comunitarios que acercaban la salud mental a la gente. Lo más preocupante fue que el nuevo modelo de atención no incluyera a los psicólogos en el primer nivel.
Como expresó su titular en aquel momento, “no hemos pensado en los psicólogos para la atención primaria”. Así, las Unidades de Atención Primaria funcionan en gran medida sin psicólogos —con muy pocas excepciones—, lo que limita el desarrollo de programas de prevención y atención temprana.
La población sufre por problemas de salud física y mental y siente que las soluciones están demasiado lejos. Una cita en un hospital público puede tomar hasta cuatro meses; la cita de seguimiento, otros dos meses.
La frustración ante estas barreras aumenta la agresividad y la violencia, reforzando un círculo vicioso difícil de romper cada vez es más frecuente escuchar que muchas enfermedades físicas están vinculadas al estrés crónico y la ansiedad no tratada, que debilitan el organismo y derivan en padecimientos psicosomáticos.
Iniciar la atención primaria con intervenciones psicológicas podrían mejorar el bienestar mental y, al mismo tiempo, reducir problemas físicos… y hacerlo a menor costo.
El Estado debería facilitar que la población se sienta más acompañada y reciba los servicios cerca de sus comunidades. Si las sociedades médicas, el Colegio Médico y los centros clínicos no priorizan esta necesidad; el país cuenta con brigadas de psicólogos comunitarios, sociales, clínicos y de la salud que están listos para contribuir.
Solo falta que las autoridades tomen la decisión y asignen los recursos en el presupuesto nacional.
Compartir esta nota