A principios del año 1820 el entonces presidente de Haití, Jean Pierre Boyer, planificaba la invasión a Santo Domingo logrando su objetivo en 1822, eventualidad que perduró por veintidós años. Durante este período hubo despojos de tierras a los dominicanos.
Después de ese largo lapso, los dominicanos logran independizarse de Haití el 27 de febrero de 1844. Sin embargo; las disputas entre ambas naciones continuaron, desencadenándose un sinnúmero de batallas, al parecer las problemáticas de las naciones vecinas siguen hasta la fecha, y no de la mejor manera.
Actualmente, el vecino país de Haití ha estado sumergido en una crisis política, social y económica durante muchos años, pero se agravó con el asesinato del entonces presidente de esa nación, Jovenel Moiise, en 2021, lo que ha provocado migraciones irregulares hacia República Dominicana, en la que el gobierno se ha pronunciado ante la comunidad internacional para juntos resolver las dificultades que sufre esa nación y que perjudica al país dominicano.
El presidente constitucional de la República, Luis Abinader lo afirmó de la siguiente manera: “O luchamos juntos para salvar a Haití o lucharemos solos para proteger a República Dominicana”. La comunidad internacional no ha actuado ante esta advertencia del presidente. Debido a la irregularidad migratoria, el Estado dominicano ha impuesto fuertes regulaciones.
Sin embargo, han tildado a los dominicanos y al gobierno de anti-haitiano, racista y de anti- humanitario, pero en realidad el Estado dominicano ha sido solidario con el vecino país, en la que les han dado acceso a los servicios públicos que pagan los dominicanos con sus impuestos para financiarlos.
De acuerdo con estadísticas del ministerio de Educación: la matrícula de haitianos en el sistema de educación pública aumentó un 83% entre el 2018 y 2023. Además, durante el período gubernamental 2004-2012, se les construyó una universidad con un costo de treinta millones de dólares; entonces, ¿Haría esto un país racista?
Ahora bien, República Dominicana, como Estado libre e independiente, tiene leyes, una constitución que cumplir y respetar. De acuerdo con el artículo diez de la constitución de la República: “Se declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la Zona Fronteriza, su integración vial, comunicacional y productiva, así como la difusión de los valores patrios y culturales del pueblo dominicano”.
El gobierno tiene todo el derecho de establecer políticas migratorias y de deportación para quienes estén irregularmente en República Dominicana, teniendo al pueblo dominicano como prioridad. Asimismo, el artículo once establece lo siguiente:
“El uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bornes fronterizos utilizando puntos geodésicos, se regulan por los principios consagrados en el Protocolo de Revisión del año 1936 del Tratado de Frontera de 1929 y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito con la República de Haití”
El tratado de 1929 se firmó con el entonces presidente de la República, Horacio Vásquez, y presidente de Haití, Luis Bornó, dicho tratado surgió debido a que no existía una línea fronteriza definitiva entre ambos países, entonces como conclusión de sus negociaciones se firma ese tratado fronterizo el 21 de enero de 1929, que contemplaba el señalamiento detallado de la línea fronteriza entre ambas naciones desde el río Dajabón por el norte hasta el río Pedernales en el sur. Según la constitución actual dominicana, este acuerdo fronterizo, que se ratificó en 1936, sigue vigente.
Por otra parte, la ley general de migración 285-04 que establece en su primer artículo lo siguiente: “La presente ley ordena y regula los flujos migratorios en el territorio nacional, tanto en lo referente a la entrada, la permanencia y la salida, como a la inmigración, la emigración y el retorno de los nacionales”. De igual manera, el segundo artículo de dicha ley también establece lo siguiente:
“La presencia de los extranjeros en territorio nacional se regula con la finalidad de que todos tengan que estar bajo condición de legalidad en el país, siempre que califiquen para ingresar o permanecer en el mismo, para quienes la autoridad competente expedirá un documento que le acredite tal condición bajo una categoría migratoria definida en esta ley, cuyo porte será obligatorio. Los extranjeros ilegales serán excluidos del territorio nacional bajo las normativas de esta ley”.
Por lo tanto, racismo, hacer cumplir nuestra constitución y nuestras leyes no son lo mismo, porque Haití no es un color es una nación, en la que en su constitución establece el jus sanguinis, que significa que la identidad es adquirida por derecho sangre; es decir, que donde quiera que nazca la persona de padres haitianos es de esa nacionalidad, tal y como lo establece el artículo once de la constitución haitiana. Por esta razón, es un falso alegato lo que han afirmado ciertos organismos internacionales de que en República Dominicana hay apatridia.
Se entiende que la crisis de Haití es un tema bastante delicado que requiere de una buena estrategia diplomática, pero hacer cumplir nuestras leyes, defender nuestra soberanía y defender nuestra constitución no es racismo.
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