El sistema vigente de pensiones de la República Dominicana para los empleados fuera del sector público se fundamenta en la existencia de las AFPs (Administradoras de Fondos de Pensiones), las cuales obligan a los empleadores a afiliar a sus empleados a una de estas, con el fin de garantizar la estabilidad económica del trabajador después de la culminación de su vida laboral. Este sistema se respalda legalmente en la Ley 87-01 sobre seguridad social de la República Dominicana. Las AFPs existentes en el país son AFP Siembra, AFP Romana, AFP Reservas, AFP Popular, AFP Crecer, AFP Atlántico y AFP JMMB BDI, que, según la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), manejan hasta septiembre de 2024 un patrimonio de RD$1,064,621,917,011, unos 4,964,764 afiliados y una rentabilidad anual promedio del 9.54%.

Ángel Martínez, autor de este artículo

El sistema de AFP de la República Dominicana recibe muchas críticas, principalmente por la imposibilidad de que las administradoras inviertan en el extranjero, estando limitadas exclusivamente a productos nacionales. Además, el bajo porcentaje de aporte no asegura una pensión del 70% u 80% del último salario del trabajador. Para ponerlo en perspectiva, el sistema actual de pensiones establece que el empleado aporta un 2.87% y el empleador un 7.1%, que se destinan a la AFP para que esta lo maneje e incremente su valor; lamentablemente, este monto resulta insuficiente para una persona mayor que ya no puede trabajar.

Por ejemplo, si una persona promedio se afilia a una AFP a los 30 años, tomando como referencia el salario promedio cotizable según la Tesorería de la Seguridad Social, que es de aproximadamente RD$35,402 mensuales, y asumiendo una rentabilidad anual promedio del 9.54% sin incluir el crecimiento salarial, aportará RD$1,016, y la empresa en la que trabaja aportará RD$2,513, sumando un aporte total de RD$3,529 mensuales. Si esta persona decide retirarse a los 60 años, encontrará que el monto acumulado que tendrá después de todos estos años será de aproximadamente RD$7,236,570, una cantidad que no cubrirá adecuadamente sus necesidades como persona jubilada.

Si bien en este cálculo se omiten factores como el crecimiento salarial, ingresos adicionales, herencias, ahorros o inversiones propias que el empleado pudiera realizar, en muchas ocasiones esto no ocurre. Además, algunos empleados pueden evitar el pago de estas cotizaciones, trabajar en la informalidad o bien nunca unirse a una AFP. Sin embargo, para aquellos que sí confían en el sistema de pensiones, debería existir una estructura que recompense esa confianza, garantizando una pensión digna que represente al menos el 70% de su último salario.

Si vemos a otros países de la región como Chile; la pionera en la región que creó su sistema en el 1980 que es considerado el país de América Latina con el mejor sistema de pensiones, Uruguay; que mantiene un sistema mixto de reparto administrado por el Estado y otro administrado por entidades privadas dándole mayor flexibilidad y beneficios a los jubilados, y México; cuyo sistema de AFP ha tenido mejoras constantes en los últimos años que ha resultado en un notable avance comparado con los periodos anteriores. Todos estos países ejemplares comparten la cualidad de permitir a las administradoras de fondos de invertir capital en el exterior, aunque con ciertas restricciones y límites establecidos por las regulaciones locales, ¿No sería mejor para el país tomar ejemplo de aquellos países y adaptar sus modelos a algo que pueda funcionar en nuestro país? La tarea de la AFP no es nada sencilla, pero comenzando es que se termina logrando.

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