La historia de la gestión de los recursos naturales en el Caribe, especialmente en relación con los bosques, está marcada por cambios que reflejan las tensiones entre el desarrollo económico y la conservación ambiental. En este contexto, uno de los hechos fue la Constitución de la Corte de Cádiz (España) de 1812 que, aunque buscaba establecer un marco regulatorio para la propiedad y el uso de la tierra, terminó favoreciendo la explotación intensiva de los bosques. A continuación, exploraremos cómo esta constitución impactó la gestión forestal en las colonias españolas, particularmente en Cuba y Santo Domingo, y cómo sus repercusiones aún resuenan en el debate contemporáneo sobre sostenibilidad y derechos de propiedad.
La Corte de Cádiz y su impacto en los bosques
A pesar de las restricciones previas a 1812 sobre la tala de árboles sin permiso especial, la Constitución de la Corte de Cádiz cambió la normativa, promoviendo la liberalización de la propiedad privada. Esta constitución, aprobada entre 1810 y 1814, tuvo importantes implicaciones en la gestión de los recursos naturales, al establecer derechos sobre la propiedad de la tierra y generar interpretaciones que favorecían la explotación intensiva de los bosques.
La Corte de Cádiz representó un cambio significativo en la estructura de poder en España y sus colonias. Estableció el principio de que la soberanía residía en la Nación, garantizando derechos como la libertad de expresión, la igualdad jurídica, la abolición de la tortura y la protección de la propiedad privada (https://es.wikipedia.org/wiki/Cortes_de_C%C3%A1diz). Sin embargo, la interpretación libre del derecho de propiedad permitió la explotación indiscriminada de los recursos naturales, que pasaron a ser propiedad de los dueños de la tierra, en beneficio de los intereses de las nuevas clases económicas.
En términos forestales, la Corte de Cádiz impulsó leyes para regular la explotación de los bosques, buscando un equilibrio entre el uso sostenible y la conservación. No obstante, los intereses económicos prevalecieron sobre la sostenibilidad, lo que aceleró el desmonte de los bosques en las colonias españolas en el Caribe[i].
En Santo Domingo, la influencia de la Constitución de Cádiz, en cuanto a deforestación, no fue tan profunda como en Cuba, debido a la pobreza económica, patriarcalismo y la inestabilidad política de la época. En 1812, nuestro territorio era parte de España bajo el régimen de la "España Boba", caracterizada por el abandono y la falta de crecimiento económico, como lo presenta la historiografía dominicana. A diferencia de Cuba, donde la industria azucarera impulsó la deforestación, en Santo Domingo, la tala de árboles estuvo más vinculada al contrabando que a un mercado formalizado, exceptuando los períodos de ocupación haitiana, en las primeras décadas luego de proclamada la independencia y al final del siglo, según nuestra historiografía. La baja densidad poblacional de nuestro territorio, con aproximadamente entre 75,000 a 300, 000 habitantes durante la centuria, también limitó el desmonte.
Un aspecto que debemos subrayar, y es importante que los historiadores continúen trabajándolo, fue el hecho de que con las ocupaciones de Toussaint Louverture (1801); Boyer, (Código Rural,1826), la Independencia con la Ley de Policía Rural y Urbana del 1847; Santana con su discurso en la Asamblea Nacional, el 31 de enero del 1848; el decreto No.2295 del presidente Billini; del 7 de octubre de 1884 y Ulises Heureaux, alias Lilís, con la Ley de los Animales Domésticos del 1895, impulsaron gústenos o no, el tema de la regulación de los cortes de madera, no porque fueran “ecologistas” o “ambientalistas”, sino para favorecer la economía de sus grupos y sus gobiernos porque no dejaron de entender que el recurso forestal era el gran recurso económico que traía monedas fuertes; o, como escuché a alguien decir en un taller sobre manejo del bosque al principio del año 2000: “lo verde trae verde”, refiriéndose al hecho de que si exportamos madera tenemos divisas, pero, y si no tenemos los bosques tendríamos que buscar dólares para comprar madera.
Ramón de la Sagra, sabio español en materia de agro economía, medio ambiente y sociología del siglo XIX, señaló que las reformas introducidas por la Corte de Cádiz no lograron frenar la sobreexplotación de los bosques en Cuba. Aunque promovían un manejo más racional, en la práctica consolidaron la propiedad privada como un derecho absoluto, permitiendo la tala indiscriminada sin considerar la sostenibilidad a largo plazo. Este proceso contribuyó a la destrucción de los bosques cubanos y sentó las bases para un modelo de explotación forestal que se replicaría en otras partes del Caribe, y que afectó poco a Santo Domingo de la “España Boba” por carecer de las fuerzas productivas que dieran muerte al bosque.
En conclusión, la transformación forestal en el siglo XIX estuvo marcada por el conflicto entre los intereses económicos de diversos sectores, tanto colonialistas como independentistas. En Cuba la deforestación fue impulsada por una poderosa oligarquía azucarera capitalista, mientras que en la República Dominicana el impacto fue más tardío y vinculado a factores económicos y políticos distintos. La Constitución de Cádiz, aunque buscó regular el uso del recurso bosque en Cuba, terminó favoreciendo la explotación intensiva de estos en beneficio de la élite económica oligárquica. A lo largo de dicho siglo, el debate sobre conservación, desarrollo sostenible y la libertad para la destrucción del bosque porque “esto es mío” llevó en Dominicana a figuras como Ramón de la Sagra y José Martí en Cuba y José Ramón Abada a abogar por una gestión más equilibrada del medio ambiente, con vigencia sorprendente en pleno siglo XXI, como ya hemos señalado y detallaremos en las próximas entregas.
[i] Ramón de la Sagra (1861). Historia Física, Política y Natural de la Isla de Cuba. librería de L. Hachette y Cía. París. Este tomo de 283 paginas es un suplemento del primer tomo de la Historia…, dedicado a la economía, política, agricultura, comercio y a las rentas públicas cubana desde 1842.
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