Medidas compensatorias

Cuando el equipo económico del gobierno presentó  a inicios de octubre del pasado año su propuesta de reforma fiscal, la resumió en cuatro ejes, protección social y aumento del salario mínimo, programas de inversión pública y gastos priorizados, reglas del juego igual para todos y ataque a la evasión, simplificación y medidas tributarias, y aunque el proyecto de ley de Modernización Fiscal fue retirado poco tiempo después de ser introducido por el rechazo que provocó en algunos sectores particularmente el empresarial, señalando el presidente que no contaba con el consenso necesario para ser aprobado, sin que luego de esa fecha se haya vuelto a hablar de la posibilidad de una discusión a su respecto para reintroducirlo, al parecer algunas de las medidas anunciadas sí serán implementadas.

Decimos esto porque en el discurso de presentación del referido proyecto de ley se dijo que una de las medidas compensatorias que proponía el gobierno era “un aumento significativo del salario mínimo del sector privado no sectorizado. Esta medida permitirá que el salario real de nuestros trabajadores siga creciendo sustancialmente por encima de la inflación acumulada y al mismo tiempo operará como una medida compensatoria de la reforma tributaria”.

Conviene recordar todo esto en ocasión de la discusión atípica de la tarifa de salario mínimo del sector privado no sectorizado, esto es la de todos los sectores que no cuentan con una tarifa especial, como es el caso de hoteles y restaurantes, zonas francas, construcción, entre otros, pero cuyo porcentaje generalmente marca lo que ocurrirá con las demás, pues en esta ocasión la discusión partió de un piso expresado por el presidente Abinader, de no menos de un veinte por ciento (20%) habiendo sido el anterior aumento de un 19% en conjunto, lo que a pesar de los esfuerzos del sector empleador privado por exponer las variables económicas a tomar en consideración para la definición del porcentaje, comportamiento de la inflación, de la productividad, perspectiva regional, entre otros, redujo la discusión tripartita a un mero ritual, pues de entrada se había anunciado aunque algunos quizás no lo tuvieran presente que el salario debía crecer sustancialmente por encima de la inflación acumulada, y dejó poco espacio de negociación, que no fuera dividir dicho porcentaje en dos tramos.

Aunque el presidente ha dicho que este aumento será positivo para todos, “hasta para los mismos empresarios porque el nivel de consumo, el nivel de gastos es prácticamente un seis por ciento, y a donde va ese salario, al consumo y la actividad económica”; el problema es que sigue siendo más de lo mismo que siempre hemos hecho, y ante la ausencia o débil aplicación del eje tres de la retirada reforma de reglas del juego igual para todos y ataque a la evasión, lo cierto es que esto también seguirá aumentando la brecha entre los formales y los informales, los que cumplen la ley y los que no la cumplen, así como la tentación para algunos quizás acogotados por las cargas, de dejar de pagar las cotizaciones de la seguridad social que aumentan en proporción al cambio de las tarifas de salario mínimo, lo que es un efecto perverso principalmente para los asalariados.

Lo ideal hubiese sido que ese objetivo de aumentar el salario real, que debió comprenderse sería tratado de lograr enfáticamente por todo lo antes acontecido, fuera tratado unido a la reforma del Código de Trabajo y en particular del cálculo del auxilio de cesantía hacia futuro, para que así como el gobierno buscó compensar los efectos de la reforma fiscal que intentó llevar a cabo con el aumento significativo de los salarios, también se compensara ese aumento con una reforma necesaria y fundamentada de poner límites en el tiempo y en el monto en el cálculo de la cesantía, pero que nadie quiere asumir por temor al costo político, el cual quizás hubiese sido mitigado con el anuncio de un significativo aumento salarial.