La forma más fácil que han tomado los gobiernos dominicanos de intentar eliminar la delincuencia en el país, ha sido la de dar luz verde a la Policía Nacional para que apliquen “mano dura” contra los antisociales violentos con la vieja practica de “intercambios” de disparos.
Si una evaluación honesta fuera emitida por alguna institución no oficial local u organismo internacional sobre la forma sangrienta de enfrentar la acción negativa de los delincuentes, República Dominicana ocuparía, sino el primero, el segundo puesto en este reprochable renglón.
¿Son las ejecuciones extrajudiciales la forma efectiva para acabar con los responsables de hechos violentos? No.
Cada delincuente caído por balas de agentes policiales o militares tiene como factor común que el occiso, en más del 95%, proviene de un hogar disfuncional situado en el corazón de un barrio marginado plagado de pobreza carente de todo.
De cada barrio pobre ignorado por el gobierno sale una cosecha juvenil descarriada por falta de educación, pobreza, desigualdad social, falta de clubes deportivos para desarrollo físico y mental y negación de oportunidades de trabajo digno para su manutención.
Durante el período de gobierno de los 12 años del expresidente Joaquin Balaguer, fueron muchos los jóvenes que cayeron en supuestos “intercambios” de disparos con los agentes de la policía, siendo en su mayoría victimas por sus lineamientos políticos izquierdistas, no por actos delincuenciales.
Se indica que en los archivos policiales del período de gobierno de Balaguer entre 1986-1996 no aparecen datos sobre muertes por intercambio de disparos dando a entender que en esta última etapa del caudillo reformista “no hubo delincuencia” o “mano dura” contra los malhechores violentos.
Acorde a los reportes encontrados las ejecuciones de “delincuentes” en las calles en los últimos 30 años (1996-2026) suman miles y, aun así, ese mal que afecta a la sociedad dominicana sigue latente, sin solución.
Las dudas sobre la realidad de los llamados “intercambios” de disparos entre policías y delincuentes, es que en el reporte final del enfrentamiento solo se conoce el número de bajas de un solo lado.
Raramente se revela si hubo baja u herido entre los uniformados que participaron en el operativo sangriento.
Es por ello por lo que, observando el desglose estimado de estos hechos ocurridos entre 1996 y 2026 y publicados por diversos medios de comunicación y la inteligencia artificial de Google, encontramos lo siguiente:
Durante los tres períodos de gobierno del expresidente Leonel Fernández: 1996–2000, 2004–2008, 2008–2012, el estimado de muertes por la causa indicada fue de 4,024 personas. (1,214 entre 1996-2000; 1,490 entre 2004-2008; y 1,320 entre 2008-2012.
En el único periodo del expresidente Hipólito Mejía se reportó 1.060 muertes entre 2000-2004. Mientras que en los dos periodos del expresidente Danilo Medina se registran1.092 muertes entre 2012–2016 y 2016–2020.
En el gobierno del presidente Luis Abinader, (2020–2025), el número de muertes reportado ya se aproxima a las 1,000 víctimas.
Una sonada reforma policial que podría mejorar la forma operativa y humana de los miembros de esa institución policial sigue bajo un largo periodo de años de estudio y ponderación, sin visos de esperanza de aprobación.
El remedio sangriento que aplica la Policía Nacional sigue siendo peor que la enfermedad.
El presidente de la República y el Ministro de Interior y Policía son los superiores jerárquicos de la institución policial, por tanto, son quienes deben responder a esa fallida práctica gubernamental.
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