Durante décadas, hablar de Manzanillo fue hablar de una zona con enormes posibilidades, pero también de una región cuyo potencial no terminaba de convertirse en una realidad económica de escala. Hoy esa ecuación comienza a cambiar. El proyecto de desarrollo de Manzanillo está generando, simultáneamente, nueva (y mejor) infraestructura portuaria, mayor capacidad energética, conectividad vial, condiciones para la instalación de industrias y una agenda de ordenamiento territorial y desarrollo social. El pasado 14 de septiembre tuve la oportunidad de presentar los avances del proyecto en la correspondiente edición de LA Agenda Semanal.

El nuevo puerto constituye uno de los principales componentes de esta transformación. Con un muelle offshore de 242 metros de frente de atraque y un calado de diseño de hasta 16 metros, la infraestructura está concebida para atender distintos tipos de carga y fortalecer la vocación logística de la región. A mediados de septiembre de 2026, la obra registra aproximadamente un 57% de ejecución física, con una entrega proyectada para marzo de 2027.

Pero el puerto, por sí solo, no constituye el proyecto de desarrollo. Su verdadero valor aparece cuando se conecta con el resto del ecosistema. En materia energética, Manzanillo ya está adquiriendo una dimensión nacional. La central Manzanillo Power Land, de 414 MW, inició operaciones comerciales en ciclo simple en marzo de 2026 y se encuentra en la etapa final para completar su ciclo combinado. A esto se suma Manzanillo Gas & Power, proyecto -con entrada proyectada en 2028- que contempla 840 MW adicionales mediante dos bloques de generación, así como una nueva infraestructura para el suministro de gas natural.

La conexión energética será tan importante como la portuaria. La línea de transmisión Manzanillo-Guayubín-El Naranjo, de aproximadamente 128 kilómetros y 345 kV, permitirá transportar la nueva generación hacia el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Es decir, además de recibir mercancías Manzanillo también estará en capacidad de producir y conectar energía a gran escala.

El siguiente paso lógico es convertir esa infraestructura en actividad económica. Por eso resulta fundamental el desarrollo de un ecosistema industrial capaz de atraer manufactura, agroindustria, logística y otras actividades productivas. El objetivo no debería limitarse a construir un parque industrial, sino a crear las condiciones para que empresas nacionales e internacionales encuentren en Manzanillo una plataforma competitiva para producir, exportar y generar empleos formales. El gobierno ya explora alternativas para trabajar con infraestructura industrial existente y aprovechar, en el corto plazo, el interés de empresas en establecerse en la zona.

Todo esto debe ocurrir acompañado de territorio ordenado, formación de capital humano, seguridad, servicios públicos adecuados y una visión de ciudad. El proyecto de titulación (más de 800 certificados de título entregados en julio de 2026), el futuro centro regional del INFOTEP y el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial forman parte de esa dimensión menos visible, pero indispensable, del desarrollo.

La gran oportunidad de Manzanillo consiste, precisamente, en hacer que todas estas piezas funcionen como una sola estrategia. Puerto sin industria sería infraestructura subutilizada. Industria sin energía confiable perdería competitividad. Energía sin demanda productiva se convertiría en ineficiencia. Crecimiento económico sin ordenamiento territorial terminaría generando nuevas dificultades. Manzanillo puede convertirse en algo mucho más grande que un puerto: una plataforma logística, energética e industrial conectada con el Caribe, Norteamérica y los mercados internacionales. El desafío ahora es terminar las obras, pero -sobre todo- lograr que, cuando estén terminadas, exista detrás de ellas un ecosistema preparado para aprovecharlas.

Roger G. Pujols Rodríguez

Abogado y politólogo

Roger G. Pujols se desempeña como viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica en contratación, sectores regulados y asuntos públicos. Cuenta con: Master en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Master en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Master en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Master en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Master en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Ha sido manager legal de las filiales de InterEnergy Group y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Ha sido profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea: sistema de fuentes, pluralismo constitucional y diálogo entre cortes’. En la actualidad trabaja en publicaciones sobre (i) la compilación de sus artículos de opinión y (ii) fiscalidad verde (tributos ambientales).

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