En la República Dominicana hemos llegado a un punto en el que la técnica habla cada vez menos y el ruido cada vez más. Ruido interpretativo, ruido institucional, ruido que distorsiona discusiones que deberían estar guiadas por la evidencia, la ley y los principios tributarios. Ese ruido no solo enturbia el debate; compromete la capacidad del país para diseñar políticas públicas sólidas y previsibles. Por eso urge volver a los principios.

La reciente discusión sobre la indexación salarial lo demuestra. Lo que debió centrarse en proteger el poder adquisitivo del trabajador terminó en interpretaciones que desviaron la mirada de lo esencial: inflación, pérdida del salario real y sostenibilidad económica. Experiencias internacionales —de Argentina a Brasil— muestran cómo, cuando la técnica cede ante el ruido, las decisiones derivan en parches costosos y retrocesos institucionales.

La reforma fiscal es otro caso ilustrativo. Durante más de una década no hemos logrado avanzar una discusión integral, no por falta de diagnósticos, sino porque cada intento queda atrapado en dinámicas que alejan el foco del análisis riguroso. La región ofrece ejemplos recientes: en México, Chile y Colombia, reformas necesarias terminaron paralizadas en debates donde el ruido superó a la técnica.

El debate sobre los incentivos fiscales sigue el mismo patrón. En lugar de analizar datos —retorno sobre inversión, empleo, productividad, costo fiscal real— la conversación se desplaza hacia posiciones absolutas. No sorprende que países como Perú y Ecuador hayan sufrido consecuencias al modificar esquemas sin suficiente análisis técnico: pérdida de competitividad y salida de inversión.

Y luego está la interpretación tributaria, donde el ruido puede ser aún más costoso. El reciente debate sobre la territorialidad lo evidencia. Un análisis que señalaba inconsistencias técnicas generó sensibilidad y reacciones defensivas. Esto revela un fenómeno preocupante: hemos permitido que discusiones estrictamente jurídicas se interpreten como cuestionamientos institucionales, desviando el foco de lo esencial. Esa sensibilidad es comprensible, pero no debería impedir identificar vacíos normativos o riesgos interpretativos. Señalar una imprecisión legislativa no es un ataque; es un aporte al fortalecimiento institucional.

El caso del literal f) del artículo 272 del Código Tributario ilustra la importancia de la técnica legislativa. Una redacción insuficiente puede llevar a aplicaciones que produzcan efectos no alineados con los principios tradicionales del sistema territorial dominicano. Ajustar la norma no solo reduciría áreas grises; aumentaría la seguridad jurídica para la administración y para los contribuyentes.

Porque en materia tributaria, los principios no son opcionales: son la estructura que sostiene al sistema. Legalidad, territorialidad, capacidad contributiva, proporcionalidad y seguridad jurídica no son palabras decorativas; son límites que garantizan que el Estado actúe dentro del marco diseñado por la ley. La institucionalidad se fortalece cuando las decisiones se toman desde la técnica, no desde la susceptibilidad; cuando las respuestas se basan en evidencia, no en interpretaciones coyunturales.

El patrón es inequívoco: donde domina el ruido, se paralizan las reformas; donde prevalecen los principios, la institucionalidad se fortalece. Y cuando la institucionalidad es sólida, el país avanza. Eso solo es posible cuando cada actor —la administración, el legislador, el sector privado, la academia y la ciudadanía— asume con claridad su rol dentro de un marco de responsabilidad técnica.

Este artículo no busca señalar culpables. Busca invitar a una reflexión serena:¿Queremos un país donde cada análisis técnico genere turbulencia, o uno donde la técnica, la ley y los principios tributarios orienten las decisiones públicas?

Menos ruido, más principios significa reconocer que el camino hacia la claridad institucional no pasa por elevar la voz, sino por elevar el rigor. Cuando baja el ruido, aparece la claridad. Y cuando la claridad guía las decisiones, avanza el país.

Montserrat Viñals

Montserrat Viñals Prestol es abogada especializada en consultoría de negocios en las áreas corporativa y fiscal. Con más de 16 años de experiencia, ha enfocado su práctica en derecho corporativo, tributario, aduanero, cumplimiento normativo en prevención de lavado de activos, fideicomisos, inversión extranjera, zonas francas y regímenes especiales. Es miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, y del Consejo Nacional de Consultores Impositivos (CONACI).

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