El Banco Central defiende la metodología del Índice de Precios al Consumidor, IPC. Y tiene razón en algo básico: el IPC no se construye con intuiciones, sino con técnica. Se levanta en miles de establecimientos, usa una canasta representativa y sigue estándares internacionales. El problema no está ahí. Está en asumir que un indicador técnicamente correcto basta para describir la realidad de todos los hogares.
La propia defensa del Banco Central admite el punto central: el IPC no mide la inflación de cada hogar. Ahí empieza la discusión de fondo. Un hogar de ingresos altos no compra como una familia pobre. No se abastece igual. No sustituye igual. No resiste igual.
El problema no está en cuáles establecimientos releva el IPC, sino en cómo pondera su canasta. Esas ponderaciones reflejan el gasto promedio de todos los hogares, no la estructura de consumo de los quintiles más pobres. Un hogar pobre destina una parte mayor de su ingreso a alimentos y a bienes esenciales. Por eso queda más expuesto a la inflación alimentaria de lo que el índice general deja ver.
En la práctica, la madre que compra una libra de arroz, dos huevos y media libra de pollo no vive dentro de promedios nacionales. Enfrenta el precio fragmentado y más caro de la compra al detalle. Compra poco, compra tarde y compra mal, no por desorden, sino porque sus ingresos no le permiten otra cosa.
El colmado y el ventorrillo operan con márgenes por unidad más altos, mayor volatilidad de precios y una oferta más limitada. Eso reduce la capacidad de sustitución. Es ahí donde la inflación alimentaria golpea con más fuerza, en los bolsillos de la población más vulnerable.
Ante la defensa oficial, la objeción persiste: la disputa no es de método, sino de alcance. El IPC mide variación, no carga cotidiana. Un hogar pobre no siente alivio porque el promedio nacional esté bajo control si el arroz, el aceite y el pollo siguen fuera de su alcance. Medir el ritmo es una cosa. Captar el peso acumulado, otra.
Por eso el país necesita, además del índice general, un seguimiento sistemático del costo de vida popular. Hace falta observar qué ocurre en colmados y mercados, qué productos pesan más en los hogares pobres y cuánto cuesta la canasta mínima real. La inflación no golpea igual a quien llena un carrito de supermercado que a quien compra arroz por libra.
El Banco Central tiene derecho a defender su metodología, pero también el deber de mirar la economía real. En la República Dominicana, esa economía también se explica desde la compra menuda, el fiado y el precio del día. Es ahí donde la inflación deja de ser una estadística y se convierte en angustia.
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