Cada victoria electoral de las derechas latinoamericanas y de otros países del planeta parece anunciar el comienzo de una nueva época conservadora. En los debates políticos y académicos, estos resultados suelen interpretarse como evidencias de un desplazamiento de nuestras sociedades hacia posiciones ideológicas más conservadoras. Sin embargo, esta lectura merece una revisión histórica. El conservadurismo no constituye una novedad en América Latina. Ha formado parte de sus estructuras de poder desde la fundación de las repúblicas.
Las independencias latinoamericanas estuvieron acompañadas por ideales liberales de libertad, igualdad y soberanía popular, pero la ruptura con las metrópolis europeas no desmanteló las estructuras económicas y sociales heredadas de la colonia. La concentración de la tierra, las jerarquías sociales y los privilegios económicos sobrevivieron a los cambios institucionales. Las nuevas repúblicas proclamaban derechos ciudadanos mientras amplios sectores permanecían excluidos de su ejercicio. La configuración de los Estados nacionales estuvo condicionada por pactos entre élites políticas, económicas y militares interesadas en preservar determinadas relaciones de poder.
La historiadora dominicana Mu-Kien Adriana Sang Ben, en Una utopía inconclusa. Espaillat y el liberalismo dominicano del siglo XIX (1997) y Liberalismo versus conservadurismo en América Latina y el Caribe del siglo XIX (2015), examina las contradicciones entre los ideales liberales y las estructuras tradicionales de poder. Revela cómo dirigentes identificados con el liberalismo reprodujeron prácticas caudillistas y mecanismos de concentración del poder. Las fronteras entre liberales y conservadores no siempre fueron tan definidas como sugerían sus discursos.
Durante el siglo XX, las disputas sobre los modelos de desarrollo y la distribución del poder estuvieron acompañadas por intervenciones militares, persecuciones políticas y restricciones a las libertades públicas. Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, República Dominicana, Paraguay y varios países centroamericanos experimentaron períodos autoritarios, particularmente durante las décadas de 1960 y 1970. Las transiciones democráticas ampliaron posteriormente la competencia electoral, pero no eliminaron las concepciones autoritarias arraigadas en las relaciones sociales y políticas.
La recuperación de los sistemas electorales tampoco produjo una transformación equivalente de los valores culturales. Una sociedad puede ampliar sus derechos políticos y mantener concepciones conservadoras sobre la familia, la religión, la propiedad, la autoridad y la organización económica. Las instituciones pueden modificarse con mayor rapidez que las prácticas y creencias arraigadas en la vida cotidiana.
Esta distinción resulta fundamental para comprender las preferencias electorales. Votar por un candidato no equivale necesariamente a compartir su proyecto ideológico. Las decisiones pueden responder a expectativas económicas, liderazgos personales, demandas sociales o al rechazo de quienes gobiernan. Una persona puede respaldar propuestas redistributivas y mantener posiciones conservadoras en asuntos culturales o religiosos. Las identidades políticas no constituyen compartimentos cerrados ni permanecen invariables.
Algo semejante ocurre con las clases populares, frecuentemente presentadas como portadoras naturales de proyectos transformadores. Su condición económica no determina mecánicamente sus orientaciones ideológicas. En sus prácticas pueden coexistir aspiraciones de igualdad con comportamientos individualistas, demandas de justicia distributiva con concepciones tradicionales sobre la autoridad y discursos de transformación social con expectativas de ascenso individual. Lo popular no constituye una identidad homogénea ni necesariamente progresista, sino un espacio atravesado por intereses, valores y aspiraciones contradictorias.
Durante buena parte del siglo XX, las izquierdas latinoamericanas desarrollaron su influencia principalmente mediante organizaciones sindicales, movimientos campesinos, asociaciones estudiantiles, organizaciones barriales y comunitarias, y sectores intelectuales. Desde esos espacios contribuyeron a incorporar en la agenda pública las reivindicaciones laborales, las reformas agrarias, la protección social y la ampliación de derechos. Sin embargo, su capacidad de movilización no siempre encontraba correspondencia en sus posibilidades de conquistar el gobierno mediante elecciones.
Esta realidad empezó a cambiar a finales del siglo XX. Luisa Blanco y Robin Grier documentaron que, a principios de los noventa, el 64 % de los presidentes de la región eran de derecha. Entre 2005 y 2008 esa proporción descendió al 33 %, y para inicios de 2009, quince de veintiún países tenían gobiernos de izquierda o centroizquierda. Estos datos muestran la composición política de los gobiernos, no cómo se definía ideológicamente cada ciudadano (Blanco y Grier, 2013).
La denominada marea rosa representó una nueva etapa en la participación de las izquierdas en el ejercicio del gobierno. Muchas de sus victorias fueron posibles mediante alianzas con partidos tradicionales, sectores empresariales y fracciones de las élites económicas. En Chile, la Concertación articuló a socialistas, socialdemócratas y democratacristianos, posibilitando cuatro gobiernos consecutivos entre 1990 y 2010. En Brasil, Lula llegó a la Presidencia en 2002 mediante una coalición que incorporó al Partido Liberal y llevó a la vicepresidencia al empresario José Alencar.
Estas alianzas ampliaron las mayorías electorales, pero también introdujeron tensiones entre las aspiraciones de transformación social y los compromisos necesarios para sostener la gobernabilidad. Conquistar la Presidencia no significa necesariamente controlar los demás espacios de poder económico, institucional y cultural. De ahí que la alternancia gubernamental no siempre produzca modificaciones en la organización de la sociedad.
En este escenario adquiere importancia la creciente polarización ideológica. Paolo Moncagatta y Pedro Silva, al analizar diecinueve países latinoamericanos entre 2006 y 2019, encontraron que desde 2010 aumentó considerablemente la identificación ciudadana con la izquierda, mientras también creció, aunque de manera más moderada, la identificación con la derecha. Paralelamente disminuyeron las posiciones intermedias (Moncagatta y Silva, 2024).
La polarización contemporánea no puede atribuirse exclusivamente al fortalecimiento de las corrientes conservadoras. También expresa la ampliación de la presencia electoral e ideológica de las izquierdas y las fuerzas progresistas, que disputan espacios de poder históricamente controlados por las élites tradicionales. Esto no desconoce la aparición de nuevas expresiones conservadoras ni las transformaciones experimentadas por ambas corrientes frente a los cambios económicos, culturales y generacionales.
El problema aparece cuando cada resultado electoral se interpreta como una modificación profunda de la identidad ideológica de toda una sociedad. Una victoria conservadora puede reunir electores de derecha, ciudadanos desencantados con un gobierno progresista y sectores que buscan respuestas inmediatas a sus condiciones de vida. Del mismo modo, una coalición de izquierda puede recibir el respaldo de personas que no comparten integralmente sus postulados ideológicos.
Las sociedades latinoamericanas no abandonaron sus tradiciones conservadoras por haber elegido gobiernos progresistas, como tampoco desaparece la presencia social de las izquierdas cuando triunfan las derechas. La novedad histórica reside, en buena medida, en que las fuerzas tradicionalmente dominantes deben disputar el gobierno con corrientes políticas que han ampliado su presencia electoral, sus bases de apoyo y su capacidad de construir alianzas.
Las urnas muestran quién conquista el gobierno. No siempre revelan qué valores han conquistado a la sociedad.
Compartir esta nota