La indignación colectiva provocada tras la muerte de la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good, de 37 años, a manos de agentes del ICE en Minneapolis, ha desencadenado una ola de protestas a nivel nacional, que buscan frenar el uso excesivo de la fuerza por parte de la administración Trump. En este contexto, legisladores del estado de Maryland han presentado el proyecto de ley denominado ICE Breaker Act.
La iniciativa fue presentada por el delegado estatal Adrian A. Boafo y plantea que cualquier agente u oficial juramentado del ICE que se haya incorporado a la agencia después del 20 de enero de 2026 no pueda ocupar cargos policiales o de fuerzas del orden dentro del gobierno del estado de Maryland, incluyendo colaboraciones con la Policía Estatal.
¿Qué es el ICE?
El ICE es una agencia federal creada como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, que motivaron la creación de instituciones encargadas de implementar medidas de seguridad nacional frente a la amenaza más evidente de aquel momento: el terrorismo.
Ciudades que protestan
Las protestas se han extendido por numerosas ciudades, entre ellas Los Ángeles, San Francisco y Santa Ana (California); Las Vegas (Nevada); Tucson (Arizona); Seattle y Spokane (Washington); Denver (Colorado); Austin, San Antonio y Dallas (Texas); Chicago (Illinois); Milwaukee (Wisconsin); Indianápolis (Indiana); St. Louis (Misuri); Atlanta (Georgia); Raleigh (Carolina del Norte); Washington D. C.; Filadelfia (Pensilvania); Nueva York (Nueva York); y Boston (Massachusetts).
Sin embargo, ni las manifestaciones ni las disposiciones legislativas parecen suficientes para frenar acciones autoritarias y represivas que, según diversos sectores, vulneran los derechos humanos y la propia Constitución. No obstante, la iniciativa presentada en Maryland podría resultar clave, al sumarse al descontento social y generar un efecto de presión mediática contra la administración Trump y el ICE.
Resulta imperativo el surgimiento de una coalición civil que exija cambios en la agenda actual y obligue a replantear el escenario político. Las protestas y medidas deberían orientarse en tres aspectos fundamentales: en primer lugar, la creación de acciones legislativas que defiendan la Constitución frente a cualquier intento de vulneración; en segundo lugar, movilizaciones sociales en todo el territorio nacional que ejerzan presión mediática sobre los servidores públicos; y, por último, la construcción de voces autorizadas, al margen de consignas políticas, que contribuyan a frenar el auge del autoritarismo y el populismo.
Las manifestaciones contra el ICE se suman a otras protestas contra la administración republicana, impulsadas por el descontento social generado por el actual gobierno y su aspiración de ejercer el poder de manera hegemónica. El uso de medidas de fuerza económica, militar y política contra la población ha atraído incluso la atención de las Naciones Unidas, que han solicitado una investigación independiente sobre la muerte de la joven Good.
Se espera que la conmoción social tras su asesinato lleve a la clase política a reconstruir su discurso y que el estallido social provoque un cambio de rumbo en los sectores políticos y empresariales que gobiernan. El ICE Breaker Act podría representar el inicio de medidas surgidas del descontento social, destinadas a marcar un antes y un después, como ocurre con muchos cambios impulsados desde la indignación colectiva
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