La extensión hasta 2060 de la concesión de los aeropuertos dominicanos a la empresa AERODOM —el acuerdo firmado originalmente en 1999 y el presidente Luis Abinader lo renegoció en 2023— trajo consigo un pago adelantado de US$775 millones al Estado, además de compromisos por US$830 millones en obras aeroportuarias y otros aportes variables.
Con parte de esos recursos se inauguró este 19 de julio el túnel de la Plaza de la Bandera (una inversión de RD$ 3,300 millones, en construcción y remodelaciones) y avanzan decenas de proyectos viales y sociales concentrados casi exclusivamente en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Abinader ha calificado la medida como “administración responsable”, y de ahí surge la pregunta que no se puede seguir postergando: ¿por qué la provincia que sostiene uno de los motores turísticos más importantes del país no recibe ninguna obra importante con esos fondos? Parafraseando a J.Lo: ¿y Puerto Plata, pa’ cuando?
No es que falten compromisos para el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón: el contrato original consignó la remodelación total de la terminal, una nueva torre de control y actualización de estándares operativos y ambientales. Pero estas intervenciones, se pagan con el capítulo propio de inversiones aeroportuarias, no con el canon adelantado que el Gobierno parece haber decidido asignar en su totalidad a obras en otras provincias.
Nadie puede negar que la terminal norteña es uno de los activos que justifica la extensión de la concesión y que su zona de influencia aporta una parte clave de las divisas y el crecimiento turístico nacional… pero en la lista oficial hasta ahora conocida no figura algún proyecto destinado a Puerto Plata, Sosúa, Cabarete o la costa norte que le da vida a esa estación aérea.
El aeropuerto Gregorio Luperón en 2025 movilizó unos 814,000 pasajeros, siendo el cuarto más transitado del país. Estimaciones técnicas sitúan su aporte fiscal anual entre RD$3,350 y RD$4,750 millones —por impuestos de salida, tributos migratorios, ITBIS del turismo y otras cargas—, mientras que la actividad económica que genera en hotelería, comercio, transporte y servicios supera los RD$35,000 millones al año.
El Gobierno justificó la renegociación con AERODOM como una forma de adelantar obras, ajustar el contrato a nuevas realidades y cuidar el interés público; ¡muy bien! Pero la naturaleza de la procedencia de los fondos y el interés público van más allá de la descongestión del tránsito de la capital. Puerto Plata crece, recibe visitantes de todo el mundo y sostiene miles de empleos directos e indirectos sin que su infraestructura acompañe ese ritmo. No basta con mantener el aeropuerto en funcionamiento: se necesitan mejoras operativas, accesos viales dignos, servicios públicos fortalecidos y obras que conecten esa puerta de entrada con el territorio que la hace posible.
Puerto Plata ha demostrado sobradamente que está a la altura de las expectativas del país. Es hora de que el Estado esté a la altura de su compromiso con ella y le reconozca el derecho a recibir parte de los fondos de la renegociación con AERODOM.
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