En el día de ayer, por este mismo espacio periodístico, Daniel Toribio, a propósito del dispositivo Meta RD 2036, hizo un llamado a mover la discusión de la consigna al tablero —inversión, productividad, reformas y seguimiento público—, lo que constituye una invitación razonable a elevar la calidad del debate. Coincido en que el país necesita menos consignas vacías y más discusión sustantiva. Sin embargo, ese desplazamiento corre el riesgo de quedarse incompleto si no se examina primero la naturaleza misma del instrumento que se está discutiendo.
Porque Meta RD 2036 no puede leerse como un plan en sentido estricto, sino como un dispositivo performativo que opera en el presente. Esto es, un dispositivo que no solo describe un objetivo futuro, sino que actúa hoy: ordena expectativas, define qué problemas se consideran relevantes, qué soluciones son aceptables y qué costos sociales quedan fuera del debate. Dicho en términos sencillos, no se limita a prometer un mañana mejor, sino que organiza el presente para que esa promesa funcione como marco de aceptación del modelo vigente.
Desde esta perspectiva, pasar de la consigna al tablero no es un movimiento neutro. El tablero ya está diseñado, las reglas ya están fijadas y las piezas admitidas son conocidas. Inversión, productividad y reformas no son conceptos vacíos, pero dentro de Meta RD 2036 operan con un significado muy específico: inversión entendida principalmente como capital privado, productividad asociada a eficiencia económica más que a condiciones de trabajo, y reformas concebidas dentro de los límites que no alteran la senda estructural del modelo vigente, sin una aspiración real de transformación.
En uno de mis artículos publicados en este mismo medio señalé que la ambición de crecer al 6 % anual durante once años solo sería plausible bajo condiciones muy exigentes: un entorno internacional favorable y sostenido, transformaciones productivas profundas, cambios en la estructura fiscal y una capacidad institucional que hoy no se observa. El propio desempeño reciente de la economía, con un crecimiento de 2.2 % en 2025 reconocido por el Banco Central, muestra cuán lejos estamos de esas condiciones. En ese punto, mi lectura converge parcialmente con la de Daniel Toribio: la meta es ambiciosa y exige mucho más que buenas intenciones.
La diferencia está en el énfasis. Mientras se insiste en mejorar la ejecución y el seguimiento del instrumento, mi preocupación es que la meta de crecimiento del 6 % ya está operando como un horizonte aspiracional que no necesita cumplirse para ser funcional. Funciona como narrativa, no como compromiso verificable. El crecimiento prometido no es tanto una senda real como un ancla discursiva que permite sostener la idea de progreso futuro aun cuando la economía real se desacelera y las condiciones de vida de amplios sectores permanecen precarias.
Aquí aparece una dimensión macrosocial que suele quedar fuera del tablero. La estabilidad macroeconómica que se preserva —inflación controlada y tipo de cambio estable— convive con una inestabilidad social persistente: salarios reales erosionados, informalidad laboral elevada y desigualdad territorial. Meta RD 2036 es compatible con esa coexistencia porque no está diseñado para resolverla, sino para administrarla. Produce una inclusión futura prometida mientras normaliza una exclusión presente.
Por eso, incluso un seguimiento público riguroso de los indicadores podría resultar insuficiente. Se puede monitorear inversión, productividad y reformas, y aun así mantener intacta la lógica que convierte la precariedad social en un daño colateral aceptable. El dispositivo no falla cuando no transforma; cumple su función cuando estabiliza expectativas y despolitiza los conflictos estructurales.
El debate, entonces, no debería limitarse a abandonar la consigna para entrar al tablero técnico, sino a preguntarnos quién diseñó ese tablero, con qué metodología participativa, bajo qué reglas y en beneficio de quién. Solo si se abre esa discusión de fondo, Meta RD 2036 podría dejar de ser un ejercicio performativo —una promesa que ordena el presente sin cambiarlo— y empezar a parecerse a un verdadero proyecto de transformación compartida. Aun así, requeriría la creación de condiciones estructurantes, como lo demuestra el carácter simbólico en que se convirtieron la mayoría de los objetivos, metas y compromisos de Estado de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
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