A lo largo de los últimos dos años, ha ganado terreno la discusión y formulación de las metas presidenciales de desarrollo 2036, cuya aspiración formal puede resumirse en duplicar el tamaño de la economía para mediados de la próxima década. Se espera que, con ello, la República Dominicana pueda dar el salto de una economía de renta media a una economía de renta alta; es decir, que el PIB per cápita pase de poco más de USD 11 mil (a precios actuales) al cierre de 2025, de acuerdo con el Banco Mundial, a un PIB per cápita de alrededor de USD 20 mil. Basta pensar en las dos economías de nuestro entorno que se consideran de renta alta: Costa Rica y Panamá, cuyos valores se sitúan alrededor de dicho monto al cierre del mismo período. República Dominicana ya es, por tamaño, la economía más grande de Centroamérica, con un PIB que en 2025 cerró por encima de los USD 127 mil millones y que en 2026, con toda probabilidad, cerrará por encima de los USD 130 mil millones. Estos resultados económicos son el fruto de más de dos décadas de crecimiento económico promedio superior al 5% anual, iniciadas a partir del año 2004 y que, salvo el crack de la pandemia de 2020, los distintos gobiernos dominicanos han sabido mantener, siguiendo, con sus respectivos matices, una receta conocida: crecimiento basado en distintas combinaciones de capital y trabajo y en sus distintas formas, estabilidad fiscal y una política macroeconómica predecible, que ha dado los resultados que todos conocemos y celebramos.
Dicho lo anterior, y partiendo del hecho de que todos deberíamos apoyar el avance hacia una economía que crezca de forma más dinámica e inclusiva, duplicar la economía hacia 2036 implicaría que deberíamos crecer en promedio alrededor del 6% anual. La cuestión de fondo que puede impedir alcanzar números tan ambiciosos residiría precisamente en las claves de nuestro modelo de crecimiento basado en la combinación de factores, ya que, de acuerdo con organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la productividad dominicana ha crecido a un ritmo muy reducido. En concreto, el BID estima un incremento promedio de apenas 0.7% anual entre 2010 y 2022. En otras palabras, nuestra capacidad de crear valor o, lo que es equivalente, de transformar el trabajo y el capital en riqueza, ha crecido a un ritmo claramente inferior al crecimiento global de la economía.
¿Es posible crecer alrededor del 6 % anual solo combinando factores? Evidentemente, en una economía de baja renta es posible, pero no lo es tanto en una economía de renta media como la dominicana, que ya acumuló una trayectoria de crecimiento de factores que probablemente comience a dar menos de sí debido a los rendimientos marginales decrecientes de la acumulación de factores. ¿Cómo podemos replantear las bases del modelo de crecimiento económico dominicano para, al menos, colocarnos en la senda de crecimiento de las metas 2036? Es justo en este punto en el que surge el papel de las políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Aquí se debe precisar que las políticas de CTI no son políticas de compras tecnológicas o simplemente de transformación digital, las cuales, bien canalizadas, tienen la virtud de mejorar la eficiencia y reducir costes de transacción (los costes visibles y no visibles de la burocracia improductiva). Pero no. Las políticas de CTI son políticas de acumulación de capacidades que, en una economía de renta media, mejoran la capacidad de absorción, es decir, de incorporar conocimiento en los productos y servicios de la economía. En otras palabras, se relacionan directamente con las políticas de desarrollo productivo por su impacto en la productividad.
La evidencia empírica disponible subraya la asociación sustancial entre la capacidad de innovación y la dinámica de crecimiento de largo plazo de cualquier economía, en particular de las de renta media y alta, que requieren crecer no solo mediante acumulación de factores, sino también añadiendo valor. Baste con mirar en retrospectiva los trabajos laureados con el Premio Nobel de Economía de Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt en 2025, o de Paul Romer en 2018, hasta el reconocimiento de Robert Solow con su Nobel de 1987, o los estudios de la elasticidad del gasto en I+D con respecto al crecimiento agregado o sectorial, todos ellos con el hilo común del papel del conocimiento en las dinámicas de crecimiento, desarrollo y creación de valor.
El indicador clásico es el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), que es un subconjunto del gasto de la sociedad en ciencia y tecnología, pero que, a diferencia de este, aproxima el esfuerzo innovador a nivel de los agentes y sectores productivos, es decir, la capacidad de desarrollar y mejorar productos y bienes, servicios y procesos que hacen más competitiva la economía. De acuerdo con estimaciones recientes del BID, el gasto en I+D de la economía dominicana es de apenas 0.003% del PIB, el más bajo de la región, frente a un promedio de 0.67% para América Latina y el Caribe. Con los datos disponibles de 2024, tan solo Costa Rica (0.4%) y Panamá (0.2%) presentan niveles muy superiores de gasto en I+D. Esto significaría niveles de inversión superiores en más de 130 y 60 veces al registrado para República Dominicana, en los casos de Costa Rica y Panamá, respectivamente.
En este escenario cabe preguntar: ¿cómo fortalecer un sistema nacional de CTI inmaduro (en el sentido de la teoría de sistemas de innovación), para que pueda entregar los resultados de conocimiento y talento que demanda la economía dominicana para crecer más allá de la combinación de factores? ¿Qué tipo de arreglo institucional se requiere para potenciar y consolidar avances, pero también para dar el salto en materia de políticas transformacionales y misionales de CTI? ¿Cuáles son las capacidades críticas necesarias (capital humano, financiamiento, infraestructura científica y tecnológica, infoestructura, metrología, entre otras) y en qué sectores, para impulsar una dinámica de crecimiento inclusivo que nos coloque en la senda de las metas 2036? ¿Qué papel deben desempeñar las instituciones de educación superior y cómo deben hacerlo para asumir el papel crítico que les corresponde en todo sistema de CTI? ¿Qué combinación (policy-mix) de instrumentos incluyendo los incentivos (a nivel conductual e institucional), se requieren para motorizar el sistema de CTI y articularlo con las demandas de crecimiento de los distintos sectores de la economía?
Por último, las preguntas anteriores ofrecen una oportunidad para reflexionar en torno a las metas presidenciales 2036. Ninguna de ellas tiene una respuesta simple, pero son algunas de las cuestiones que vale la pena plantearse en el marco del debate público para que todo este valioso esfuerzo de construcción de políticas hacia 2036 pueda rendir sus frutos más allá de la coyuntura.
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