Dos mujeres se sientan frente a las cámaras a hablar de un hombre recién muerto. Hablan de sus relaciones sentimentales, de quién sabía de quién, del lugar que cada una ocupaba en su vida; afuera, las redes hacen el resto: fotografías, videos, comentarios, el velorio, las novias, el muerto. En cuestión de horas, Michael Junior Rodríguez Peguero, “Michael Peluche”, deja de ser solamente el hombre que, según la Policía Nacional, era buscado mediante varias órdenes de arresto por robos, atracos y su presunta vinculación con el ataque de Boca Chica en el que murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas y se convierte en personaje. La Policía informó que murió el 16 de septiembre junto a otro hombre durante un enfrentamiento con agentes del DICRIM que procuraban arrestarlos; esos señalamientos, naturalmente, debían probarse conforme al debido proceso.
Dos días después, la plataforma de Alofoke promocionaba un programa bajo un título difícil de ignorar: “Viudas de Maicol Peluche confiesan todo”. El hecho policial comenzaba a transformarse en otra cosa, una historia de relaciones, intimidades, personajes, curiosidad y entretenimiento. No se trata de censurar una entrevista ni de decidir desde una columna qué puede mirar la gente; tampoco sería serio responsabilizar a un programa de entretenimiento por la delincuencia dominicana. El asunto es observar con qué facilidad podemos pasar del crimen al espectáculo, del presunto delincuente al personaje y de la tragedia a la farándula. En ese tránsito ocurre algo todavía más inquietante: las víctimas comienzan a desaparecer de la conversación.
El caso adquiere una dimensión adicional porque Santiago Matías ha dado pasos formales para llevar su presencia pública al terreno político. El 11 de agosto depositó ante la Junta Central Electoral la solicitud de reconocimiento de “Dominicanos Primero”, organización con la que procura participar en el escenario electoral de 2028. Eso no convierte cada entrevista que realiza en un acto político ni autoriza a presumir sus intenciones; sí hace razonable prestar mayor atención al discurso público de alguien que busca participar directamente en la vida política del país.
Pero Alofoke sería una explicación demasiado cómoda; el problema está más generalizado que un programa o un comunicador. Está en las redes donde algunos personajes vinculados a actividades delictivas cuentan sus pleitos, muestran armas o hacen de su reputación una forma de presencia pública; está en quienes celebran sus hazañas, verdaderas o inventadas; está en la curiosidad que despiertan sus relaciones, sus entierros, sus enemigos y sus nombres de guerra. Está también en nosotros, cada vez que dejamos de preguntarnos quién sufrió las consecuencias de esa vida y empezamos a preguntarnos quién era la novia, las armas que exhibía, el reloj que llevaba puesto o los tenis que compraba, sin que casi nadie preguntara de dónde provenía el dinero.
Quizás ahí hemos cruzado una frontera sin darnos cuenta; durante mucho tiempo el delincuente necesitaba esconderse porque ser conocido era peligroso: una fotografía podía delatarlo y aparecer demasiado podía llevar a la Policía hasta él. Hoy convive con ese delincuente clandestino otro personaje que parece necesitar precisamente lo contrario, que sepan quién es. El apodo importa, la reputación también; que otros conozcan de qué es capaz puede formar parte de su poder.
No afirmo que todo el que aparezca en redes con una conducta provocadora sea delincuente, ni que la notoriedad produzca criminalidad. El fenómeno es más sencillo y, precisamente por eso, más peligroso: hemos creado espacios donde la frontera entre fama, miedo y reputación criminal puede volverse borrosa. Las sociedades también educan mediante aquello que miran; no enseñamos únicamente cuando un maestro escribe en una pizarra; también lo hacemos cuando decidimos a quién escuchamos, a quién convertimos en personaje, de quién queremos conocer cada detalle y qué tipo de vida merece horas de conversación.
Las propias cifras oficiales añaden una paradoja que conviene reconocer. Al corte del 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea reportaba una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a las registradas en períodos comparables de 2025, 2024, 2023 y 2022. El dato no contradice lo que estamos viendo; obliga a mirar otra cosa. Una sociedad puede reducir sus homicidios y, al mismo tiempo, acostumbrarse al lenguaje del crimen. Las estadísticas pueden decirnos cuántas personas fueron asesinadas, pero difícilmente pueden medir cuándo dejamos de sorprendernos ante determinadas conductas, cuándo el apodo empieza a pesar más que la víctima o cuándo la conversación sobre un muerto comienza a parecerse demasiado a un programa de entretenimiento.
Ahí está el verdadero problema de la banalización; los medios deben informar sobre delincuentes y, cuando existe interés público, escuchar a familiares, amigos, parejas o abogados; esas voces pueden ayudar a entender una historia. La diferencia está en la historia que decidimos contar. Podemos preguntar quién era la novia, pero también quiénes fueron las víctimas; podemos dedicar tiempo a las intimidades de un hombre muerto y, al mismo tiempo, indagar qué hechos llevaron su nombre a una investigación policial, quiénes resultaron heridos y qué ocurrió con las familias que quedaron detrás. No hace falta censura, hace falta criterio; hace falta recordar que una víctima no puede desaparecer simplemente porque el victimario resultó más interesante para las cámaras.
Porque una sociedad tiene un problema cuando sus delincuentes asaltan, roban y matan; pero tiene otro, más difícil de corregir, cuando esas acciones empiezan a entretenernos.
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