Mal de fondo

El financiamiento de las campañas políticas por medios ilegales es un hecho que desde hace tiempo preocupa a las sociedades más desarrolladas las cuales desde hace años comenzaron a establecer medidas para regularlo y sancionarlo, así como la penetración del dinero sucio del narcotráfico u otros oscuros orígenes es una peligrosa realidad que en países de la región ha dejado incluso muchos muertos, como es el caso de México, y que desde que lamentablemente los narcos nos hicieron parte de su ruta criminal, se sabe que también está presente en nuestro país.

A pesar de esto y luego de una larga espera por tener una ley de partidos políticos que finalmente fue aprobada en el año 2018, Ley 33-18, y de que esta fuera votada apenas un año después de la promulgación de la Ley 55-17 de Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ni esta, ni la Ley de Partidos, ni la ley orgánica de régimen electoral 15-19, establecieron ninguna obligación de debida diligencia por parte de los partidos y candidatos de los fondos de terceros que reciben para financiar sus campañas, ni los establecieron como sujetos obligados de lavado de activos como algunos reclamamos, y a sabiendas de la realidad nacional e internacional, en vez de fortalecer los controles y disminuir los gastos, las autoridades hicieron caso omiso a los reclamos de que se redujera el excesivo costo de las campañas estableciendo topes exorbitantes con laxos controles y sanciones.

Por más que algunos ahora se quieran rasgar las vestiduras, ese altísimo costo de las campañas se sabe que no es posible sufragarlo con la contribución económica de los partidos que se estableció en la derogada Ley 275-97 con la intención de mitigar la incidencia del financiamiento de las empresas a los partidos y regularlo, contribución que se dejó sin un porcentaje establecido en la Ley 15-19 en base a lo cual  las nuevas autoridades instauradas en agosto del año 2020 intentaron reducir el monto de dicha contribución a la mitad con miras al presupuesto del año 2021, lo que por la presión de quienes habían aprobado dicha  legislación y que pasaron a representar los principales partidos de oposición no se realizó, y luego de eso todos los principales partidos se pusieron de acuerdo para reestablecerla  en el artículo 224 de la Ley 20-23 rebautizada como asignación de partida económica del Estado a los partidos, con un monto equivalente al medio por ciento de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento en los demás.

Lamentablemente la presteza con que nuestro liderazgo político logró ponerse de acuerdo para seguir asignando a los partidos el mismo porcentaje de siempre, aunque la Ley 15-19 no lo consignara, y para lograr reestablecerlo mediante la Ley 20-23, desgraciadamente no ha existido para tomar medidas que intenten evitar la evidente penetración del dinero sucio en la política ni para reducir el astronómico gasto de las campañas caldo de cultivo para este.

Por eso no se trata únicamente de señalar con un dedo acusador al partido de gobierno porque funcionarios electos están siendo investigados o juzgados por casos de narcotráfico en los Estados Unidos de América, u otros designados por decreto algunos de los cuales ostentaban posiciones empresariales importantes, sino de cuestionar el mal de fondo, el irracional costo de nuestras campañas que ha causado en parte que solo quienes tienen muchos recursos puedan aspirar o ganar candidaturas, aunque estos provengan de dinero sucio que en efectivo circula y se “lava” en medio del derroche electoral, o de dinero del Estado que bajo los más diversos artilugios se utiliza para esos fines, como se ha puesto en evidencia en investigaciones realizadas por el Ministerio Público que actualmente se conocen en la justicia.

El financiamiento ilegal es el talón de Aquiles de muchos políticos, como dramáticamente lo demuestra el reciente aprisionamiento del ex presidente francés Nicolás Sarkozy, primer pasado presidente de Francia y de la Unión Europea encarcelado luego de haber sido condenado a 5 años de prisión por haber sido considerado culpable de haber permitido a sus más cercanos colaboradores, mientras era ministro de interior, llevar a cabo negociaciones en Libia para un financiamiento oculto de su campaña presidencial de 2007 por el régimen de Kadhafi, el cual según la justicia no llegó a materializarse. Y también es el caballo de Troya que los partidos en aras de vencer dejan que se infiltre ocultamente, sin darse cuenta de que los vencidos terminarán siendo estos mismos, y peor aún, que afectan la salud de la democracia, y la ponen en riesgo.