El adelgazamiento del Estado es un mantra neoliberal. Para hacerlo cumplir uno de sus caros objetivos es la privatizacion de algunas propiedades estatales. Pero hay otras razones que pueden justificar la venta de activos estatales. Una de ellas puede ser la amortización de deuda pública con el producto de las ventas. El Banreservas, los activos eléctricos y los hoteles estatales serían buenos prospectos.
El caso del Banreservas es uno de los mejores. Pionero de la banca dominicana, Trujillo lo creo en 1941 cuando entonces solo había 13 oficinas bancarias en el país pertenecientes a bancos extranjeros. Según su decreto de creación, este “estaría destinado a sostener el edificio futuro de la independencia dominicana y la seguridad económica y lograr la organización de la economía dominicana.” Hoy día esa declaratoria de mision es obsoleta, especialmente porque, aunque se estima que cubre el 50% del mercado bancario (con utilidades netas de RD$22,025 millones en el 2022), los restantes bancos comerciales logran ese objetivo.
En una economía de mercado no es mision del Estado operar empresas. Solo circunstancias especiales justificarían eso, por ejemplo: 1) cuando el capital privado no ve condiciones y la actividad es demasiado riesgosa, y 2) cuando no existe capacidad nacional para operar privadamente. Pero el mismo Fondo Monetario Internacional no favorece la existencia de bancos estatales por el dañino papel que juegan en el debilitamiento de la disciplina fiscal.
La otra poderosa razón para vender el Banreservas es su malsana complicidad con la clase política. Con ella propicia el clientelismo y, en la plantilla de su personal, el nepotismo. Tradicionalmente la entidad ha favorecido con su actividad crediticia a los vinculados con el poder político y absorbido moras inaceptables de los prestatarios. Un ejemplo preclaro de distorsión es el enorme Consejo de Administración de 15 miembros y sus jugosas compensaciones. Prescindir del Banreservas equivaldría a un positivo salto de garrocha del sistema democrático.
Sobre los activos estatales del sistema eléctrico penden objeciones similares. La mas patentemente errada es aquella que justifica la propiedad estatal, en recuerdo de estribillos izquierdistas del pasado, porque se reputa como “estratégica”. Se alega que el servicio de electricidad debe permanecer en manos del Estado porque este garantiza su idoneidad. Pero basta con mencionar que en la época postrujillista los apagones y los subsidios al sector eléctrico han desmentido la conveniencia de la propiedad estatal. Hoy día los países con dictaduras (Cuba, Venezuela, Corea del Norte) son los que mantienen un total control de sus sistemas eléctricos.
Los activos eléctricos estatales que pudieran ser vendidos están casi todos en la generación y la comercialización. En materia de producción se destaca la propiedad del 62% de las acciones de EGE-Haina, el mayor generador de electricidad. Tambien están las dos ITABOS, la Planta de Catalina y las hidroeléctricas (EGEHid) donde la propiedad es enteramente estatal. En cuanto a la comercialización es de larga data la deseabilidad de que las EDES sean privatizadas (dada las enormes perdidas de sus operaciones). Respecto a las líneas de transmisión de EGETED todo es practicamente estatal o municipal, con excepción de las de CEPM en el este. Pero con una gobierno fuerte y eficiente no hay razón para temer su privatización.
Se puede alegar que la parte estatal de la generación es rentable y que, por tanto, no hay necesidad de privatizarla. Pero habría que comparar las ganancias que reporta la rentabilidad contra lo que supone la carga de la amortización y los intereses que se pagan por la deuda pública (que con lo devengado de la venta se podría rebajar o eliminar). En materia de funcionamiento de nuestra economía de mercado, conviene la eliminación de oligopolios en el sistema energético.
Por su lado, el mayor absurdo de lo aquí reseñado es el de la propiedad de 19 hoteles estatales. La prensa ha reportado numerosas veces los magros beneficios que estos representan para el Estado y se ha criticado acerbamente que su administración sea otorgada como canonjía política. El argumento que debe primar, sin embargo, es que el Estado no está para poseer u operar hoteles, especialmente en un pais donde hay unos 800 de propiedad privada. Como en el caso de las empresas de CORDE y del CEA, esos hoteles son hoy día un anacronismo que se perpetua por conveniencias de la clase política.
Aquí se recomienda la venta de los activos estatales reseñados con el propósito principal de disminuir la deuda externa específicamente, en tanto su servicio (amortización e intereses) ya representa un 26% de todas las recaudaciones fiscales, una onerosa carga para las finanzas públicas. Las estadísticas de la Direccion General de Crédito Público sugieren el pretendido impacto. “Al 29 de febrero del 2024, el saldo de la deuda externa e interna del sector público no financiero (SPNF) totalizó US$55,201.1 millones, representando el 44.9% del Producto Interno Bruto (PIB).” “El saldo de deuda del SPNF, está compuesto en un 70.7% por deuda externa, la cual presentó un saldo insoluto de US$39,038.5 millones; mientras que el 29.3% restante corresponde a deuda interna, que totalizó RD$946,052.1 millones, equivalentes a US$16,162.6 millones, a la tasa de cambio de RD$/US$=58.5334.”
La metodología para evaluar el valor de los activos estatales reseñados debe exudar transparencia y racionalidad. Una posibilidad sería la adopción del modelo de la comisión que se creo para la venta de los activos de CORDE, la cual se distinguió por tener al frente a un equipo dirigencial idóneo (Isa Conde, Gustavo Montalvo, Marino Zapete). El complemento consistiría en contratar tres tasaciones internacionales para cada activo y fijar su precio de primera puja –en una subasta pública– en el promedio del valor que las tasaciones arrojen. Tambien habría que determinar la manera de evitar distorsiones del mercado. Por ejemplo, el Banreservas podría descomponerse en tres bancos regionales y, tanto en su caso como en el de los activos del sistema eléctrico, evitar los oligopolios prefiriendo a compradores extranjeros.
De ahí que las ventas propuestas podrían significar hasta un 50% de reducción de la deuda externa, contribuyendo así a aminorar el déficit fiscal. Alternativamente, podrían evitar o disminuir la “loca” carrera de endeudamiento. El otro noble propósito de la recomendación es descargar a la clase política de instrumentos que enturbian y desvirtúan su mision redentora y desarrollista. Las canonjías y privilegios que los activos estatales citados permiten aúpan el clientelismo y generan nepotismo.
De manera que la propuesta de las ventas reseñadas no representa un adelgazamiento del Estado para quitarle funciones propias y entregarlas al sector privado. Es un redimensionamiento del aparato estatal que responde a necesidades reales y prácticas. Las ventas no crearían un vacío estatal y, en consecuencia, no representarían una oquedad neoliberal. Por el contrario, de materializarse estas ventas representarían un salto cualitativo importante para nuestro desarrollo y nuestra institucionalidad.