Numerosos expertos estiman que aproximadamente dos millones de haitianos, la mayoría indocumentados, residen actualmente en la República Dominicana. Lamentablemente, la clase política dominicana, incluidos los líderes que han gobernado el país en los últimos años, ha contribuido directamente al crecimiento desmedido de la inmigración haitiana. La permisividad frente a la corrupción fronteriza ha sido una constante, con unos gobiernos más cómplices que otros.
En el pasado, numerosos cónsules designados en Haití se enfocaron en el enriquecimiento personal a través de la emisión indiscriminada de visas y servicios consulares, sin ningún tipo de criterio, control ni pudor. Millones de pesos, que debieron haber ingresado a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, terminaron en bolsillos privados, administrados discrecionalmente y sin rendición de cuentas a ningún organismo estatal.
Esta práctica representa una clara violación de la Ley No. 567-05, que instituye la Tesorería Nacional. Dichos cónsules priorizaron sus intereses particulares sobre los nacionales, ignorando el grave daño y las severas consecuencias económicas y sociales que esta negligencia ha provocado en el país, manifestándose en problemas de salubridad, empleo, educación, vivienda, seguridad, arrabalización y contaminación ambiental, entre otros.
En la actualidad el señor Presidente Luis Abinader participa en un diálogo sin precedentes con los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía, y diversos sectores del Consejo Económico y Social (CES), en el que se discuten medidas para abordar la crisis económica, política, social e institucional de Haití.
Es crucial que en dicho diálogo se aborde con prudencia la inmigración haitiana indocumentada, la cual persiste debido a la ola de violencia y acciones sangrientas perpetradas por bandas criminales armadas en Haití. Los intereses nacionales deben prevalecer sobre cualquier consideración particular o partidista.
Es fundamental rechazar las presiones y el chantaje de la comunidad internacional y de ciertos sectores económicos dominicanos, vinculados a la agricultura, a la construcción y a otras áreas, los cuales abogan por la regularización de miles de nacionales haitianos indocumentados.
Estos sectores argumentan que sin esta mano de obra, la agricultura —especialmente la cosecha de arroz y plátanos y las construcciones públicas y privadas se paralizarán.
La preferencia de estos sectores por la mano de obra haitiana indocumentada radica en los bajos salarios que pagan en comparación con los dominicanos. Además, evitan el cumplimiento de prestaciones laborales, el pago de la Seguridad Social y de impuestos, e ignoran el artículo 135 del Código Laboral, que exige que al menos el 80% de los trabajadores sean dominicanos.
En lugar de regularizar a los haitianos indocumentados, lo que debe regularse son los contratos de trabajo. Estos deben ser temporales, de modo que, una vez concluidos, los trabajadores y sus familias sean repatriados a su país de origen. No se debe permitir la entrada de más haitianos indocumentados.
Sugerimos que los empresarios que empleen mano de obra haitiana indocumentada sean responsables de ella. Deben tener un control absoluto de su ubicación y cumplir con todas sus responsabilidades legales y económicas, incluyendo el pago de prestaciones laborales, seguridad social, vivienda, gastos médicos, partos, alimentación, impuestos y educación de los hijos, entre otros.
El Estado dominicano no debe seguir asumiendo responsabilidades que no le corresponden, malgastando una parte significativa de su presupuesto destinado a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos dominicanos. Que así sea.
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