En la República Dominicana, un sector de la clase media y alta, residente en las principales urbanizaciones de Santo Domingo, Santiago y las provincias más desarrolladas del país, que oscila entre un 12 y un 15 % del padrón electoral, es capaz de decidir los resultados de unas elecciones con la escogencia del presidente de la República de un determinado partido político.
Este sector social, que no participa en las diferentes protestas populares en las calles, encendiendo neumáticos ni incurriendo en hechos violentos, ha creado una nueva forma de protestar, muy original, sumamente pacífica y hasta individual, pero muy efectiva, pues se convierte repentinamente en un volcán social en erupción, enviando una fuerte señal al presidente de la República de turno y a todos sus funcionarios del disgusto que siente por las decisiones incorrectas e inoportunas que se están tomando desde el Gobierno, como lo fue la recién aprobada reforma fiscal, disfrazada y soterrada, conocida como el «plan anticrisis», convertida en la Ley 30-26, la cual ya ha comenzado a afectar sus bolsillos y sus intereses personales.
Este mismo sector, con ese mismo sistema de protestar, fue determinante para sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y a su presidente, licenciado Danilo Medina, en las elecciones del año 2020, y volvió a reelegir al actual mandatario en el año 2024. De nuevo ha vuelto a protestar desde sus viviendas, en Bella Vista, Los Cacicazgos, Piantini, Naco, La Esperilla, Gazcue, entre otros sectores, con los denominados «cacerolazos». Este sector no pertenece a ningún partido político; simplemente apoya al partido y al candidato que considera que representan mejor sus intereses de clase, dando un voto de castigo a las autoridades y al Gobierno.
De ahí que los partidos políticos, sobre todo los candidatos que aspiran a dirigir los destinos del país, no deban presumir ni creer que ese sector pertenece a una determinada parcela política y que continuará apoyándolos para siempre.
Este modo de protestar y proceder es el que siempre debe prevalecer para obligar a las autoridades a cumplir las promesas contenidas en los programas de gobierno, así como para expresar el rechazo a las medidas incorrectas, desafortunadas y desatinadas que se han tomado, como fue la reciente reforma fiscal, aprobada al vapor; el congelamiento de los precios de los combustibles durante tres meses en su valor más alto, cuando existían informaciones de que el precio del barril de petróleo comenzaría a bajar, lo que constituyó una puñalada trapera al pueblo dominicano.
Esto fue fruto de la voracidad y de la insaciabilidad del Gobierno para aumentar sus recaudaciones fiscales, lamentablemente con el propósito de continuar destinándolas a nóminas públicas improductivas, publicidad política, pensiones inmerecidas y de muy alto valor, gastos de viajes, subsidios sociales, francachelas y grandes sumas pagadas por intereses de la deuda externa, entre otros conceptos. Ni hablar de los grandes actos de corrupción y del enriquecimiento ilícito que, según el autor, se vienen cometiendo en perjuicio de los sectores más vulnerables, como fue el presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), cuyos recursos —afirma— fueron utilizados en la campaña para la reelección del presidente Luis Abinader, al igual que el presunto fraude cometido en el Instituto Oncológico del Cibao, así como del colapso de la mayoría de los servicios básicos.
Este sector social le ha retirado el apoyo definitivo a la presente gestión del presidente Luis Abinader Corona y al Partido Revolucionario Moderno (PRM), por lo que su derrota en las próximas elecciones generales y su salida del poder en el año 2028 serán, según el autor, la crónica de una muerte anunciada. Así será.
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