“Se desplomó un país de costumbres débiles, se derrumbó la cultura del eso aguanta, se vino abajo el “a mí no me toca hacer eso” y quedó al desnudo lo que por años hemos normalizado: El riesgo, la chapucería y la indiferencia. Porque el techo del Jet Set no cayó por una simple grieta en el concreto, cayó porque hemos normalizado el riesgo, cayó porque nos acostumbramos a decir eso no es mi problema, hasta que nos toca”-Julio Sánchez Mariñez, rector de INTEC.
Junto al Decreto 715-01, que creó la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE) —dispositivo que abordamos en la entrega anterior—, la República Dominicana cuenta con otro pilar legal para evitar tragedias como la del Jet Set: la Ley 687-82 (Gaceta Oficial No. 9593, 27 de julio de 1982), que instituye el Sistema de Reglamentación Técnica. Bajo este marco, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cobija dos órganos de funciones muy concretas: la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines, responsable de trazar la política normativa, y la Dirección General de Reglamentos y Sistemas, encargada de elaborar, coordinar y vigilar la aplicación de reglamentos y normas en cada fase de obra.
Al sumar la ONESVIE, disponemos de tres instancias con misiones —en teoría— perfectamente delimitadas, sin incluir el reciente Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Ley 160-21), cuyas competencias refuerzan la preservación y seguridad de las infraestructuras, articulando acciones preventivas y evaluativas en materia de construcción y mantenimiento.
¿Qué son los reglamentos técnicos?
Según la OMC, son documentos que fijan las características de un producto o proceso —incluidas disposiciones administrativas— cuyo cumplimiento es de carácter obligatorio. No se limitan a describir métodos: incorporan procedimientos de evaluación de la conformidad (ensayos, inspecciones, calibraciones, certificaciones), establecen sanciones por incumplimiento y asignan responsabilidades claras a la autoridad reguladora.
A sus 43 años de vigencia, la Ley 687-82 subraya la importancia de requisitos y criterios de calidad en todas las etapas: diseño, construcción, supervisión y mantenimiento. Los parámetros objetivos y bien definidos reducen variaciones, minimizan riesgos y facilitan la tarea de supervisión mediante indicadores cuantificables.
El sistema exige evaluaciones periódicas a través de inspecciones y auditorías técnicas que detecten a tiempo cualquier deterioro. Si hoy esas auditorías se nutrieran de los avances científicos y tecnológicos disponibles, permitirían que las medidas preventivas respondan a la realidad de uso y se actualicen con nuevas metodologías.
Un componente crucial es el catálogo de sanciones. Al constatar incumplimientos, la autoridad puede ordenar correcciones inmediatas y aplicar multas proporcionales, desincentivando la negligencia y consolidando una auténtica cultura de calidad —tema sobre el que tanto insistimos entre 2006 y 2010—. La ley, además, obliga a documentar y publicar los resultados de las evaluaciones, promoviendo trazabilidad, control ciudadano y vigilancia de organismos independientes.
Sin embargo, los dominicanos desconocemos qué hacen —y cómo lo hacen— las autoridades competentes. Peor: los organismos implicados rara vez conocen los resultados del trabajo de sus contrapartes, allanando el camino para el desconcierto y la ausencia de planificación cuando sobrevienen tragedias estructurales.
La Ley 687-82 también impone capacitación continua a constructores, profesionales, técnicos e inspectores, a fin de incorporar innovaciones, enfrentar nuevos retos y adoptar mejores prácticas en seguridad estructural.
En síntesis, este dispositivo legal puede no solo prevenir accidentes; al exigir la formulación y aplicación de las normas pertinentes, auditorías constantes, rendición de cuentas y formación permanente, puede erigirse en pilar fundamental para proteger vidas y reforzar la confianza en el Estado y el sector privado.
Un examen serio del grado de aplicación de la Ley 687-82 y del Decreto 715-01 revela que el problema no radica en promulgar más leyes, sino en articular instituciones que hoy funcionan como compartimentos estancos, muchas veces inertes o, en el mejor de los casos, claramente deficientes. Urge orquestar una sinfonía técnica y administrativa en la que cada entidad cumpla su mandato y comparta información en tiempo real.
Alcanzar esa sintonía tras cuatro décadas de desapego parece quimérico. Por eso resuenan las palabras del rector y buen amigo Julio Sánchez Maríñez:
La cultura de lo provisional hecho eterno; la mentalidad del relajo disfrazado de viveza; el país donde se improvisa primero y se lamenta después. El problema no es solo el concreto que se parte, es el corazón social que se ha agrietado de tanto abandono.
La caída del techo del Jet Set confirma —con brutal claridad— años de dejadez e incumplimiento que normalizaron el riesgo, la chapucería y la indiferencia.
Si no reforzamos estas instituciones ni exigimos la vigencia real de las normas, las tragedias se repetirán. Las leyes adquieren sentido solo cuando se traducen en inspecciones competentes, sanciones ejemplares, rendición de cuentas y formación continua. De lo contrario, son mero adorno de una democracia disfuncional, y todos nosotros simples testigos mudos. Y no se trata de presentar, a la carrera, un nuevo proyecto de ley para aparentar compromiso —como hizo recientemente la FP—, sino de hacer cumplir las reglas que llevan más de cuarenta años esperando voluntad política.
¿De qué sirven las normas si no hay quien las haga valer?
El próximo techo bajo el que celebremos un logro académico, social o comunitario no puede convertirse en una trampa mortal. Hacer efectivas cada regla y vigilarlas con rigor, y lograr que los organismos competentes actúen en perfecta sintonía elevando a una prioridad de primer orden la cooperación técnica entre ellos, es un deber compartido entre ingenieros, autoridades, empresarios y ciudadanos. Solo así honraremos la memoria de quienes perdieron la vida aquel fatídico día de abril, transformando el dolor en compromiso real con la seguridad y la prevención.
¿Seremos capaces de vencer la magia negra del desorden, el déficit crónico de autoridad y el polvo tóxico acumulado en cuatro décadas de normativas ignoradas? La respuesta definirá si aprendemos, de verdad, la lección que aún arde entre los escombros del Jet Set.
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