Desde la expropiación de la venganza privada bajo el contrato social, hemos aceptado que los conflictos sean resueltos ante tribunales judiciales por actores imparciales que tienen la última palabra en su solución. Esto no implica que la sociedad se queda sin mecanismos legítimos para fiscalizar el cómo se imparte justicia.
Ese deseo de “justicia por mano propia”, no obstante, se mantiene siempre a flote y cuando se lleva a cabo las implicaciones pueden ser muy serias. Los medios de comunicación y, en particular, las redes sociales, son hoy la plaza pública donde se acusa con pruebas falsas o manipuladas y se da muerte moral a cualquiera.
El clamor social entroniza al derecho penal, que debe ser la última ratio, como la panacea ante la delincuencia común y la compleja, llegando incluso a defender actuaciones ilícitas por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley e instigando a que se emplee aún mayor “mano dura”.
Queda desdibujado el fin del proceso penal en el imaginario colectivo, y el debido proceso se convierte en la principal traba para la “persecución eficaz del crimen”. De ese populismo penal es que surgen las reformas legislativas al vapor, así como el índice de prisión preventiva que hoy exhibimos.
La opinión pública exige inmediatez en la caza del enemigo, invirtiendo en su narrativa mediática los roles procesales y volándose los principios que rigen el sistema penal acusatorio. Tampoco importan las reglas de exclusión, es decir que toda supuesta prueba vale.
Aunque la sentencia firme devenga en absolución, el linchamiento público genera un daño moral (y hasta económico) de difícil reparación que marcará de por vida. A su vez, ese juez(a) que, en buen derecho, desafía el clamor se enfrenta a lo mismo. Ejemplos sobran.
No se cuestiona el valioso contrapeso que ejerce la sociedad cuando se trata de denunciar la impunidad y la corrupción, y de exigir transparencia en los procesos. La justicia abierta como control del poder punitivo debe ser defendida en una democracia pero respetando las reglas que ya han sido acordadas.
El desafío es mantener al sistema, aunque medianamente, blindado frente a las emociones del colectivo. Recordemos que las garantías procesales tienen un por qué histórico y que son conquistas que nos amparan a todos.
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