La lección que debemos aprender

De todas las enseñanzas útiles que aportó el sabio presidente Pepe Mujica propondría retener y aplicar aquella relativa al fortalecimiento de la institucionalidad en la sociedad dominicana, incluidos los partidos políticos.

En los últimos quince años se han proclamado tres Constituciones: una en 2010, otra en 2015 y la más reciente el 27 de octubre del 2024. Todas, en su primer capítulo y en el primer artículo sobre la organización del Estado, consignan: «El pueblo dominicano constituye una Nación organizada en Estado libre e independiente…».

El Estado puede definirse como el conjunto de los poderes y órganos que integran y gobiernan la población de un país, cuyas funciones esenciales son la protección efectiva de los derechos y la dignidad humana, así como la defensa del territorio nacional, dentro de un marco de paz y justicia. Es lamentable que la mayoría de fortunas de ayer y hoy; y otras acumuladas aceleradamente vías el narcotráfico, y los juegos, se han fomentado con el apoyo del estado dominicano.

Cada vez que se modifica la Constitución deben elaborarse y aprobarse las leyes que establecen y oficializan esas modificaciones. De estas leyes, incluidas en la nueva Carta Magna, suelen derivarse, a su vez, decretos y resoluciones que reglamentan su aplicación dentro del ámbito social. La reforma más profunda y abarcadora fue la de 2010, que, según los especialistas, garantiza más de setenta derechos: a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura, a la vivienda, al consumidor, entre otros. También creó dos altas cortes: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Por otro lado, en nuestro sistema democrático representativo, el pueblo elige personas para que actúen y lo represente, generalmente a través de partidos políticos; los que deberían tener una ideología política, un plan de gobierno, y una organización permanente a nivel nacional. Sin embargo, nuestra Ley de Partidos Políticos permite que un partido, en este caso el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), ejerza el poder ejecutivo y controle los órganos gubernamentales. Esto se debe a que los dos principales partidos de oposición están, uno, en proceso de construcción, y el otro, en malas horas. En este contexto, el PRM podría verse tentado cambiar la reciente Constitución, para modificar la disposición transitoria, que establece: «El Presidente de la República electo el tercer domingo de mayo de 2024, nunca más podrá presentarse al mismo cargo, ni a la Vicepresidencia de la República».

Así las cosas, en el país existen códigos y leyes pendientes de actualización y aprobación.  Otras leyes ya vigentes —como la Ley de Migración, de  Ordenamiento Territorial o Uso de Suelo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tránsito y Seguridad Vial, entre otras, –  aunque modernas y de este siglo, se cumplen poco.

Y sucede que el consejo del sabio presidente Mujica coincide con la conclusión a la que llegó el jurado de la Academia Sueca, que otorgó el Premio Nobel de Economía 2024 a los investigadores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson por explicar por qué algunos países son ricos y otros pobres. Demostraron que las instituciones, las leyes y las normas sociales son claves para la prosperidad o el fracaso de las naciones.

En el estudio que emprendieron de la ciudad de Nogales, dividida por la frontera entre México y Estados Unidos, concluyeron que no obstante la similitud de clima, de origen y de cultura, la diferencia decisiva en cuanto a desarrollo no era la geografía ni la cultura, sino las instituciones. Y Nogales no era una excepción, sino que definía un patrón con raíces que se remontan a la época colonial.

Esa es la lección que debemos aprender. Los pueblos, las naciones y los Estados dominicano y haitiano son diferentes. Aunque compartimos la misma geografía y la misma isla, cada uno tiene sus virtudes y grandezas. Por tanto, cada cual debe, desde su propio lado, fortalecer sus instituciones y resolver sus propios problemas.