Como habíamos señalado en un artículo anterior, la colocación de bonos soberanos en el mercado de valores es un instrumento efectivo para cubrir financiamiento público, pero fundamentalmente si se orientan esos recursos frescos para cubrir gasto de capital cuando en el corto plazo no es posible ejecutar por limitaciones en la recaudación. Es decir, cuando no se cuentan en el corto plazo con suficientes ingresos públicos provenientes principalmente de impuestos, tanto directos como indirectos, que pagan las empresas, los dueños de bienes inmuebles, los asalariados y la población en general.
En el caso de la República Dominicana, la colocación de bonos soberanos en el mercado ha sido justificada principalmente para financiamiento de necesidades presupuestarias y manejo de pasivos de la deuda.
En el caso de financiamientos presupuestarios, particularmente los bonos colocados entre los años 2021 y 2024, se argumenta desde el gobierno que se han utilizado para cubrir necesidades presupuestarias de los años en cuestión, o en otras palabras, para el financiamiento del gasto público.
Con respecto al segundo objetivo planteado del manejo de pasivo de la deuda, se ha señalado que se buscaba la reducción del servicio de la deuda (pago de intereses), así como extender los plazos de pagos de la deuda para evitar refinanciamiento y así mejorar el portafolio de dicha deuda, que en principio es una decisión efectiva.
Otro componente en el cual se informa que se han destinado los recursos captados a través de bonos soberanos es la inversión pública y gasto social, para el programa Supérate y culminación de obras en curso.
Según esta narrativa, se busca el fortalecimiento del bienestar del ciudadano y optimizar la estructura de la deuda existente.
Aunque es difícil determinar de forma específica cómo han sido invertidos los recursos de los bonos soberanos, y más bien se refleja en el gasto público en general, en términos de uso de los fondos y en la ejecución total de la inversión pública.
Lo que sí se puede señalar es que una emisión de US$2,500 millones en el año 2021 significó el 70% de financiamiento externo del presupuesto y que entre el año 2022 y 2024 se logró la reducción de US$1,100 millones en el servicio de la deuda.
También se ha señalado que en el año 2024, los proyectos de inversión pública han sobrepasado lo previsto en más de 121% y que las inversiones en el sector social e infraestructura, sobre todo en los aspectos de transporte, energía y agua, así como en salud y protección ambiental, han desbordado las expectativas.
Ahora bien, si la inversión de los recursos públicos y pagos de la deuda, captados a través de bonos y de otro tipo de financiamiento externo, van por tan buen camino, como se explica, que los recursos destinados al pago de los intereses de la deuda son cada vez mayores, que, según informaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el pago de los intereses de la deuda para el año 2023 fue 2.8% del PIB (producto interno bruto), por encima del promedio de América Latina, que fue de 2.6%, y superior a 1.9% del PIB en el año 2012, para un monto total de 222,787.3 millones de pesos.
En lo que va del año 2025 se han ejecutado dos emisiones de bonos soberanos externos: 4,138.4 millones de dólares (2,538.4 millones de dólares en el mes de febrero más 1,600 millones de dólares anunciados en esta misma semana).
Si para finales del año 2024 el pago de servicio de la deuda sobrepasó los RD$231,000 millones de pesos y para el año 2025, según informaciones de la Dirección General de Presupuesto, el servicio de la deuda (pago de intereses de la deuda) va a ascender a RD$387,989.2 millones.
Definitivamente, estas últimas informaciones que hemos presentado evidencian que, más que eficiencia en el manejo de los recursos provenientes de los bonos soberanos y de otras fuentes, como ha querido argumentar el gobierno, con los nuevos préstamos, lo que se ha producido es un deterioro en la posición financiera pública, comprometiendo a mediano y largo plazo la solvencia financiera y de riesgo del país.
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