El monitor de Civicus, alianza global de sociedad civil, viene analizando desde hace unos años en qué medida se respetan y defienden las libertades civiles en todo el mundo.
Latinoamérica, de acuerdo al informe de 2025, es de las regiones que se han visto más afectadas por la criminalización de la protesta y la aprobación de leyes mordaza. Se ve el derecho a protestar como una amenaza a la seguridad, dando pie al uso excesivo e ilegítimo de la fuerza en su contención y a una mayor restricción de los espacios en los que se participa.
Esta peligrosa tendencia se interpreta como señal de un cierre del espacio público, lo que quiere decir que la sociedad civil podría tener cada vez menor capacidad de ejercer un contrapeso al poder por medio del ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión, y de asociación.
Independientemente de si son de izquierda, derecha o centro, los gobiernos de la región tienden a restringir las libertades de manera similar, es decir, a través de fuerza policial, descrédito de periodistas y medios, y/o establecimiento de mecanismos de censura en la ley penal (v. gr. art. 310 del Código Penal sobre ultraje a funcionarios).
A República Dominicana, el informe le otorga la posición 74/100 (espacio cívico estrecho), sin presentar cambios desde 2021. Uruguay es el único país con calificación de espacio cívico abierto, mientras que Chile es el único que mejoró en relación a años anteriores. El compromiso político de la presidencia de Gabriel Boric, quien implementó medidas de reparación por los abusos cometidos durante el estallido de 2019-2020, incluyendo un nuevo marco legal para proteger a las víctimas de delitos, es la principal razón.
Lo importante a acentuar es que el debilitamiento de la esfera pública constituye un rasgo fundamental de la erosión democrática, y que insistir en el activismo ciudadano en este contexto se hace imprescindible.
La historia nos enseña que contar con elecciones libres no es suficiente, sino que el poder expresar lo que se piensa sin miedo a la violencia es algo intrínseco al ejercicio democrático y lo que sostiene su legitimidad. No nos hagamos los desentendidos, que los derechos siempre han sido luchas que han debido ser ganadas.
Página web del monitor: https://monitor.civicus.org/country/dominican-republic/
Compartir esta nota