Ley Mirabal: Una deuda histórica con las mujeres dominicanas

Hoy leía con pavor que, en lo que va de 2026, se contabilizan 81 feminicidios en la República Dominicana. A esta cifra estremecedora se suman las 73,295 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales registradas por el Ministerio Público durante el año 2025. Las del año 2026 no han sido actualizadas en el portal web de la Procuraduría General de la República.

Y, sin embargo, estoy convencida de que estas cifras apenas muestran una parte de la realidad. Detrás de ellas existe un subregistro cuya magnitud desconocemos, alimentado por múltiples factores: casos que nunca se denuncian, deficiencias en los sistemas de recolección y clasificación de datos, limitaciones de los tipos penales, una comprensión todavía insuficiente de las distintas manifestaciones de la violencia de género y una respuesta institucional frecuentemente fragmentada.

Basta pensar en las amenazas y otras formas de violencia ejercidas mediante medios digitales, que no siempre son identificadas ni investigadas como expresiones de violencia de género, o en las investigaciones que prescinden de esta perspectiva y terminan desconociendo el contexto de dominación, control y desigualdad en el que se producen las agresiones. Estas deficiencias no solo distorsionan las estadísticas: también condicionan la protección que reciben las víctimas y las posibilidades de obtener justicia.

Pero incluso con ese subregistro, las cifras revelan una realidad desgarradora: la violencia contra las mujeres constituye una crisis estructural de nuestra sociedad, una verdadera pandemia, y pone en evidencia las graves limitaciones del Estado para prevenirla, enfrentarla y evitar sus consecuencias más irreparables.

Es precisamente frente a esta realidad que debemos examinar el proyecto de Ley Mirabal y responder a la siguiente pregunta: ¿Qué ofrece la Ley Mirabal respecto de la forma en que el Estado dominicano ha entendido y enfrentado históricamente la violencia contra las mujeres?

La relevancia de este proyecto, no consiste únicamente en la propuesta de un nuevo catálogo conductas punibles, sino también en la posibilidad de transformar una respuesta estatal históricamente fragmentada en una política integral de prevención, protección, atención, investigación, sanción y reparación de las violencias contra las mujeres.

De entrada conviene recordar que este proyecto de ley se sitúa en la condena constitucional a toda forma de violencia de género, con el mandato expreso de garantizar “mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer” (artículo 42.2 de la Constitución dominicana).

Su solo nombre evoca justicia. Llamarle “Ley Mirabal” tiene una profunda carga histórica, política y simbólica, pues refiere a las Hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, símbolos nacionales de valentía y de lucha, cuya memoria ha sido convertida en símbolo universal para erradicar la violencia hacia las mujeres al designar el 25 de noviembre -aniversario de su cruel asesinato- la fecha de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, oficializado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 mediante la Resolución 54/134. 

El objeto del proyecto de Ley Mirabal es precisamente “garantizar el derecho de las mujeres, en todas las etapas de su vida, a una vida libre de violencia y discriminación, así como el ejercicio efectivo de sus derechos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad”, en consonancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Para).

La Ley 24-97, aprobada hace casi treinta años, fue una conquista importante, un hito histórico, impulsada por los movimientos feministas y de mujeres dominicanas, pero su aplicación también evidenció limitaciones que, hasta la fecha, no han sido corregidas.  

Uno de los aportes que ofrece el proyecto de Ley Mirabal es precisamente una comprensión más amplia de las distintas formas en que se expresa la violencia hacia las mujeres, recogiendo otras manifestaciones como la violencia vicaria y la violencia digital.  Pero su más importante aporte es un modelo de respuesta integral que articule prevención, protección, atención, investigación, sanción y reparación. 

El proyecto no se limita a que haya una denuncia y se active el aparato de justicia para sancionar.  Se reconocen los derechos de las víctimas y de las sobrevivientes de violencia. Se reconocen como víctimas indirectas a hijos e hijas, familiares y personas dependientes de la víctima directa que sufran daño o afectación como consecuencia de la violencia ejercida contra esta.  

Uno de los aspectos más interesantes de la Ley Mirabal es su propuesta de colocar a las víctimas en el centro de la respuesta estatal, incorporando el principio pro persona como criterio de interpretación y aplicación. Esto plantea un cambio significativo respecto de la lógica tradicional del sistema penal dominicano, cuya arquitectura de garantías se ha desarrollado principalmente alrededor de la persona imputada y de la necesidad de limitar el poder punitivo del Estado.

No se trata, por supuesto, de debilitar la presunción de inocencia, el derecho de defensa ni ninguna otra garantía del debido proceso. Se trata de una aplicación efectiva del principio de protección reforzada, adoptado por el propio Tribunal Constitucional dominicano, que implica comprender que la protección de las mujeres, por la situación de vulnerabilidad y riesgo a la que se expone frente a la violencia machista, exige prevenir las violaciones a sus derechos y garantizar a las víctimas un acceso efectivo a la justicia mediante actuaciones oportunas, coordinadas y especializadas del Estado.  Esto, claramente supone también una transformación en la manera de concebir las responsabilidades estatales, pues el proyecto compromete también a las instituciones responsables de salud, educación, seguridad, políticas públicas de igualdad, entre otras.

No pretendo decir que se trata de un proyecto de ley perfecto, ni que será la solución definitiva al grave mal que nos asedia.  La efectividad de la ley dependerá de que se apruebe como está (o que se mejore, pero que nunca se moldee a intereses ajenos al problema que busca enfrentar), de que otras normas sean armonizadas con su espíritu e intención, de que se aprueben los presupuestos necesarios para su implementación, de que se capaciten a actores de todo el ecosistema responsable, de la voluntad institucional de cumplir con el mandato legal y de que se eduque a la población para que reconozca oportunamente la violencia y la denuncie (y esto último va a depender de la efectividad de todo lo anterior). 

El proyecto no es la cura a la enfermedad, pero sí una herramienta indispensable para enfrentar sus causas, atender sus consecuencias y evitar que siga cobrando vidas.  Una oportunidad para que el Estado deje de actuar únicamente cuando el daño ya está hecho y comience a intervenir antes de que sea demasiado tarde. Una respuesta necesaria frente a una deuda histórica con las mujeres dominicanas, que no pueden seguir pagando con sus vidas las insuficiencias del Estado.