La agricultura dominicana aporta el 5.6 % del PIB, genera el 8.8 % del empleo nacional y concentra el 11.8 % de las exportaciones, sostenida por cerca de 260,000 productores registrados, el 81 % pequeños agricultores, según el Ministerio de Agricultura. Sobre esa estructura opera una doble ofensiva estatal: la apuesta irreversible por la tecnificación mediante el Programa Nacional de Mecanización y la coerción contra la fuerza laboral haitiana indocumentada. Lejos de ser un relevo técnico entre tractores y jornaleros, este dilema expresa una contradicción estructural del capitalismo agrario periférico dominicano, pero aguda en el Cibao Noroeste.

Las cifras del Banco Central del primer semestre de 2026 confirman una severa contracción del trabajo rural: la ocupación agropecuaria cayó a 322,868 personas, un descenso interanual del 8.98 % frente a las 354,728 del primer trimestre de 2025, con una baja del 10.79 % en el empleo informal y un alza del 7.54 % en el formal. Este ajuste recae sobre un sector anclado en la migración. La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes ubicó al 33.8 % de los haitianos ocupados en la agropecuaria; la Encuesta Sectorial Agrícola de 2022 del Instituto Nacional de Migración determinó que entre el 60 % y el 60.5 % de los obreros en arroz, plátano y habichuelas son extranjeros (111,048 estimados), cifra que la Junta Agroempresarial Dominicana eleva hasta 280,000 en el sector. Además, el 98 % son hombres y perciben RD$ 703.01 diarios. La rentabilidad agraria descansó en la compresión salarial extraeconómica del trabajo vivo.

Ninguna demarcación condensa esa fractura como el Cibao Noroeste, Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. Aunque reúne 446,701 habitantes (4.2 % del país, Censo de 2022), aporta apenas el 3.4 % del PIB nacional, lejos de Ozama (40.7 %) o del Cibao Norte (15.3 %), y su crecimiento real bajó del 3.8 % anual (2016–2022) al 3.1 % en el bienio posterior. Ese rezago contrasta con su especialización primaria: la agropecuaria aporta el 22.7 % del valor agregado bruto regional, frente a 5.6 % de manufactura y 0.5 % de zonas francas.

En una publicación anterior (2026) documenté la matriz de succión financiera del Cibao Noroeste: el 68 % de los casi RD$ 73,000 millones generados cada año se fuga fuera de la región (39 % hacia Santiago y 28 % hacia Santo Domingo). Mientras el banano y el tabaco transfieren el 85 % de sus liquidaciones a sedes capitalinas, el arroz, la pecuaria y los lácteos drenan el 60 % hacia Santiago en agroquímicos, maquinaria y molinería. Sobre esa periferia descapitalizada impactaron las 250,741 deportaciones acumuladas hasta septiembre de 2025 y operativos como las 708 interdicciones diarias en el norte en noviembre de 2026, lo que desmiente la sustitución tecnológica inmediata. Según la Alianza Agropecuaria del Cibao Noroeste, los envíos semanales de banano cayeron de más de 400 contenedores en 2021 a cerca de 320 en 2026, mientras las exportaciones bajaron de US$ 363 millones a US$ 221.7 millones en 2025: una pérdida de US$ 141 millones ligada al corte, desmane y empaques manuales.

La brecha entre la promesa tecnificadora y la producción real se repite en otros rubros regionales. En el Cibao Noroeste, donde se cosechan más de 1.5 millones de quintales de arroz en 400,000 tareas sembradas dos veces al año con inversiones superiores a RD$ 8,000 millones, la recolección mecanizada cubre menos del 15 % de la superficie. El banano despacha más de 500,000 unidades diarias por carga manual y las 160 máquinas de ordeño en la ganadería minifundista resultan insuficientes. Así, los RD$ 5,000 millones del Banco Agrícola, los US$ 120 millones franco-interamericanos, los RD$ 4,200 millones japoneses al 6 %, los RD$ 3,000 millones de Bandex y los 97 tractores estatales que atendieron 616,861 tareas apenas cubren parcialmente la preparación de suelos.

Desde la sociología crítica emerge una paradoja fundante de sustitución imposible. Karl Polanyi advirtió que mercantilizar el trabajo desgarra el tejido social, y la sociología dominicana (Wilfredo Lozano, Frank Báez Evertsz y Rubén Silié), mostró cómo la irregularidad haitiana estructuró un mercado laboral étnicamente segmentado. En el Cibao Noroeste, entre el 85 % y el 90 % de la fuerza agrícola es migrante y el 94 % trabaja en la informalidad. Esa precariedad deprimió el salario de reserva y el prestigio del surco, y empujó al 25.6 % de los jóvenes locales de 15 a 29 años hacia la inactividad, el motoconcho o la emigración, con un éxodo femenino superior al 20 % y rezagos educativos de 45 % a 48 % en Montecristi y Dajabón. Expulsar al bracero no devuelve al joven dominicano al campo; paraliza las cosechas y obliga a los gremios de Mao (Adobanano, Adoplatano, Coopava y Fedegano), que avalan el control migratorio, a exigir permisos temporales para evitar el colapso exportador y la carestía alimentaria.

La segunda paradoja surge allí donde la tecnificación avanza bajo la lógica concentradora del capital. El discurso oficial invoca la caña de azúcar, que saltó del 1 % al 70 % de corte mecanizado en cinco años y al 85 % en el sector estatal, pero omite que ese giro ocurrió en cuatro o cinco grandes ingenios capaces de amortizar cosechadoras millonarias. Imponer esa ruta sobre un agro donde el 81 % son pequeños productores en parcelas de cinco a treinta tareas, dispersas y sin nivelación, y donde el 66.5 % de los obreros no sabe operar maquinaria, resulta excluyente. A la luz de la acumulación por desposesión de David Harvey y del enfoque centro-periferia de Immanuel Wallerstein, se advierte que el alza súbita del jornal y el crédito individual, junto al fin del arancel del 99 % al arroz estadounidense, empujan al parcelero al endeudamiento y la pérdida de tierras ante consorcios molineros. La máquina sustituye salarios locales por pagos de equipos e insumos importados, lo que ahonda la succión del 68 % de la renta regional.

Superar esta disyuntiva exige desmontar la falsa oposición entre tecnología y trabajo migrante en tres frentes simultáneos. Primero, instaurar permisos temporales con contratos formales e igualdad salarial, en convergencia con el Consejo Económico y Social y los gremios de Mao, para suprimir la brecha del 18 % que deprime el salario rural.

Segundo, dirigir el crédito público hacia cooperativas de maquinaria y centros de servicios compartidos adaptados al minifundio, con capacitación técnica para la fuerza laboral residente. Tercero, agroindustrializar en origen el banano, el arroz y los lácteos para retener excedentes en el valle. Sólo transformando las relaciones de poder, tenencia y distribución territorial en el Cibao Noroeste la mecanización dejará de ser vector de desposesión para cimentar una economía rural digna.

Héctor Almonte Mella

Nació en el municipio de Mao, Valverde, RD. 1955. Con Maestría en Ciencias Sociales (UASD). Posgrado en Desarrollo Territorial en Alemania y Perú. Director. Ejecutivo del Centro para la Educación y Acción Ecológica, CEDAE. Líder del área Social del Instituto de Investigación Socioambiental, INISA; institución especializada en Desarrollo Territorial y Bioeconomía, adscrito a CEDAE.

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