Cuenta Virgilio, en la Eneida, que cuando los troyanos encontraron un enorme caballo de madera frente a sus murallas, un sacerdote llamado Laocoonte les advirtió: «Temo a los griegos incluso cuando traen regalos». Nadie le hizo caso. La ciudad abrió sus puertas, celebró hasta tarde, y lo que pasó después ya lo sabemos.

No cuento esta historia para sugerir que Google o Nvidia sean caballos de Troya. No lo son. La cuento porque Troya no trata de la maldad de los griegos, sino de una ciudad que abrió las puertas sin preguntarse qué entraba ni quién tendría las llaves después.

En los últimos meses, la República Dominicana ha recibido regalos digitales que cualquier país envidiaría. Google invierte 500 millones de dólares en un puerto de intercambio digital en Cabeza de Toro, Punta Cana: un nodo abierto y neutral, con capacidad para cuatro cables submarinos, el primero de la empresa en América Latina, que nos conectará directamente con la costa este de Estados Unidos y con nuevas rutas hacia Panamá, Chile y Bermudas. Nvidia, la empresa que fabrica los chips que mueven la inteligencia artificial del mundo, firmó con el Gobierno un acuerdo para apoyar la estrategia nacional de IA, con una «fábrica nacional de IA» y la formación de más de mil profesionales. Y este mes, por decreto, el Estado aprobó un Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los servicios públicos.

El código, como informó este diario, no es poca cosa. Obliga a las instituciones a evaluar el impacto de los sistemas de alto riesgo, reconoce el derecho del ciudadano a saber cuándo una decisión administrativa se apoya en IA y prohíbe que una máquina decida por sí sola una condena penal. Bien. Pero es un decreto, no una ley: obliga al Estado mientras un próximo gobierno no decida otra cosa, y el consejo de ética que crea solo aconseja. Aprobamos primero la promesa de portarnos bien. Las obligaciones con consecuencias siguen esperando.

Hace dos años escribí en Plenamar, a propósito de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, una frase que hoy me gustaría poder retirar: «Nos entusiasma la ENIA, pero tememos estar expuestos». No puedo. La Ley de Gestión de la Ciberseguridad, que daría autonomía y presupuesto propio al Centro Nacional de Ciberseguridad, sigue sin aprobarse. Y el país firmó en octubre de 2025 la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, pero todavía no la ha ratificado.

Aquí entra una expresión que suena grandilocuente y es, en realidad, muy práctica: soberanía digital. No significa cerrarse al mundo ni fabricar nuestros propios chips. Significa algo más modesto y más difícil: que el país pueda decidir sobre sus datos, su infraestructura y sus reglas. Que sepa dónde están los datos de sus ciudadanos, bajo qué leyes y quién puede pedirlos.

Que el puerto sea abierto y neutral es una buena noticia. Pero conviene no confundir la autopista con el destino: nos acercará a la nube, y los grandes centros de datos a los que lleva seguirán, en buena medida, en Estados Unidos, bajo leyes como la Ley CLOUD de 2018, que permite a las autoridades de ese país pedir datos a sus empresas aunque estén guardados fuera. Y es curioso que el acuerdo con Nvidia se presentara como un paso hacia la «soberanía tecnológica y de datos». Quizá lo sea, siempre que esa fábrica de IA funcione con reglas, datos y talento que podamos controlar. La soberanía no se recibe en un memorando de entendimiento; se construye con leyes, instituciones y gente capaz.

Hay, además, una pregunta inmediata. Si mañana ocurre un ciberataque grave contra una infraestructura instalada en nuestro territorio, ¿quién responde, con qué autoridad, con qué presupuesto y con qué cooperación internacional? Sin la ley de ciberseguridad y sin la ratificación de la convención, la respuesta honesta es: con buena voluntad. El caballo ya está entrando y las murallas siguen en construcción.

¿Qué haría falta?

  1. Primero las murallas, después la fiesta. Aprobar la Ley de Gestión de la Ciberseguridad antes de inaugurar la nueva infraestructura, no después.
  2. Ratificar con garantías. La convención de la ONU facilita la cooperación entre países para perseguir delitos, pero organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil han advertido riesgos para la privacidad y la libertad de expresión. Ratificarla, sí, con salvaguardas claras en la ley nacional.
  3. Un contrato de soberanía. Que los acuerdos con las grandes tecnológicas digan por escrito dónde se guardan los datos públicos y bajo qué jurisdicción, qué capacidades se transfieren a técnicos dominicanos, de dónde sale la energía y cómo se audita. El propio código ya exige a los proveedores del Estado trazabilidad y auditoría; falta llevar esa misma lógica a los grandes acuerdos con Google, Nvidia y quienes vengan después.
  4. Del código a la ley. Convertir los principios del código de ética en una ley que sobreviva a los cambios de gobierno y le dé dientes a quien supervisa.

Laocoonte no pedía rechazar el caballo por odio a los griegos. Pedía revisarlo antes de abrir las puertas. Esa es la soberanía que necesitamos: no la de quien desconfía de todo regalo, sino la de quien sabe qué entra en su casa y conserva las llaves.

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Texto elaborado con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Fuentes

Virgilio, Eneida, libro II.

Decreto 787-26 que aprueba el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos (Presidencia de la República, noviembre de 2026).

Presidencia de la República, «Google construirá un puerto internacional de intercambio digital en RD» (febrero de 2026; Decreto 113-26), y Google Cloud, «Introducing Americas Connect».

Memorando de entendimiento entre el Gobierno dominicano y Nvidia para la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (14 de octubre de 2025).

Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (firmada por la República Dominicana el 25 de octubre de 2025).

Estados Unidos, Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (Ley CLOUD, 2018).

Osvaldo Larancuent, «Riesgos de seguridad cibernética en el marco de la ENIA», Plenamar, 2024.

Osvaldo Larancuent

Profesor

Osvaldo Larancuent es ingeniero de sistemas, con estudios de posgrado en economía, diplomacia y transformación digital, y profesor del INTEC. Es consultor de O. Larancuent Consulting (OLC), firma de soluciones digitales en facturación, comercio electrónico y gestión contable. Las opiniones expresadas son personales. En X e Instagram: @olarancuent.

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