Las cosas parecían ir bien cuando los pilotos entraron a la zona de control de la República de Guinea. El control de tránsito aéreo les dio la bienvenida y les pasaron de controlador a controlador, hasta que llegaron a la torre de control (generalmente uno de los últimos puntos en la cadena de control, y ya durante el apresto a aterrizaje). Es ahí cuando se enteran de que hay un problema con “el papeleo”, pues el controlador les pide el número de permiso de aterrizaje (aquel trámite anormal, que se supone que la compañía de planificación había hecho), pero ellos no lo tienen.
El controlador les ofrece entrar en un patrón de espera mientras buscan la información, pero esta aeronave no contaba con sistema de comunicación satelital, por lo que era imposible comunicarse con la empresa planificadora. El capitán Schlenker se plantea la idea de irse al aeropuerto alterno que tenían en su plan de vuelo (Nigeria), pero el controlador les da el permiso de aterrizaje y deciden continuar hacia su destino original en Conakri (tercer error).
Al aterrizar y abrir las puertas, se encuentran con una situación que les cambiará la realidad completamente: están rodeados por un contingente de entre 80 a 100 efectivos militares, fuertemente armados, apuntándoles con armas largas. Son todos detenidos, siendo los pilotos llevados a la estación de policía y el señor Kelton y su familia a un hotel, en calidad de arresto domiciliario.
La odisea
Es allí donde se dan cuenta de que se enfrentan a una situación sumamente compleja, en un país que desconocen y desconectados de la persona que inicialmente los contrató para este trabajo. Las autoridades los retienen en la estación de policía por varios días, realizando varios interrogatorios, sin precisar cuál es la razón de la detención. Luego son movidos a la prisión estatal, donde se les presenta por primera vez una acusación formal: han violado el espacio aéreo de la República de Guinea, así como su seguridad nacional, al no contar con el famoso permiso de aterrizaje.
Los pilotos están completamente anonadados, y luego de más de una semana detenidos y varios interrogatorios, han descubierto que el simple error de papeleo ha llevado al gobierno de Guinea a tratarlo como un tema criminal y de seguridad nacional, en lugar de verlo como un tema administrativo. Les dan permiso para contactar a sus embajadas, por lo que llaman a la embajada de Estados Unidos en Guinea, la cual les realiza una visita y simplemente les ofrece una lista de abogados para que escojan alguno. Tras varios días de trámites, escogen a un equipo de abogados locales; la familia de Fabio Espinal contacta con el Lic. Cesar Polanco, abogado y amigo de la familia en Santo Domingo, quien acepta el caso e inicia una serie de acercamientos al gobierno dominicano.
Mientras tanto, los pilotos vivieron una verdadera odisea en la prisión, incluyendo un motín donde se reportaron por encima de 30 muertos, temiendo por sus vidas durante los tiroteos en los pasillos y el gas lacrimógeno que llenó su celda. Abandonados por su abogado local, vivieron meses de incertidumbre y poca comunicación con sus familias, mientras las autoridades les cambiaban constantemente la calificación de sus acusaciones, pasando de lo penal a lo administrativo y vice versa en una serie de atrasos burocráticos, impuestos para darle largas al asunto.
El desenlace
El Lic. Cesar Polanco decidió que la mejor forma de realizar su trabajo no era coordinar con los abogados guineanos desde República Dominicana, sino trasladarse directamente a Guinea y trabajar el caso en persona con el equipo de defensa local. Luego del periplo que toma el trasladarse desde el Caribe hasta África, el Lic. Polanco logró trabajar con el equipo legal para inicialmente variar la medida de coerción, de prisión a arresto domiciliario, el cual fue asignado a un hotel local.
Dentro de la desesperación de las familias de los pilotos, se contrató los servicios de empresas privadas norteamericanas, especializadas en el rescate de norteamericanos apresados de manera irregular en el extranjero, así como la participación de organizaciones sin fines de lucro, dedicadas a apoyar a ciudadanos norteamericanos en igual situación. El primer grupo creó un ambiente de tensión entre las familias, pues se temía que cualquier acción de intento de rescate armado pudiera desencadenar en empeorar la situación legal de los pilotos, o peor aún, causar la muerte o heridas de estos.
Pero, por suerte, unas semanas después se logró que las autoridades aceptaran variar la medida, una vez más, hacia libertad pura y simple, tras el pago de una multa de $45,000 dólares por parte de cada piloto, y con ello se logró que ambos regresaran a casa. Este desenlace no se debió solo al uso de la lógica jurídica, sino más bien a la combinación de lo legal con lo diplomático a través de la embajada de los Estados Unidos, y los trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana (que no cuenta con una embajada en el país). En el caso de la embajada estadounidense, no había un embajador designado, sino más bien un chargé d’affaires, quien funge como jefe de misión.
En definitiva, esta fue una situación altamente compleja y traumática para estos pilotos que, como parte de su profesión, cayeron en las manos de un jefe claramente irresponsable, que no solo les metió en este enorme problema, sino que al día de hoy aún les debe buena parte de los gastos de toda esta travesía. Debe quedar como una lección para todo piloto contratista, así como para los gobiernos dominicano y estadounidense, la fragilidad del derecho internacional público ante este tipo de situaciones.
Propondría un subtítulo diferente para esta segunda parte: "Las experiencias de los pilotos en Guinea pasaron desde lo meramente burocrático hasta atentados contra su vida propia."
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