En ocasión de los casos conocidos en los últimos años (especialmente las últimas semanas), recientemente ha resurgido el debate del influjo de dinero ilícito, especialmente del narcotráfico, en la política. Tomando las palabras de Andy Dauhajre, resulta improductivo el debate sobre el partido político que más narcos tiene. Completamente improductivo. Toca repensar el modelo en procura de una toma de decisión que reoriente los esfuerzos de prevenir la injerencia del crimen organizado en la política. Recientemente fui testigo de una conversación en la que Aníbal de Castro preguntó: ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar la participación del narcotráfico en la política? Esa es la primera pregunta. Mi respuesta es que sí, hay algo que se puede hacer para mitigarla, pero tiene poco que ver con abaratar los costos de hacer política y nada que ver con hacer de los partidos políticos sujetos obligados al amparo de la Ley 155-17 (lavado de activos). ¿Es la solución abaratar la política o someter la problemática al régimen de lavado de activos? Ninguno de los dos.
La primera táctica de abordaje de un problema es identificar (bien) la problemática. Existe un problema, más macro, relativo a las formas de financiamiento de la política en general (tanto por mecenas o patrones bienhechores o malhechores) y al clientelismo que se deduce de ellas, pero para fines de este artículo se precisa determinar el elemento nuclear del problema planteado: el narcotráfico. Sin embargo, la problemática de los últimos casos conocidos no se limita al financiamiento per se (como diría el general Guzmán Peralta) del narco de candidatos a posiciones electivas. Conforme a los patrones observados en los últimos años, la dinámica consiste en (a) la incursión de narcos en política mediante la presentación directa de candidaturas y (b) la incursión de cónyuges de narcos en política. Un tercer escenario, consistente en la cercanía procurada por narcotraficantes con distintos ámbitos de la vida en sociedad (incluyendo el político), resulta indiferente para el abordaje en tanto la naturaleza del mismo es notoriamente distinta. Habiendo identificado esas dos conductas problemáticas, veamos si el ataque a la problemática se trata de abaratamiento de costos o de lavado de activos.
El abaratamiento de costos del quehacer político supone una de dos: (i) (i) una medida ineficaz o (ii) una medida ineficiente de regulación (no solo de ingresos y gastos, sino potencialmente de precios). ¿Cómo abaratamos la política en una economía de mercado? ¿Fijamos un monto a los programas televisivos y radiales para colocación de publicidad? ¿Fijamos también un tope de pautas permitidas a cada precandidato o candidato en cada programa? ¿Más aún, fijamos un tope de pautas en general (total) que pueden ser colocadas por cada precandidato o candidato en todos los programas? ¿Cómo regulo la colocación en redes sociales o sitios web? ¿Bajo la misma óptica anterior? ¿Y las redes sociales personales? Pasemos la página y analicemos la prohibición de vallas. Bien, esa me gusta y me parece que realmente aporta a abaratar los costos, pero ¿qué hacemos con el precandidato o candidato que entonces recurre a la impresión de afiches, brochures, camisetas y otros artículos promocionales para entrega directa a personas? ¿También regulo eso? ¿Y el recorte del calendario electoral como presunta medida de recortar costos? Esa medida tal vez reduce mis gastos durante ese periodo, pero ¿asegura que un narco-candidato y un candidato gasten en cantidades similares? ¿Evita que el narco-candidato gaste antes de ese periodo?
Por demás, pensar en abaratar cosas es difícil cuando el índice de precios indica que hoy todo es más caro. El precandidato o candidato presidencial tiene que pagar el galón de gasoil no solo igual que al que lo paga otro precandidato o candidato, sino mucho más caro que hace 20 años. Igual la colocación de publicidad o el alquiler de vehículos o de un salón para una actividad. El primero que no va a cobrar lo mismo que cobraba hace 20 años por una consulta en el ámbito económico-financiero es Andy Dauhajre. La política, igual que toda actividad humana, es hoy más cara que nunca antes, y seguirá encareciéndose. El asunto no se limita a abaratar los costos. Al margen de que es impracticable regular cómo y dónde gasta un candidato, este es un tema completamente incidental, toda vez que el propio dinero ilícito y abundante encuentra formas de encarecer la política. Entonces, aunque intentemos reducir, quien más dinero tiene siempre tendrá la forma de gastar más.
Contrario a lo que han planteado algunas organizaciones de la sociedad civil, tampoco es un problema de anti money laundering en sentido convencional. Convertir a los partidos políticos en sujetos obligados al amparo de la Ley 155-17 tiene potencial de generar más mal que bien para el sistema democrático. Ello porque hacer a los partidos (en sí mismos) sujetos obligados no resuelve nada y habría que hacer sujetos obligados a los precandidatos y candidatos a posiciones electivas. Por demás, la figura de lavado de activos responde a una naturaleza completamente diferente a lo que se procura y a lo que ocurre con el influjo del narcotráfico en política. La Ley 155-17 dispone que el lavado de activos es el “proceso mediante el cual personas físicas o jurídicas y organizaciones criminales persiguen dar apariencia legítima a bienes o activos ilícitos provenientes de los delitos precedentes” señalados en dicha ley. Eso no es lo que ocurre cuando un narcotraficante incursiona en política o financia la campaña de algún candidato. De hecho, la política genera poco espacio para legitimar activos de delitos precedentes. Lo que se quiere atacar es el influjo del narco en la política, no la utilización de los partidos como plataformas de lavado de activos para dotar de apariencia legítima. Es otra cosa lo que se busca [legitimar] con la participación del narco en política.
Así las cosas, la solución no reside en someter a los partidos políticos al régimen de lavado de activos mediante su inclusión en la lista de sujetos obligados. Consiste en adoptar una decisión que va mucho más allá del lavado de activos y que ataca directamente al influjo de la criminalidad organizada en política y que trataré en una entrega futura. Les avanzo una pista: gira en torno a la creación de una nueva infracción penal.
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