Conozco a Yeni desde sus inicios en la fiscalía de Santiago, hace dos décadas. He sido testigo de los grandes obstáculos que ha tenido que enfrentar y superar para llegar a la Procuraduría General. Los sacrificios que ha asumido por su independencia. Su trayectoria en el servicio público es un ejemplo digno de emular, lo que explica la amplia aceptación pública que ha generado la atinada designación realizada por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Su vasta experiencia, honradez, formación profesional y el respeto público obtenido a lo largo de su trayectoria, le auguran una gestión exitosa. No obstante, Yeni enfrenta desafíos institucionales importantes. En especial, debe robustecer la autonomía del ministerio público, aumentar su eficiencia y legitimidad, y, por ende, proseguir restaurando la confianza pública que inició con la dirección encabezada por la magistrada Miriam Germán Brito. Los logros que puedan alcanzar sus ejecutorias serán cruciales para arraigar la institucionalidad del ministerio público en los próximos años.

Yeni Berenice Reynoso, la nueva procuradora general.

Este objetivo es trascendental, pues – enraizar la autonomía e independencia del ministerio público se traducirá en una mayor seguridad ciudadana y jurídica, menor impunidad y un mayor respeto por la Constitución y la ley – En fin, los esfuerzos que Yeni, su equipo y todo el ministerio público realicen en esta dirección, deben ser respaldados por la sociedad. Esta deberá ser una causa de todos.

A seguidas, destaco algunos de los principales desafíos que Yeni tiene en la Procuraduría General de la República:

1.Relanzar el Ministerio Público: Fomentar una renovada mística e identificación en cada miembro y colaborador, empoderándolos en sus funciones y haciéndoles copartícipes claves del proceso de relanzamiento institucional que se emprenderá.

2. Dignificar el desempeño de los integrantes: Mejorar las condiciones salariales y profesionales. Por ejemplo, garantizarles seguros médicos y pensiones dignas para los miembros, así como colaboradores. Igualmente, es sine qua non dignificar las condiciones materiales en las que estos desempeñan sus servicios en todo el país.

3. Afianzar la carrera administrativa: Asegurar que el escalafón del ministerio público sea real y accesible, permitiendo que cada miembro ascienda o permanezca en determinadas posiciones en función de sus méritos profesionales y no por cualquier otro motivo.

4. Potenciar la Escuela Nacional del ministerio público: Para dar el salto cualitativo que demanda hoy este actor en el nuevo proceso de renovación que inexorablemente tiene por delante, es indispensable garantizarles una formación profesional continua y de calidad a sus miembros, en síntesis, potenciarle a su máxima expresión.

5. Estandarizar los modelos de gestión: Implantar evaluaciones periódicas que aseguren procesos uniformes, eficientes y transparentes, sin diferencias entre despachos.  Además, recabar retroalimentación constante de los usuarios habituales de sus servicios para mejorar su desempeño.

6. Atención a los grandes casos judiciales y a los de la criminalidad ordinaria:  Somos conscientes que uno de los desafíos fundamentales de esta gestión será garantizar que los grandes casos de crimen organizado y corrupción, que ha valientemente y con un extraordinario esfuerzo impulsados, junto a todo su equipo, así como los nuevos casos de esta índole que probablemente se abrirían, culminen de manera satisfactoria.  Sin embargo, esto no debe implicar que las políticas de prevención y persecución del crimen ordinario por adoptarse no tengan también la debida atención en los respectivos despachos del ministerio público en todo el país. En definitiva, ambos esfuerzos institucionales serán cruciales para proseguir recuperando la confianza pública en la institución y cumplir con los principios fundamentales que la rigen, verbigracia, los de objetividad y legalidad.

7. Atender el sistema penitenciario: Es prioritario brindar mayor atención al grave problema penitenciario que hoy lacera al sistema de justicia y al país. En especial, mejorar y expandir el nuevo modelo penitenciario, ya que el remozamiento de este sistema es crucial para la implementación de una política criminal efectiva.

8. Promover leyes relevantes: El indiscutible liderazgo de Yeni en el ministerio público y la valoración favorable que registra de la sociedad deben ser aprovechados para impulsar, en el Congreso Nacional, una puntual, pero fundamental agenda de reformas que impacten positivamente la ejecución de su política criminal. Entre ellas, destacan la reforma del Código Penal, la de protección de víctimas y testigos, y la de persecución de organizaciones criminales, entre otras.

Obviamente, para emprender con éxito estos y los otros desafíos que Yeni tiene por delante, requiere que integre un equipo de colaboradores competentes y de confianza. Asimismo, debe delegar con mayor frecuencia tareas a estos u otros colaboradores, por el bien de su salud, la de su familia y del proceso.  ¡Esto debería ser sí o sí pues!

Por otro lado, como destacó atinadamente hace poco el amigo José Luis Taveras, las iniciativas institucionales por emprenderse desde la actual Procuraduría General de la República requerirán recursos económicos significativos. Esperamos que los poderes públicos responsables de esta obligación garanticen estos recursos necesarios.

Finalmente, sin lugar a dudas, a Yeni se le ha otorgado una oportunidad de oro para proseguir concretizando los grandes cambios que demanda el ministerio público, y estoy convencido de que posee la firme voluntad y capacidad para lograrlo. ¡Éxitos!

José Lorenzo Fermín

Abogado

Licenciado en Derecho egresado de la PUCMM en el año 1986. Profesor de la PUCMM (1988-2000) en la cual impartió por varios años las cátedras de Introducción al Derecho Penal, Derecho Penal General y Derecho Penal Especial. Ministerio Público en el Distrito Judicial de Santiago (1989-2001). Socio fundador de la firma Fermín & Taveras, Abogados & Consultores desde el 1996-. Miembro de la Comisión de Revisión y Actualización del Código Penal dominicano (1997-2000). Coordinador y facilitador del postgrado de Administración de Justicia Penal que ofrece la PUCMM (2001-2002). Integrante del Consejo de Defensa del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos en los procesos de fraudes bancarios de los años 2003-2004, así como del Banco Central en el caso actual del Banco Peravia. Miembro del Consejo Editorial de Gaceta Judicial. Articulista y conferencista ocasional de temas vinculados al derecho penal y materias afines. Aguilucho desde chiquitico. Amante de la vida.

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