Es común que la oposición intente desestimar toda acción del gobierno de turno y reclamar que durante su gestión todo fue mejor, y aunque es un acto interesado y egoísta, es de esperar que casi siempre prefieran que las cosas no les salgan bien a sus rivales, porque su deseo es demostrar que solo ellos pueden hacer las cosas bien, y que quien los reemplazó hace todo mal.

Actualmente todos los principales partidos del país han gobernado, y aunque uno de ellos se fraccionó, su líder fue presidente tres veces y aspira a una cuarta, por lo que ninguno de los problemas del país le es ajeno, y todos de alguna manera comparten responsabilidades por algunos de sus desafíos, el enorme déficit eléctrico, el alto endeudamiento, la baja presión tributaria promedio, porque unos pagan mucho y otros poco o nada, las restricciones presupuestarias derivada de bajos ingresos y altos gastos, incluyendo las elevadas partidas de subsidios.

La capitalización de las empresas de generación y distribución que surgieron del antiguo monopolio estatal fue realizada en el primer gobierno de Leonel Fernández, y aunque ha sido exitosa en la generación, ha fracasado en la distribución, y la causa fundamental se produjo pocos meses después de realizarse el cierre con los socios privados de las recién creadas empresas distribuidoras cuando en el año 2000 meses antes de las elecciones se tomó la funesta decisión de no realizar el ajuste de la tarifa, el cual ha sido prácticamente imposible realizar en el curso de los 25 años siguientes, lo que provocó que la distribución volviera a manos estatales en violación a lo dispuesto en la Ley de Reforma de la Empresa Pública y así continúe, y aunque a finales del 2021 se inició un ajuste de la tarifa en cumplimiento del pacto por la reforma del sector eléctrico acordado durante el gobierno de Danilo Medina pero suscrito al inicio del mandato de Luis Abinader, esto rápidamente fue suspendido por las autoridades al ver la crispación social.  Las distribuidoras en manos estatales han sido víctimas del clientelismo y la corrupción, y con la entrada de las plantas de Punta Catalina y la necesidad de llevar energía a todos en medio de la pandemia, el abastecimiento creció, pero también el déficit.

La proverbial frugalidad en el gasto y la construcción en base a ahorro interno de los gobiernos de Joaquín Balaguer bastaron en su primera etapa, pero en la última luego de una grave crisis económica tuvo que tomar la decisión de acoger las recomendaciones de organismos internacionales e impulsar que se aprobara un Código Tributario en el año 1992. En los gobiernos de Leonel Fernández se realizaron múltiples reformas tributarias y se continuó con la emisión de bonos soberanos realizada en el gobierno de Hipólito Mejía, y se inició una política de lucha contra la pobreza sustentada en subsidios a través de la creación de un gabinete de coordinación de política social que creó el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) en el 2007, que ha sido continuada con distintos programas por los demás gobiernos.  Mediante la Ley 253-12 se realizó la última reforma tributaria sin que se consensuara el pacto fiscal que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ordenaba, pero con la promesa cumplida de asignar un 4% del PIB a la educación, y aunque se sabía que se trataba de un parche más y que seguiría equilibrándose el presupuesto nacional en base a aumento de la deuda y a hacer excepciones en la ley de presupuesto de cada año del cumplimiento de asignaciones ordenadas por leyes para los ayuntamientos, el sector justicia y otros, no se quiso tomar la decisión de realizar una reforma fiscal integral, y doce años después cuando intentó realizarse en el 2024 no pudo siquiera iniciarse su discusión porque el rechazo de muchos sectores y de la población en general, fue aprovechado por la oposición y maximizado en las redes, y la reacción del presidente Abinader fue retirarla.

Por todo eso quizás lo que cuenta para la población es más la percepción de cercanía, de honestidad, de apertura, de buen clima de negocios, de seguridad, de progreso, y los gobiernos le temen a desmontar subsidios, a realizar ajustes fiscales y tarifarios, a recortar los gastos, y lamentablemente postergan cambios estructurales, porque saben que por más que la oposición critique ciertas acciones, de estar en el poder harían lo mismo, porque al final lo que cuenta para los unos y los otros es el poder.

Marisol Vicens Bello

Abogada

Socia de Headrick Rizik Alvarez & Fernández desde el año 2000. Miembro del Comité Ejecutivo del CONEP, Asesora legal de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Fue presidente de COPARDOM y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

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