El pasado lunes 21 de abril de 2025 el país comenzó a presenciar la implementación de un protocolo migratorio en la red de hospitales del Servicio Nacional de Salud (SNS), el cual ha dado lugar a claras vejaciones de derechos de mujeres haitianas embarazadas y en labor de parto que han sido objeto de repatriación por carecer de residencia legal en el país.
Esta medida del gobierno es una respuesta de los reclamos y piquetes del grupo protofascistoide de la Antigua Orden Dominicana y de sectores de la sociedad dominicana que se empeñan en ganar rentas electorales reforzando los más profundo prejuicios de la sociedad dominicana, especialmente, de la clase media; pero además, le funciona como anillo al dedo al gobierno para tapar lo que serían deficiencias en otras áreas fundamentales de la actual gestión. La gente se “embulla” con el tema haitiano; mientras los problemas reales que hay que torcer y resolver siguen iguales.
La República Dominicana como cualquier otro Estado tiene la potestad de formular sus políticas migratorias conforme a sus necesidades y es bien sabido que actualmente existe una presión migratoria importante desde Haití dada la situación de violencia e inestabilidad que presentan nuestros vecinos.
Sin embargo, las políticas migratorias del Estado dominicano deben siempre tener como norte las reglas, valores y principios establecidos en la Constitución, la cual establece la dignidad humana como uno de los valores fundamentales que debe ser tomado en cuenta por los poderes públicos.
En efecto, el fundamento de nuestra Constitución es la dignidad humana y por ello, la función esencial del Estado es la protección efectiva de los derechos de las personas. Dentro de estos derechos se encuentra el derecho fundamental de la salud el cual queda claramente establecido en el artículo 61 de la Carta Magna, el cual se compone del principio de universalidad y accesibilidad, al tiempo que dispone la integralidad de este derecho.
Lo que no pueden hacer es montar en los autobuses y colas de camión a mujeres en plena labor de parto o con una cesárea acabada de realizar, no solo por un tema de derechos; sino, y sobre todo, por respeto a la dignidad de estas personas.
La Ley General de Salud, núm. 42-01, establece en su artículo 3 párrafo que los extranjeros no residentes tienen garantizado el derecho a la salud conforme lo establecen las leyes, convenios internacionales y otras disposiciones legales, lo que significa que tienen los mismos derechos que cualquier persona por aplicación del artículo 61 de la Constitución, que no hace distinción alguna sobre el estatus migratorio para el ejercicio y la protección del derecho a la salud.
En efecto, la Constitución establece este derecho para todas las personas y no distingue de su estatus migratorio ni de ninguna otra condición personal. El artículo 61.1 de la Constitución indica la obligación del Estado de brindar la asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. Esto último es el principio del derecho a la salud en la República Dominicana de cara a la prestación de servicios hospitalarios.
En aplicación del protocolo migratorio no se puede impedir el acceso a los servicios de salud que sean requeridos por los inmigrantes en estatus regular, especialmente cuando se tratan de mujeres en labor de parto; pero al mismo tiempo, dada la integralidad del derecho a la salud, tampoco es posible una repatriación express de las mujeres que acaban de dar a luz, sea vaginal o por cesárea, dado que pondrían en riesgo la vida tanto de la madre como de la criatura.
Los agentes de migración pueden tomar las providencias de lugar para garantizar que una vez se tenga el alta médica, se pueda proceder con el debido proceso administrativo para la repatriación digna de estas personas. Lo que no pueden hacer es montar en los autobuses y colas de camión a mujeres en plena labor de parto o con una cesárea acabada de realizar, no solo por un tema de derechos; sino, y sobre todo, por respeto a la dignidad de estas personas. Sí, personas porque lo son y parece que ese gran e importante detalle se está olvidando sobre la base de la histeria antihaitiana.
No podemos perder la humanidad, aun cuando sean necesaria una mayor firmeza en las políticas migratorias. Debería darle vergüenza al presidente, al Director de Migración y al director del Servicio Nacional de Salud ver como los agentes ejecutan el protocolo migratorio sin el mínimo de decencia o consideración hacia mujeres que en nada amenazan la seguridad nacional. Y lo peor es que luego citan al papa Francisco y hablan del Cristo resucitado.
La inmigración ilegal, en cierta medida, es producto del tráfico de personas en la frontera. Estas mujeres no llegan solas a los hospitales. Todos sabemos que las traen y que es un gran negocio; pero, como buenos abusadores, es más fácil montarlas en la camiona que atacar a las mafias que trafican estas personas. Por eso es que, repito, debería darle vergüenza al presidente y demás funcionarios.
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