Hay problemas nacionales cuya solución constituye un real desafío porque escasean los recursos económicos para poder resolverlos, hay otros como es el caso de la educación que la experiencia ha demostrado que no solo con recursos económicos pueden solucionarse, y algunos que para resolverse más que de inversiones y recursos requieren de voluntad para aplicar la ley y autoridad para ejercerla sin miramientos, como es el caso del tránsito.

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) ha demostrado de forma patética que hacer una reforma en el papel, como la Ley 63-17 de Movilidad y Transporte, y crear nuevos organismos de nombres rimbombantes como esta hizo de nada sirven, si los funcionarios a cargo prefieren andar por las ramas y por temor al costo político, desidia, incompetencia o comodidad le huyen a atacar el fondo del problema con el objetivo de remediarlo.

El caos en el tránsito ha ido de la mano con el caos en el desarrollo urbano de la ciudad de Santo Domingo y de otras del país, y así como las edificaciones han crecido sin la debida planificación y correcta visión, sin un riguroso cumplimiento de la ley y un manejo irresponsable de autoridades y en muchas ocasiones también de constructores y de ciudadanos que se adueñan del espacio público, el parque vehicular ha crecido exponencial y desorganizadamente no solo porque cada año se suman más vehículos producto del crecimiento económico, sino porque no ha existido una inspección vehicular que retire de circulación los que no califican, y tampoco ha existido el cedazo de la aplicación de las reglas que haga que el costo de pagar un seguro de responsabilidad civil, la matrícula y el mantenimiento necesario para pasar la prueba del registro anual como condición de los neumáticos, frenos, equipos de seguridad, surta el efecto de sacar a los que incumplan, y por el contrario bajo el manto protector de supuestos sindicatos se fueron acumulando  vehículos sin condiciones mínimas para transitar y mucho menos para transportar personas y carga, y conductores no aptos para asumir esa misión.

Distintos gobiernos se fueron olvidando de regular el tránsito y el transporte público, fueron tolerando incumplimientos y cediendo a muchas presiones con tal de desactivar huelgas otorgando prebendas y aupando liderazgos, y sin darse cuenta alimentaron un problema que hoy se ha convertido en la mayor fuente de irritación de la población, y a cuya solución le temen porque saben que aplicar la ley es atacar intereses de choferes, de sindicatos, de líderes sindicales que pasaron a ser cuadros políticos, de humildes padres de familia, de poderosos que se creen por encima de la ley.

Lo primero que deberían hacer las autoridades del transporte, las actuales y las pasadas es  un mea culpa por todo lo que no se ha hecho y lo que se ha hecho mal, y comprender que la única forma de resolver este angustiante problema es aplicar la ley, pero de forma igualitaria para todos, y comprender que mientras no estén dispuestas a hacerlo y en las narices de los agentes del tránsito manadas de motoristas violenten la luz roja y todas las señales y reglas de tránsito, la imposición discrecional de multas a las presas fáciles lo único que hace es erosionar su poca confianza.

Lamentablemente es pura cosmética las acciones como la anunciada por la DIGESETT de que medirá la velocidad en las carreteras mediante radares digitales que impondrán multas sin que los agentes tengan que detener los vehículos, claro está a los que tengan placa, muchos de los cuales estarán dispuestos a coleccionarlas porque no tienen el temor de perder puntos y su licencia como consecuencia, o la informada por el INTRANT de que inició consultas regionales para la elaboración de un plan nacional de seguridad vial. El partido de gobierno y la oposición que en la recién pasada campaña electoral reaccionaron ágilmente para desmentir el primero, y sacar provecho la segunda, la supuesta calificación de plagas de los motoristas, reuniéndose con sus sindicatos y dándoles mayor prevalencia, deben comprender que la verdadera plaga que nos está afectando es la falta de aplicación de la ley, y que el que tenga la voluntad de aplicarla y de asumir con firmeza la solución al caos del tránsito, hará ganar salud física y emocional a toda la población y reducirá las cifras de muertes y heridos por accidentes, y los niveles de violencia y de ilegalidad en nuestra sociedad, y aunque haciéndolo pierda algunos apoyos y votos, será mucho más lo que sume,  y sobre todo lo que gane el país.

Marisol Vicens Bello

Abogada

Socia de Headrick Rizik Alvarez & Fernández desde el año 2000. Miembro del Comité Ejecutivo del CONEP, Asesora legal de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Fue presidente de COPARDOM y de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

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