Miriam Germán Brito: “en modo juez”

La conmemoración del aniversario del Poder Judicial invita, casi de manera automática, a reflexiones institucionales amplias, pues en las últimas tres décadas ha experimentado transformaciones profundas que han reconfigurado su lugar en la arquitectura del país: reformas estructurales, redefiniciones competenciales, nuevas expectativas sociales y un escrutinio público cada vez más intenso sobre la conducta de quienes ejercen la función jurisdiccional. A ello se suma la reconfiguración de la matrícula de la Suprema Corte a finales del año pasado y el hecho de que, para mediados de este año, habrá nuevas evaluaciones de desempeño que inevitablemente reactivan el debate institucional.

Sin embargo, en esta ocasión, la reflexión no se orienta al órgano, sino a la persona; no a la arquitectura formal del Poder Judicial, sino a la trayectoria concreta de quien encarnó, durante décadas, una forma exigente y coherente de ejercer la judicatura. Aprovechar esta fecha para honrar la carrera de Miriam Germán Brito no implica eludir el análisis institucional, sino abordarlo desde un ángulo distinto: el de la biografía profesional como categoría explicativa del derecho. Porque las instituciones no se sostienen únicamente por diseños normativos ni por equilibrios formales, sino por prácticas, temperamentos y convicciones encarnadas en quienes las sirven.

En una semana dedicada a pensar el Poder Judicial, detenerse en la figura de una mujer que ejerció este oficio de manera intachable durante unos cuarenta años constituye, quizás, una de las formas más honestas de reflexionar sobre lo que esa institución ha sido, es y puede llegar a ser. Ella recorrió todos los niveles de la judicatura sin saltarse escalones. Fue la primera mujer en presidir una de las salas de la Suprema Corte. Culminó su recorrido en el sistema de justicia ―mas no en la vida pública― como procuradora general de la República, aportando a esa función una legitimidad que solo una trayectoria como la suya podía garantizar.

La conocí en octubre de 2006, durante la premiación del primer concurso nacional de ensayos sobre la reforma procesal penal. Era parte del jurado que otorgó el primer lugar a mi trabajo, Una aproximación humanista al derecho de defensa en el proceso penal dominicano. Aquel encuentro inicial fue breve, pero significativo. Ella resaltó la sensibilidad con que el ensayo abordaba la reflexión jurídica y, al notar el interés compartido por la poesía, prometió enviarme una producción de poemas musicalizados. Ese contacto se diluyó en la distancia profesional, aunque dejó una impronta que, con la complicidad de amigos en común, se retomaría años después.

Un día, en marzo de 2018, un sobre lacrado llegó a las oficinas en que trabajaba en el Tribunal Constitucional, de manos de su hija Carla. El gesto reflejaba la práctica habitual de la magistrada de compartir cultura con sus allegados. En el sobre había una carta manuscrita en la que expresaba admiración por mis escritos y se lamentaba de no haber podido enviar antes el disco de Amancio Prada con poemas de Rosalía de Castro: “en ese entonces no lo localicé y, por pura casualidad, lo encontré y ahí le va. Lo último suyo que leí fue «El espectáculo de la justicia penal», que para mí que amo este oficio, fue de una dolorosa lucidez”.

Las circunstancias conspiraron para que nuestras trayectorias convergieran nuevamente en 2020, cuando la magistrada asumió la dirección de la Procuraduría General de la República. Desde el primer día como su colaborador, noté que ella seguía “en modo juez”, aun siendo la jerarca del Ministerio Público. No se precipitaba en sus decisiones, sometía cada determinación a un cuidadoso escrutinio, ponderaba sus consecuencias y advertía sobre posibles distorsiones institucionales si no se adoptaban las correcciones pertinentes. Esa actitud deliberativa representaba un valor agregado para el desempeño de un cargo de tal delicadeza.

Trabajar como director técnico de su despacho en la Procuraduría General de la República (2020–2025) resultó particularmente enriquecedor, pues compartimos valores y una visión afín del mundo. Ella encarna la sensibilidad a la que aspiro si llegase a ejercer la función jurisdiccional: aquella que integra el conocimiento jurídico con la calidez humana y comprende que las decisiones no son meros silogismos, sino actos de poder que inciden en el entorno existencial de los otros. De ahí su permanente consigna de que el juez debe mantenerse alerta frente a sus prejuicios, porque las partes no pueden defenderse de la íntima convicción sesgada del juzgador.

No puedo dejar de mencionar su pasión por la literatura, vocación que suele describir como su inclinación primaria. El dominio que exhibe en la materia es extraordinario. En reuniones con dignatarios extranjeros manifestaba una versatilidad singular para establecer diálogos efectivos sobre autores clásicos de sus respectivos países y, de ese modo, superar la rigidez protocolar que suele caracterizar las interacciones en el ámbito de la justicia penal. Comprendí, así, cómo la literatura permite descifrar la condición humana, generar vínculos significativos y enriquecer sustancialmente el acervo profesional.

Constituye un privilegio haber colaborado con una mujer de su estatura intelectual y valentía cívica. Su legado en la función judicial es incuestionable, y su firmeza frente a las presiones del poder ―esos “ramalazos de insumisión” a los que aludió en una ocasión― la sitúan en un lugar destacado de la posteridad. Ella es una prueba palpable de que la esencia profesional permanece inalterada cuando se edifica sobre principios sólidos. Encontré en la procuradora la misma coherencia con la que, en 2006, la entonces jueza premió a aquel joven ensayista que reivindicaba, siguiendo a Albin Eser, “una justicia penal a la medida del ser humano”.