El continente europeo, Estados Unidos y la República Dominicana coinciden en el fenómeno de las repatriaciones. Legalmente, los países y los continentes tienen derecho a defender su territorio, a salvaguardar su soberanía. Asimismo, tienen libertad para tomar decisiones de políticas que impliquen respeto a sus leyes. Los humanos con un juicio sano reconocen estos derechos y acogen las políticas que se aplican respetando la dignidad de las personas y de los pueblos. En este sentido, exigir que los gobiernos controlen la migración de sus ciudadanos es un derecho y es justo hacerlo.
Pero, la migración es un fenómeno humano imparable. Sus raíces son antiguas; su desarrollo no responde a la espontaneidad de los migrantes. Su incremento emerge de las desigualdades que existen en la geografía mundial, de las guerras y de las políticas excluyentes, cada vez más extendidas en el mundo. Obedece, además, a la ambición y concentración del poder económico y político de una minoría voraz e inhumana. La gente quiere y busca espacio para sobrevivir. La situación se torna difícil; y, ahora más, ante la paradoja puesta en escena entre migrantes que atacan y criminalizan a migrantes.
Las repatriaciones impactan la vida de los que sufren directamente esta situación. Es necesario que los gobiernos asuman su responsabilidad y arbitren los medios idóneos para preocuparse por la gente. Lo que se demanda es defensa y respeto a la vida de la mayoría. Unida a la vida, es necesario prestarle más atención a la educación de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes, hijos de personas repatriadas. Se está violentando su derecho a la educación y a un futuro más estable y seguro.
Las políticas de repatriaciones han de tener en cuenta la difícil situación que se les crea a los hijos de indocumentados. Para ello, los gobiernos han de tener una mirada más integral del impacto que producen las migraciones. Los niños, adolescentes y jóvenes caen al vacío cuando sus padres son repatriados. No estamos insinuando ni planteando que los indocumentados se mantengan en el país. Lo que cuestionamos es que no se diseñen políticas que tengan en cuenta la realidad de los afectados. Estos deben recibir la educación, pero se ven forzados a descontinuarla.
La irresponsabilidad de los gobernantes de los países de donde proceden los repatriados y de los gobernantes que repatrian agrava más la situación de los niños, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué no se ponen de acuerdo para que estos seres humanos no queden lacerados desde el punto de vista educativo? ¿Por qué tanta indiferencia con los que son el futuro de cualquier nación? ¿Por qué tanta inteligencia e innovación para unas cosas y tanta brutalidad para otra? Es tiempo de pensar y de revertir esta realidad para las personas señaladas.
Lo que se requiere es un nuevo diseño en las políticas que sostienen las repatriaciones. Ningún país debe quedarse impávido si lo invaden de forma silente o abruptamente. Ha de actuar, pero con directrices justas y humanas. Parece que esto no es posible; se percibe la aplicación de unas políticas concebidas parcialmente, sin perspectiva de integralidad. Abogamos por una revisión de las políticas de deportaciones. Estas no deben aplicarse sin tener en cuenta su incidencia en el desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes que, también, sufren la deportación.
Observamos, con pavor, que cada día la justicia se vuelve más líquida para los empobrecidos, para los orillados de la sociedad. Hemos de actuar para que la situación cambie; para que la justicia impere y la educación se preserve como un derecho sagrado para los que sufren deportaciones.
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