El reciente y controvertido conflicto escenificado en el Hospital Regional Ing. Luis L. Bogaert de Mao, provincia Valverde, ha desnudado, una vez más, las contradicciones institucionales y los vacíos legales que arrastra el sector salud en la República Dominicana. El sometimiento al Tribunal Disciplinario del CMD a su director, un gineco-obstetra, que presuntamente ofreció consultas de cardiología para mitigar el desamparo de los pacientes durante un paro de labores, pone sobre la mesa un debate medular; es una encrucijada jurídica y ética que la sociedad dominicana, y muy especialmente el Congreso Nacional, no debe seguir postergando: la insostenible dualidad operativa del Colegio Médico Dominicano (CMD).
Para legislar con eficiencia, primero es mandatorio llamar las cosas por su nombre. La cruda realidad es que el Colegio nunca ha sido verdaderamente un colegio, porque la estructura de la otrora Asociación Médica Dominicana (AMD) jamás lo ha dejado serlo. En el año 2003, como médico legislador, me tocó la alta responsabilidad de debatir y apoyar la aprobación de la Ley 68-03. Sin embargo, recuerdo con total nitidez que en aquel momento levanté mi voz para hacer una advertencia firme sobre lo que hoy estamos viviendo.
Comparto hoy una revelación histórica entre bambalinas de aquella ley: en los debates originales, se insistía con fuerza en que la nueva institución llevara las siglas de «CMD-AMD», buscando mantener viva la Asociación Médica Dominicana dentro del nuevo organismo. Frente a esa persistente confusión, fui quien plantó una postura clara de pureza institucional; les advertí que el deseo legítimo de la clase médica debía ser crear un verdadero Colegio Médico con todas las prerrogativas de la excelencia, ética y regulación que ello conllevaba. Por esta razón, fui quien propuso quitarle las siglas de la AMD, bajo criterio de que el brazo sindical debía buscar su propio curso independiente o seguir siendo lo que era hasta entonces, permitiendo que la nueva institución estuviera libre de ataduras gremiales, tal como la sociedad necesitaba. No se trataba de cambiar el nombre en el papel sin separar las funciones, porque íbamos a mudar intactos la cultura sindical de choque y los vicios de la antigua AMD bajo el nuevo ropaje institucional. Lamentablemente, aunque ganamos la batalla del nombre recortándolo a un solitario «CMD», las dinámicas corporativas terminaron fusionando ambos mundos en la práctica, metiendo el alma del sindicato dentro del cascaron del Colegio.
El tiempo me ha dado la amarga razón. Bajo un mismo sello gomígrafo conviven hoy dos almas incompatibles: el Colegio (corporación de derecho público delegada por el Estado para regular la profesión y proteger a la sociedad) y el Gremio (sindicato laboral enfocado en la legítima defensa laboral frente al empleador estatal). Cuando aprobamos la colegiación obligatoria en el artículo 3 de la ley, el espíritu del legislador era establecer un filtro de excelencia académica y moral. Pero la gran distorsión histórica ocurre cuando las herramientas coercitivas que el Estado le otorgó al Colegio son secuestradas para fines tácticos del Sindicato. Es un contrasentido alarmante que el Tribunal Disciplinario del CMD sea utilizado hoy como un garrote político para castigar al médico altruista que decide no abandonar a sus pacientes durante una huelga. Utilizar el monopolio legal del derecho al trabajo para coaccionar la libertad individual desnaturaliza la ley y toma como rehén a la población más vulnerable.
El caso de Mao es un ejemplo perfecto de este choque de trenes. Por un lado, el director del centro actúa en calidad de gerente obligado a garantizar los servicios mínimos del Estado. Por otro lado, el CMD lo procesa como un médico rebelde a las directrices de su asamblea sindical. Pero el asunto se complica un poco más: si un gineco-obstetra se ve forzado a dar consultas de cardiología debido al vacío ocasionado por la huelga, se pone en riesgo la seguridad del paciente y se coquetea con el intrusismo profesional. Es el sistema mismo el que empuja al médico a una zona de penumbra legal.
Esta confusión de los roles ha provocado un éxodo silencioso. Los médicos más prestigiosos del país, los grandes investigadores y académicos brillan hoy por su ausencia en las asambleas del colegio. Se han replegado a sus respectivas sociedades médicas especializadas porque no se sienten cómodos con metodologías de protestas que colisionan con el Juramento Hipocrático. Son estas sociedades las que hoy sostienen el rigor científico del país, operando casi al margen de una directiva matriz centralizada en el conflicto laboral. Asimismo, esta dualidad neutraliza la competencia legal del CMD como principal asesor del Estado en materia sanitaria. Resulta utópico que el Ministerio de Salud Pública pueda articular políticas públicas vinculantes con una entidad con la que se encuentra en perenne beligerancia laboral por un aumento de sueldo.
La solución definitiva no radica en debilitar al cuerpo médico, sino en ordenar la arquitectura jurídica del sector. El Congreso Nacional tiene ante sí la oportunidad histórica, mediante una reforma integral a la Ley 68-03, de corregir el rumbo de separación autónoma que debió operar desde el principio:
La resurrección de la AMD (Asociación Médica Dominicana): Es necesario devolver la personería jurídica al brazo estrictamente gremial e incorporar un modelo de afiliación voluntaria. La AMD sería el sindicato médico oficial, encargado de la justa lucha laboral, la huelga cuando el diálogo ha sido infructuoso y los reclamos salariales, operando bajo las reglas del derecho laboral.
La purificación del CMD con base en sus Sociedades Especializada: Manteniendo la colegiación obligatoria, el CMD debe ser blindado y despolitizado desde el punto de vista partidario. Su gobernanza debería sustentarse orgánicamente en el peso técnico de las sociedades médicas especializadas, enfocado exclusivamente en la excelencia académica, la bioética y el rol de asesor del alto nivel científico para Ministerio de Salud.
Esta división resolverá de raíz el dilema ético del médico dominicano. Quien decida acatar un paro médico lo hará bajo el amparo se su sindicato (la AMD), pero quien prefiera mantenerse en consulta atendiendo al pueblo no verá amenazado su exequátur por un dictamen de un tribunal disciplinario desnaturalizado.
Para que una transformación de este calado sea posible, el llamado debe recaer sobre aquellos médicos que hoy honran las curules del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. A mis colegas médicos-legisladores de hoy, que conocen las carencias del sistema, les toca la responsabilidad ética de deponer intereses y liderar esta reforma. Nadie mejor que ustedes para comprender que consumar la separación definitiva del CMD y la AMD no es un ataque a la clase médica, sino su mayor dignificación histórica.
Separar la ciencia del conflicto laboral es la única vía para devolver la credibilidad a la institución. Es hora de legislar con valentía para que la salud deje de ser moneda de cambio. El país necesita un sindicato médico fuerte, pero urge, de una vez por todas, rescatar al verdadero Colegio Médico Dominicano.
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