Otra vez un presupuesto sin prioridades

Llega el fin de año y se nos presenta un presupuesto nacional otra vez sin prioridades y muy parecido al de años anteriores. Además, su anuncio coincide con la declaración del Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) que solicita reformas en el sector eléctrico y tributario.

La falta de prioridades en el presupuesto está determinada por cuatro factores:

1.  Los enormes subsidios que aparecen en el mismo incluyen la electricidad que se vende por debajo de su costo y, además, una tercera parte de la población la consume y no la paga. Otro gran subsidio es el de los combustibles, cuyo precio de venta no cubre costos, a pesar de la fuerte disminución en el precio internacional del petróleo. Un tercer subsidio está representado por una variedad de tarjetas de débito para supuestamente ayudar a los pobres. Lo correcto sería solo otorgar esas tarjetas a personas que se comprometan, por ejemplo, a mandar a sus hijos a la escuela. Estas tarjetas fueron creadas en medio de la pandemia del COVID y tenía mucho sentido hacerlo, pues la gente no podía salir de sus casas. Pero hoy día no tienen una gran razón de ser y, además, estimula el no tener que buscar empleo.
2.  Un segundo factor en la debilidad del presupuesto es que alrededor del 20% de lo recaudado por impuestos tiene que aplicarse al pago de intereses de nuestra deuda interna y externa.
3.  Un tercer factor es que la recaudación de impuestos como porcentaje del tamaño de nuestra economía es de las más bajas de América Latina y no existe voluntad política para aumentarla a través de una reforma tributaria.
4.  Un cuarto factor es que la cantidad de empleados públicos aumenta, a pesar de la disminución en el costo de las computadoras, lo que debería reducirla, a través de la mecanización, como también la reciente unificación de ministerios.

Todo esto lo hace un gobierno cuyo presidente no busca la reelección, pero para ayudar a que su partido gane elecciones.

El resultado es un bajísimo nivel de inversión pública, lo que afecta la capacidad de dar servicios en el área de la educación y la salud, entre otros. Dada esta situación, nuestro gobierno opta por endeudarse en el extranjero hasta para cubrir gastos corrientes, lo cual es una herejía financiera.

Tanto los técnicos como el Consejo Directivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) la semana pasada declararon que era necesaria tanto la reforma tributaria como una reforma estructural en el sector eléctrico. La economía crece a pesar del bajo nivel de inversión pública, debido al elevado nivel de inversión privada tanto nacional como extranjera, pero la inversión privada no puede resolver problemas en áreas como la educación y la salud, ni aportar la infraestructura que el país necesita.

Por otro lado, es cuestión de tiempo hasta que se destape un escándalo por corrupción y lavado de dinero entre algunas de nuestras cooperativas. Muchas fueron fundadas en los años cuarenta por grupos religiosos y se mantienen sanas y productivas, pero en los últimos tiempos políticos han creado nuevas cooperativas donde, según tanto el gobierno norteamericano como el FMI, hay corrupción. Se han preparado varios proyectos de ley poniéndolas bajo el control de la Superintendencia de Bancos, que se han originado algunos en la Junta Monetaria y otros en el propio Palacio Nacional, pero al llegar al Congreso nuestros legisladores los bloquean.

Y es que parte de los elevados recursos que provienen de la corrupción y la droga se están ocultando en algunas cooperativas, incluyendo dinero proveniente de las altas ganancias en las loterías privadas, muchas de las cuales pertenecen a legisladores dominicanos.