Algunos funcionarios están hundiendo al gobierno del cambio en el fango del descredito. Con sus inconductas ensombrecen el brillante desempeño del presidente Abinader, a quien muchos le reconocemos excelentes intenciones. Son cosas bochornosas como el colosal derroche de recursos gastados por el ministerio de Obras Públicas en una apabullante publicidad. Pero la aparente calamidad del sistema eléctrico se corona como lo más escandaloso por sus enormes costos. Con ella se reitera la evidencia de que su manejo político está detrás de su desgracia.
A 14 meses del gobierno del cambio se han presentado situaciones del sistema que han defraudado las expectativas. Se reporta en la prensa y comentaristas autorizados confirman que 1) las perdidas de las EDES han brincado a niveles alarmantes, 2) la imprevisión de la gerencia de Punta Catalina en la compra de carbón ha costado decenas de millones de dólares, 3) se ha aumentado asombrosamente el personal de las EDES, y 4) los salarios asignados a sus directivos rivalizan con los astronómicos homólogos del Banco Central. La población tambien ha pegado el grito al cielo ante un anuncio de revisión de la tarifa eléctrica y por la reaparición esporádica de los apagones.
Además, se rumora que una gerencia atomizada del sector estatal ha impedido que el ministerio de Energía y Minas imponga su autoridad sobre las EDES. Mientras, al ministerio se le critica por no obrar legalmente para eliminar la CDEEE y de traspasar ilegalmente a las EDES 38 contratos con generadores privados a la EDES. Se alega que con estas acciones se viola la Ley 125-01 General de Electricidad, la cual crea la CDEEE como entidad estatal y establece el requisito de licitaciones para la compra de electricidad por parte de las EDES.
Al cuadro anterior se añade la posibilidad anunciada –aunque posteriormente retirada—de vender algunos de los activos eléctricos estatales para fortalecer las finanzas públicas. Desde el gobierno anterior se ha estado bailoteando la venta de Punta Catalina, pero parece existir un consenso de que tal venta no procede ahora. Esa central ha inducido cambios entre los generadores privados que favorecen el uso del gas –el combustible de transición previo a la prevalencia de las renovables– y que han reducido el costo del kvh en el mercado spot. Se informa que los beneficios netos de la operación de la planta alcanzarían los US$200-250 millones anualmente y esa información ha parado la expectativa de venta.
Lo que supuestamente se ha planeado vender son las hidroeléctricas EGEHID) y hasta las líneas de transmisión (EGETED), ambos activos pertenecientes enteramente al estado. Tambien en ocasiones anteriores se ha mencionado la posibilidad de vender la propiedad estatal en EGE-Haina y EGE-Itabo, dos plantas de generación donde el estado posee un 61% y un 50% de las acciones respectivamente. Sin embargo, múltiples voces se han opuesto a la privatización de estos activos citando los ingresos en dólares que le producen al estado (unos US$1,000 millones al año). De ahí que el presidente del Gabinete Eléctrico, el ministro de la Presidencia haya negado rotundamente que el gobierno se propone vender a EGEHID.
La oposición a las posibles ventas mencionadas se basa en artilugios conceptuales sin fundamento. En primer lugar, citar los US$200-250 millones de rendimiento anual de Punta Catalina y los mil millones de los demás activos seria una absurda justificación. Si bien US$1,250 millones de ingresos para el fisco es una suma importante, los opositores alegan erróneamente que esa es una “rentabilidad” apreciable. No atinan a calcular que la “rentabilidad” debe medirse en relación con el valor invertido en los activos que la producen y que esa relación seria la tasa de retorno a la inversion. (Igual estropicio se comete respecto a los RD$12,000 millones de utilidad neta del Banreservas en 2021.) Tal vez porque nunca se han tasado los activos, nadie compara la tasa de retorno de esos activos electricos con las prevalecientes en otros sectores de la economía.
