Los Gobiernos se delatan según a quienes ignoran

Así como hay personas que, por más que lo intenten, nunca podrán ocultar las partes feas de su personalidad, no hay campaña publicitaria que logre tapar lo malo que cada Gobierno muestra en el ejercicio de sus funciones. Los Gobiernos se delatan mucho más de lo que ellos mismos creen. Una forma en que lo hacen es ignorando opiniones de gente bien intencionada y capaz.

Un ejemplo es el caso de los “Doce años de Balaguer”. Para justificar su carácter sanguinario, se ha argumentado que estábamos en plena Guerra Fría y que la represión era inevitable, por la presencia de la insurgencia y el terrorismo de izquierda, pero basta leer la prensa de la época para darse cuenta de que en esos doce años reinó el terrorismo de Estado. El mismo Balaguer también se delataba. Nunca escuchó el clamor por la protección de los derechos humanos. Tampoco se interesó por el dolor de los familiares de las víctimas, ni se preocupó por someter a la justicia a funcionarios bajo su mando culpables de asesinatos. Sus reacciones ante los crímenes de su gobierno llevaron siempre el sello de un cinismo propio de un sicópata. Así se delataba Balaguer y así quedará ante la Historia.

Desde la salida del poder de los remanentes de la dictadura de Trujillo, los medios de prensa han jugado un papel importante, a pesar de los intentos por restringirlos. Los distintos gobernantes siempre contaron desde entonces con opiniones constructivas sobre lo que, en cada coyuntura, más le hubiera convenido al país. Las que nunca fueron atendidas, han delatado, como en el caso de Balaguer, a los distintos Gobiernos que hemos tenido después.

Hay una similitud en la gran mayoría de los Gobiernos dominicanos respecto a opiniones que ignoran. La necesidad de combatir la corrupción, por sus efectos disolventes en la institucionalidad, en el presente y el futuro económico del país, en los partidos políticos, en la moralidad pública y en los incentivos para el trabajo, ha sido uno de esos clamores que no han sido escuchados. Los grandes “estrategas” que hemos tenido en los distintos partidos mayoritarios, han llegado a argumentar que es una ingenuidad pretender eliminarla, pues a través de ella se promueve la movilidad social y se consiguen recursos para las campañas electorales y la compra de lealtades políticas. Todos sabemos que su negativa a escuchar los reclamos para combatirla se debe a que es una fuente abundante de enriquecimiento ilícito, exhibido después sin el menor rubor.

El otro tema que se ignora es el de la necesidad de fortalecer las instituciones del Estado. Este es un reclamo viejo. Recuerdo que el Dr. Antonio Rosario lo hizo hace ya mucho tiempo. Eduardo García Michel viene reiterándolo también desde hace decenas de años. Y como ellos, muchos intelectuales y agrupaciones de la sociedad civil. El mundo de la política está minado de delincuentes que la ejercen desde los partidos y alrededor de ellos. Saben que fortalecer las instituciones dificulta sus abusos de poder y aprovechamientos de la función pública y aumenta el riesgo de ir a la cárcel. Por eso las prefieren débiles. Cuando los gobernantes desoyen los reclamos de mayor institucionalidad, revelan que se sienten a gusto con el mundo del delito o que temen tanto a las reacciones que enfrentarlo puede generar en su propio partido o en grupos de poder, que prefieren dejar todo igual. Si no fuera así, uno no se podría explicar por qué ha sido imposible lograr que la Cámara de Cuentas funcione con eficacia. Tampoco por qué aún huelen a mercado los pasillos de muchos de nuestros tribunales o por qué la corrupción de militares impide un control efectivo de nuestra frontera con Haití.

Otro viejo reclamo es el de la racionalidad en el gasto público y la necesidad de incrementar los ingresos fiscales para que el Estado disponga de más recursos provenientes de fuentes distintas al endeudamiento, que puede llegar a hipotecar nuestro futuro y merma la disponibilidad fiscal por el creciente pago de intereses. Es muy poco lo que se hace en ambos sentidos. Aquí también se delatan. Si un presidente y un partido gobernante gastan mal, como lo hacen cuando abultan la nómina pública con contrataciones innecesarias de militantes o simpatizantes que trabajaron por ellos en las elecciones que los llevaron al poder, o hacen costosos favores a financiadores de la campaña, están validando el clientelismo, una práctica nefasta que es sinónimo político de corrupción e ineficiencia y que tiene un costo de oportunidad altísimo para los más pobres. Si se resisten a incrementar los ingresos que el país necesita para inversión social y en infraestructuras, nos están diciendo que les temen a quienes serían los más afectados por las medidas que se adopten o que no están seguros de que estas sean aprobadas por el Congreso debido a que nuestros legisladores también les temen a los grupos de presión o se dejan sobornar por ellos. Hay aquí un vacío de liderazgo que las fuerzas políticas mayoritarias de cada época no han querido llenar voluntariamente.

La inoperancia y desidia de una gran parte de nuestros servidores públicos en cualquiera de los poderes del Estado es algo que irrita a personas y empresas desde hace ya demasiado tiempo. La desatención de los Gobiernos a los reclamos por este problema muestra que para ellos ha sido más importante tener contenta a la manada de incapaces e indolentes que llevaron a posiciones oficiales que asegurar a la ciudadanía un servicio rápido y confiable. El caso de los apartamentos que Balaguer construyó en el malecón de Puerto Plata a principios de la década de los setenta es un ejemplo que confirma lo anterior. Al día de hoy, más de medio siglo después, la gran mayoría de los beneficiarios de la venta de esos apartamentos no ha podido obtener un título de propiedad, aunque hayan pagado la totalidad de su deuda, y siguen a nombre de Bienes Nacionales. La burla a la ciudadanía no ha sido característica exclusiva de las dependencias del Poder Ejecutivo. Lo ha sido también de nuestro “honorable” Congreso y de cada municipio, sin distinción de banderías políticas. En eso sí que hay consenso.

En nuestro país siempre han sobrado opiniones sensatas y políticos irresponsables que se delatan al ignorarlas. En algún momento tendrá que haber un ajuste, y no será en el ámbito de las opiniones.