La rendición de cuentas del 27 de febrero presentó números relevantes, proyectos en marcha y metas ambiciosas. El presidente Abinader anunció explícitamente la Meta RD 2036, con el objetivo de duplicar el tamaño real de nuestra economía y convertir a la República Dominicana en un país desarrollado en el plazo de una generación. Destacó que esta hoja de ruta ya está en ejecución, centrada en productividad, innovación, capital humano y un Estado más eficiente.
Se resaltaron avances en exportaciones, con zonas francas superando los US$8,500 millones, reducción de pobreza, incorporación de capacidad energética renovable (alcanzando alrededor del 25% en generación) y acciones en la lucha contra la corrupción. Es justo reconocer esos indicadores.
Desde el punto de vista de la comunicación estratégica, el discurso construyó una narrativa clara y coherente: turismo como eje de posicionamiento internacional, innovación como promesa de futuro y sostenibilidad como ventaja competitiva. En términos de marca país, el mensaje es sólido.
Pero el país no se transforma con un listado exhaustivo de obras ni con estadísticas bien organizadas.
La pregunta real es otra: ¿Está cambiando la forma en que se gobierna? Porque crecer no es lo mismo que desarrollarse.
Un país puede aumentar su PIB y seguir con una educación que no mejora sustantivamente en resultados internacionales (como los PISA, donde República Dominicana registró en 2022 su mejor desempeño histórico, 351 puntos en Lectura, 360 en Ciencias y 339 en Matemáticas, pero aún se mantiene lejos del promedio OCDE y sin evidencia de un avance transformador posterior), un sistema de salud que no garantiza atención oportuna ni digna (con hospitales saturados, desabastecimiento de medicamentos, retrasos en procedimientos y fallas estructurales recurrentes), apagones persistentes en zonas críticas y pérdidas millonarias en distribución y cobro de energía (más del 40% de la energía comprada en 2025, generando déficits de cientos de millones de dólares al año que el Estado cubre con subsidios masivos), informalidad laboral alta (~50-55%) y procesos públicos poco transparentes, con frecuentes incumplimientos de los requisitos establecidos por leyes, normas y reglamentos vigentes. Si las bases institucionales no cambian, el crecimiento solo amplía las mismas debilidades estructurales.
Un ejemplo concreto de esta brecha entre anuncios y reformas reales es la propuesta de fusión del Ministerio de Educación (MINERD, responsable de la educación básica y preuniversitaria, donde se aplica el modelo STEAM y la educación técnica anunciado en la rendición de cuentas) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Aunque se presenta como una medida de eficiencia administrativa, genera serias preocupaciones por la ausencia de una estrategia clara y pública que explique cómo se alinea con el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2030 y otros instrumentos vigentes. Esta iniciativa podría fragmentar compromisos previos, diluir la inversión del 4% del PIB en educación preuniversitaria, aumentar la burocracia sin mejoras pedagógicas sustantivas y postergar reformas clave en currículo, formación docente y fortalecimiento de la ciencia. El verdadero salto educativo requiere continuidad y profundización en los pactos existentes, no atajos administrativos. Y lo mismo aplica al fortalecimiento de la ciencia: cómo hablar de saltos y desarrollo, sobre todo en la era de la IA, si descuidamos la necesidad imperativa de invertir en investigación y desarrollo (I+D) con rigor y escala.
Los países que dieron el salto verdadero, como Corea del Sur, Singapur o Taiwán, no lo hicieron solo con anuncios. Lo lograron profesionalizando el Estado, respetando los procesos institucionales, midiendo resultados con rigor y colocando la educación de calidad en el centro absoluto de su estrategia productiva.
Aquí todavía se anuncia antes de planificar con profundidad, se reorganiza sin una estrategia integral de largo plazo y se celebran cifras macro sin explicar con claridad cómo se traducen en una mejor calidad de vida para la mayoría. Coincidimos con quienes han señalado que datos sin dirección estratégica no transforman: las cifras solo adquieren sentido cuando están conectadas a reformas estructurales medibles y sostenibles.
También es válido preguntarse si la rendición de cuentas está conectando plenamente con la realidad cotidiana de las familias. El desarrollo debe sentirse en la vida diaria, en ciudades seguras y habitables para la gente, no en junglas urbanas, y no solo verse en gráficos. Como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho; y ese trecho se cierra con ejecución efectiva, institucionalidad fuerte y coherencia entre anuncios y resultados diarios.
Seguimos reaccionando a los problemas en vez de anticiparlos con sistemas preventivos sólidos. El control del gasto ineficiente y la supervisión institucional deberían ser permanentes y técnicos, como lo permitiría una DIMEP operativa en la Cámara de Cuentas, aprobada y financiada desde hace años pero aún sin implementación plena, en vez de reaccionar cuando es tarde y estalla una crisis.
El desarrollo no se mide solo por cuántas obras se inauguran, sino por su calidad real, su eficiencia operativa, su planificación a largo plazo, su sostenibilidad en el tiempo y el costo financiero que implican, especialmente cuando se financian con endeudamiento público que las próximas generaciones deberán asumir.
Además, no puede hablarse de desarrollo pleno si la mujer dominicana no está integrada de manera efectiva en la estrategia económica y social del país. Ni tampoco si, a pesar de avances en renovables (alcanzando ~25% de generación y metas cumplidas en capacidad instalada), aún predomina un modelo basado principalmente en combustibles fósiles mientras el mundo avanza más rápido hacia una matriz limpia, y aunque ya existen avances en almacenamiento de energía, representa una oportunidad estratégica fortalecer una política y visión integral de mayor escala (mediante bancos de baterías o sistemas BESS). Se necesita una visión integral: metas ambiciosas de almacenamiento (más allá de los 300-600 MW proyectados para 2027-2028), inversión en I+D local para tecnologías de baterías y reducción real de vertimientos, para que las renovables no queden limitadas a generación diurna y el sistema gane verdadera resiliencia y sostenibilidad.
Aspiramos también a consolidarnos como hub logístico regional, aprovechando nuestra posición geográfica y nuestra infraestructura portuaria y aeroportuaria. Pero esa ambición exige coherencia interna: no se puede proyectar eficiencia logística hacia el exterior mientras persisten serios problemas de transporte, movilidad urbana y planificación vial dentro del propio territorio. El desarrollo logístico comienza por ordenar la casa.
Duplicar la economía es un medio ambicioso. No es el fin.
El verdadero desarrollo exige cambiar el enfoque:
- Menos énfasis en el catálogo de logros, más en la reforma profunda del Estado.
- Menos celebración de números macro, más medición rigurosa de resultados en calidad de vida.
- Cumplimiento estricto de los estudios necesarios (de factibilidad técnica, económica, ambiental y social) para justificar decisiones trascendentales en obras públicas, con mayor trazabilidad y transparencia en todo el proceso.
- Mayor planificación para enfrentar retos a largo plazo.
Coincidimos con la ambición de Meta RD 2036 y reconocemos que ya está en marcha. Pero su éxito dependerá precisamente de priorizar esas reformas estructurales, las mismas que venimos planteando en la serie El país que queremos, que garanticen que el crecimiento beneficie a todos de forma sostenible.
El país no necesita más cifras impresionantes. Necesita que las cosas funcionen mejor, de manera consistente y para todos.
Compartir esta nota