La segunda objeción a las ventas es el desfasado argumento de que la “enajenación del patrimonio estatal” debe ser anatema. Es un argumento de izquierdistas e ilusos que suenan con un manejo centralizado de la economía, siendo ese tipo de manejo en gran medida el culpable del subdesarrollo. Se enarbola una defensa a ultranza de ese patrimonio público como un sacrosanto activo que no es dilapidado o canibalizado por los voraces pulpos de la clase política. Y para colmo se hace caso omiso a la amarga realidad de que ha sido el manejo dispendioso e inepto de la clase política lo que ha mantenido al sistema eléctrico en ascuas por décadas, hundiendo a una parte de la población castigada por los odiosos apagones.
Ha surgido, por otro lado, una oposición a las ventas de activos estatales que simplemente cita el hecho de que los activos “rentables” están contribuyendo a fortalecer las finanzas públicas. Las EGE-Haina y EGE-Itabo están siendo manejadas idóneamente por los socios privados y EGEHID, aunque manejada por el estado, siempre tiene un rendimiento positivo (entre US$100 y US$170 millones anuales dependiendo de las lluvias). Aunque tal posición es mas razonable que las citadas anteriormente, tambien esta adolece de un análisis costo-beneficio acertado y no representa un argumento sólido como para que el estado tenga que retener su propiedad.
Al final, y dado la carencia de un análisis económico pertinente, la decisión sobre las posibles ventas de activos eléctricos estatales será aquella que despierte la menor oposición. Es decir, será una decisión política y no técnica. Resonando con una retórica hueca reminiscente de la politiquería, el mismo Director de Presupuesto reculó y, después de anunciar la intención de vender a EGEHID, rectificó diciendo que “la misma ley y los reglamentos impiden que se puedan vender estos bienes estratégicos del Estado”. Citó el hecho de que el Presupuesto General del Estado para el 2022 no contempla ingresos por ese motivo.
Seguimos entonces empantanados por la oprobiosa maldición política que arropa al sistema eléctrico. La venta o no de activos eléctricos estatales es, de cualquier modo, solo una parte de una posible estrategia para rescatar el sistema y ponerlo al servicio efectivo del desarrollo. A juicio de quien escribe, esa parte debe consistir en la venta de las EDES porque eso resolvería tres de los grandes problemas relacionados al sistema eléctrico: 1) eventual eliminación del subsidio eléctrico, 2) manejo eficiente de las distribuidoras, lo cual conlleva la reducción de perdidas, 3) inversion de capitales para lograr la disminucion de las perdidas, y 4) destierro de la política en la distribución de energía. Con tales logros podemos dilatar la privatización total de los demás activos y hacer que los criterios técnicos prevalezcan en su manejo y eventual destino.
Esta propuesta venta, por supuesto, presenta dos graves problemas que habría que solucionar. El primero es el que a los segmentos mas carenciados de la población le implicaría el traspaso a manos privadas de las EDES. Son miles los hogares pobres que dependen de conexiones fraudulentas para tener energía o son protegidos por la “tarifa cruzada” que pone a pagar a los que mas consumen para subsidiar a los que menos consumen. Habría entonces que negociar con los compradores de las EDES una solución que no agrave el presupuesto de los hogares pobres. En segundo lugar, habría que encontrarle una solución al problema que ha significado el reciente traspaso a las EDES de 38 contratos de venta de energía a precios que no coligan con el mercado spot. Pero existen múltiples opciones para manejar eso a fin de que no vaya en desmedro de las utilidades de los compradores.
En el 2003 el estado le vendió Edesur y Edenorte a la española Unión Fenosa. Tuvimos luego que pagar US$300 millones para recuperar las cuentas pignoradas que se le asignaron a esa empresa. Lamentablemente, desde entonces la política no ha permitido que las EDES resurjan de las cenizas y sean ejemplo de empresas bien administradas. Por tanto, la manera de deshacernos de esas pocilgas políticas es logrando una venta justa que elimine la retranca al desarrollo que ellas significan.