Desde el surgimiento de las repúblicas modernas, asociamos el concepto de democracia al de la soberanía popular. Y puesto que esta no puede ser ejercida de modo directo, del referido supuesto se deriva, entre otros problemas no menos importantes, el procedimiento para elegir y reemplazar a los gobernantes.
En sentido general, las democracias occidentales eligen y sustituyen a sus representantes mediante el voto directo. Este procedimiento permite el ejercicio de la voluntad popular, aunque condicionada por modelos económico sociales que promueven la inequidad de oportunidades en el acceso a las instancias de poder.
No obstante, con todas sus limitaciones, este modelo es preferible a la tiranía, donde un individuo o clan familiar concentra el poder absoluto erigiéndose en un dios sobre el resto de sus conciudadanos.
A diferencia de la tiranía, la democracia potencia las cualidades de sus ciudadanos. En una dictadura, la ciudadanía está sometida al control de su vida, coaccionando sus decisiones de pensar, crear y actuar. Además, como la falibilidad humana no es ajena a los gobernantes, las democracias permiten enmendar los errores mediante la crítica de la opinión pública y el reemplazo pacífico de los gobernantes incompetentes. Es lo que señaló Karl Popper al destacar que en una sociedad abierta no podíamos elegir gobernantes perfectos, pero sí descartar a los gobernantes incompetentes.
Ciertamente, este es el antídoto inherente a las democracias contra las gestiones fallidas. Los gobiernos democráticos pueden fracasar en sus políticas económicas, sociales o de seguridad, pero pueden rectificar mediante la crítica, las negociaciones y el conflicto entre los intereses de los distintos colectivos que conforman una sociedad plural. Además, siempre podrán ser reemplazados hasta que encontremos administraciones más eficientes.
Retomo estas ideas conocidas en estos tiempos donde figuras autoritarias de la región se disfrazan de nuevos demócratas o “demócratas outsiders”. Bajo el argumento de que no pertenecen a la casta política tradicional y que, por tanto, no comparten sus vicios, acceden al poder mediante el voto popular y desde las instituciones aspiran a perpetuarse de modo indefinido.
Los tiranos tienden a no reconocer sus errores porque, o bien se creen infalibles, o bien temen que aceptar sus fallos los muestre débiles, incentivando al cambio político. Ven en el cuestionamiento un signo de rebelión y reniegan de las leyes y los poderes que limitan el abuso de autoridad. Aspiran a destruir los limites espaciales y temporales constitutivos de una sociedad democrática. Por eso, sus intereses son contrarios al bien común, aunque afirmen descaradamente que todas sus acciones responden al bien de la nación.
Pero es contradictorio que personas falibles elijan gobernantes infalibles, como lo es que la convivencia humana dependa del establecimiento de límites que esos mismos gobernantes pretenden erradicar.
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